La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña posee algunas virtudes que nunca habitaron en los cálculos de quienes presentaron el recurso nin en los de quienes elaboraron la resolución. La derecha y el patriotismo español han convertido la reforma estatutaria en una declaración de guerra intolerable contra los principios más […]
La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña posee algunas virtudes que nunca habitaron en los cálculos de quienes presentaron el recurso nin en los de quienes elaboraron la resolución.
La derecha y el patriotismo español han convertido la reforma estatutaria en una declaración de guerra intolerable contra los principios más sagrados. La Indisoluble Unidad de la Nación Española al frente de todos ellos. Este bien inmaterial peligra por culpa del cruel acoso lingüístico, cultural y político de los nacionalismos destructivos y excluyentes. Llevamos treinta y tantos años soportando el mismo discurso. Más otros cuarenta anteriores. Y aquí seguimos.
Nación no puede haber más que una, proclama con orgullo y temor el Tribunal Constitucional, y así le pone coto a lo imposible. Las nacionalidades históricas no son lo que parecen. Las autonomías -con sus estatutos e instituciones- no son el resultado de un pacto entre sujetos políticos diversos sino generosas concesiones administrativas. Igual que te lo doy, te lo quito. Los pueblos vasco, catalán y gallego no existen ni existen sus naciones. El Tribunal Constitucional establece que el marco jurídico-político es una donación, una especie de nuevo Fuero de los Españoles. No hubo acto constituyente sino transmisión hereditaria de un poder ilegítimo. Ya lo sabíamos, pero está bien que lo reconozcan.
La primacía de España sobre las otras naciones ibéricas, condenadas a la no existencia y a una condición subalterna infranqueable, se refleja en el territorio de las lenguas igual que en un espejo. La fundación FAES, inspiradora de la política lingüística de la Xunta de Galicia y de parte del pensamiento dominante hispano a derecha e izquierda, triunfa en la delirante sentencia del Tribunal Constitucional. El régimen no comprende la existencia de las otras lenguas más allá de su reducción a la subalternidad. Las comunidades autónomas no podrán implementar políticas que sitúen a las lenguas propias tan siquiera al mismo nivel de la lengua española, que no es común de ninguna manera ni propia de esos territorios. El Tribunal Constitucional consagra la desigualdad entre lenguas, ya real en la vida diaria, y constriñe la dimensión de las políticas normalizadoras. Fosiliza el modelo lingüístico vigente en el Estado español, que preserva la supremacía del castellano y profundiza en la subalternidad de las otras lenguas. Bajo el actual régimen, no hay futuro para las lenguas minorizadas. Solamente la esperanza de que los procesos de sustitución puedan ser retardados. Y la resistencia.
La Indisoluble Unidad de la Nación Española es la clave de bóveda del edificio político español. Pero tras la aparente fortaleza de tal mandamiento, claramente religioso, tanta insistencia solamente puede ocultar una debilidad extrema. La nación española no es indisoluble, a menos que sea el resultado de una concepción y creación divina. Franquismo sin más.
Para el proyecto patriótico español, excluyente y negador por naturaleza y tradición, la soñada unidad solo puede garantizarse por imposición. Por eso es más imposible que indisoluble, siempre sometida a conflicto. Cualquier unidad estable -nunca indisoluble- solamente sería posible mediante pacto libre de partes que se reconocen mutuamente. Por una parte, España; por la otra, las otras naciones peninsulares. En pie de igualdad. El resultado sería un estado federall pactado libremente. Mas esa posibilidad no tiene cabida dentro del vigente marco jurídico-político. La Constitución Española no la admite porque rompería la supremacía exclusivista de la nación española y la consiguiente subalternidad de las otras naciones peninsulares, la base de la presente arquitectura estatal. Eso sí, para que cualquier pacto federal pudiese ser posible entre naciones iguales, la independencia de cada una de ellas sería un requisito imprescindible. La fortaleza de un pacto se basa en la libertad de las partes. El derecho a decidir es siempre irrenunciable para quien ponga proa hacia la libertad. Un estado federal solamente puede ser el resultado de un proceso constituyente protagonizado por naciones independientes. Es decir, la independencia es requisito ineludible para cualquier solución democrática que traspase los límites de la subalternidad y de la negación política, cultural y lingüística.
Para la derecha y el nacionalismo español, la unidad indisoluble de la nación española es como el matrimonio. Es Dios quien lo alienta y lo instituye. En su seno, a la mujer le toca obedecer y al hombre decidir. El divorcio u otras formas de unión no tradicionales y no patriarcales representan desviaciones inaceptables y punibles. Siempre ese placer morboso con el dominio y la subalternidad del otro, del diferente. La negación como realización suprema. Tal vez un acusado complejo de inferioridad, quién sabe.
El Tribunal Constitucional acaba de demostrarnos, por si no lo sabíamos, que la Constitución Española es una cárcel para naciones, lenguas y sujetos políticos alternativos. Y de las cárceles, los presos tienden a querer marcharse. De dos únicas maneras: o bien mediante fuga, o bien mediante reducción de pena, que viene a ser una modalidad de pacto. Cuando el Estado no admite la posibilidad del pacto, solamente queda la huida. El derecho a abandonar es en cualquier caso irrenunciable.
Solamente en las decisiones libres podrá encontrarse expresión democrática. Y en democracia, la ley tendrá que someterse a la voluntad popular, no al contrario.
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