El colectivo de los llamados «migrantes sin papeles» comenzó una «rebelión pacífica» para que no olvide su situación el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se comprometió durante su campaña electoral, de cara a los comicios del pasado 14 de marzo, a «estudiar» los «problemas» que provoca el fenómeno de la migración masiva. «Existimos […]
El colectivo de los llamados «migrantes sin papeles» comenzó una «rebelión pacífica» para que no olvide su situación el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se comprometió durante su campaña electoral, de cara a los comicios del pasado 14 de marzo, a «estudiar» los «problemas» que provoca el fenómeno de la migración masiva.
«Existimos y tenemos necesidades», dicen los afectados, quienes el pasado fin de semana protagonizaron un encierro desesperado en dos emblemáticas iglesias de Barcelona, que finalizó con un desalojo violento.
La riqueza y los desarrollos industrial y agrícola que ha experimentado España en las últimas décadas ha provocado, a su vez, un fenómeno desconocido hace sólo unos años en este país: la migración masiva de personas que aspiran a un trabajo «digno», que les permita alcanzar un futuro «mejor».
Si durante la posguerra y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) eran los españoles quienes tenían que emigrar a otros países para huir de la pobreza y la persecución ideológica, ahora es España la que, a su pesar, recibe a algunos de los miles de millones de desamparados del planeta.
Esos «olvidados» decidieron alzar la voz y reclamar al nuevo gobierno español un viraje en la política migratoria que imprimió la administración anterior, del derechista José María Aznar, impulsor de las cuatro últimas leyes de Extranjería, entre ellas la vigente, que contó con el apoyo del entonces opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Alrededor de un millar de los «sin papeles» decidió iniciar una campaña de protesta en Barcelona, donde, de la mano de varias organizaciones civiles, se encerraron de forma pacífica el pasado sábado en la catedral de la ciudad y en la iglesia del Pi, y horas después fueron desalojados por policías antidisturbios.
Reclaman «papeles para todos» aquellos que ya están integrados al mercado laboral, pero que no tienen el respaldo de la administración para regularizar su situación y, al mismo tiempo, «erradicar la explotación sistemática» del colectivo.
El mapa migratorio español es diverso, tanto por el origen como por la situación socioeconómica del colectivo, si bien datos oficiales confirman que la mayoría de extranjeros residentes con o «sin papeles» proceden de América Latina, sobre todo de cuatro países:
Ecuador, Colombia, Perú y República Dominicana.
El segundo grupo más numeroso procede de países del Magreb: Marruecos, Argelia y Túnez, además de decenas de miles de personas de otras naciones árabes, como Irak, Afganistán, Pakistán, Siria y Palestina. El tercer bloque está formado por ciudadanos nacidos en naciones de Europa del este, como Rumania, Polonia, Ucrania o República Checa.
Uno de los impulsores de la campaña de protesta es Enrique Mosquera, vocero de la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones, quien calificó de «barbaridad» la primera decisión adoptada por el gobierno de Rodríguez Zapatero sobre la protesta de los «sin papeles»: abrir expedientes administrativos de expulsión a los «cabecillas» de la movilización.
Esta medida fue justificada por la delegación del gobierno en Cataluña con el hecho de que la legislación vigente permite la expulsión fulminante del país, si el ciudadano extranjero y «sin papeles» protagoniza manifestaciones públicas de carácter político. Esta decisión fue criticada por diversos órganos internacionales de defensa de los derechos humanos y por partidos de oposición, al considerar que vulnera derechos elementales del hombre y algunos principios estipulados en la Constitución.
En cualquier caso, el gobierno de Rodríguez Zapatero ordenó el inicio de los trámites de expulsión contra 29 migrantes, a pesar de que en las negociaciones previas al desalojo del encierro el Ejecutivo español garantizó que «no se detendría a nadie», según Mosquera.
Para resolver el conflicto, diversos colectivos de extranjeros pidieron una «comisión urgente» que estudie las vías de solución de la dramática realidad de los «sin papeles», que según las cifras más conservadores se elevarían a más de un millón.
La mayoría de sindicatos, partidos y organizaciones de defensa de migrantes del país se manifestaron contrarios al método del «encierro» para exponer sus reivindicaciones, pero solicitaron al gobierno español que no emprenda «acciones de fuerza» contra los protagonistas de la protesta.