No puedo resistir la tentación de hacerme eco de las noticias que mencionan las evidencias cada vez más claras de la «capilaridad económica» entre las grandes empresas constructoras y la derecha, española y catalana. No puedo decir que este hecho me sorprenda pero vale la pena que recordemos el «tsunami urbanizador» que vivió este país, […]
No puedo resistir la tentación de hacerme eco de las noticias que mencionan las evidencias cada vez más claras de la «capilaridad económica» entre las grandes empresas constructoras y la derecha, española y catalana. No puedo decir que este hecho me sorprenda pero vale la pena que recordemos el «tsunami urbanizador» que vivió este país, o sufrir según se mire, durante los «años de cemento», entre los 90 y 2000.
Cuando miramos fotos de aquella época nos impactará la gran cantidad de grúas que poblaban los paisajes. Estamos hablando de un crecimiento urbanístico tan brutal como innecesario. Cada pueblo revisaba su Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) y recalificaba terreno rústico y lo convertía en urbanizable, en algunos casos doblándolo. Las previsiones de crecimiento demográfico de cada municipio servían para justificar estas necesidades. Pero cuando se veía en conjunto, cualquier observador atento se podía plantear de dónde saldría toda esta nueva población. La ley del suelo promulgada por José María Aznar en 2002 lleva la tendencia del crecimiento al paroxismo y la expansión se convirtió en burbuja.
A esta explosión de viviendas, muchas de ellas hoy vacías, la acompañó una política de construcción de nuevas carreteras, desdoblamientos, trenes de alta velocidad, trasvases, aeropuertos,… Cada año se batía el record de la anterior en producción y consumo de cemento. Todo ello levantó una fuerte resistencia en los territorios afectados, desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos del movimiento social, la velocidad de los procesos y la falta de experiencia de los mismos movimientos dificultaron acciones conjuntas suficientemente masivas para detener la ola destructiva. Sin embargo hubieron algunos logros importantes como el paro del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en 2004.
Las consecuencias de estas dos décadas han sido demoledoras y la transformación del territorio ha sido tan intensa como desgraciadamente gratuita. Gratuita porque ninguna de las motivaciones que los responsables políticos airearon, cuando la presión popular les obligaba a dar explicaciones, ha sido corroborada por los hechos posteriores. El principal argumento empleado era el de la «competitividad económica» del territorio beneficiado por la infraestructura de turno. Un caso paradigmático es el túnel de Bracons, entre las comarcas de Osona y la Garrotxa. Si vamos a las hemerotecas veremos repetida mil veces esta idea. Bracons era estratégico para la economía de la Garrotxa, y también para la de Osona, y de paso para toda Cataluña. Sin Bracons, dijo un empresario local, «estamos condenados poco más que cuidar vacas». Bracons abría mercados, posibilidades de negocio, nuevas empresas, puestos de trabajo, etc., etc. ¿Quién podía decir no? Pero la realidad es que ni Bracons, ni la gran cantidad de nuevas infraestructuras que han fragmentado el territorio, ocupado tierras de cultivo, alterado ecosistemas, transformado radicalmente paisajes nos han salvado de una crisis histórica.
El principal argumento para dotarnos de infraestructuras de gran coste de construcción, y mucho más de mantenimiento, ha sido refutado por la inexorable realidad económica. Ernest Lluch, nada sospechoso de ecologista, criticó Bracons y proponía dedicar el dinero a formación profesional y espacio industrial para nuevas actividades económicas. Evidentemente no le hicieron ni caso. ¿Formación? ¡Qué tontería! Si la gente joven puede ganar miles de euros construyendo casas que quedarán vacías y carreteras infrautilizadas, ¡qué narices hace en la escuela!
Ésta ha sido la manera de ver el mundo de los responsables empresariales y políticos (tanto conservadores como socialdemócratas) que han dirigido este país a la catástrofe social en la que hoy estamos inmersos. Ser el segundo país del mundo en número de kilómetros de AVE no les sirve de nada a los 6 millones de parados que tenemos. La mejora de la capacidad aeroportuaria sólo es útil para una juventud obligada a dispersarse por Europa y el resto del mundo en busca de un futuro digno. El hecho es que ninguno de estos responsables empresariales y políticos ha llamado a los ciudadanos movilizados en defensa del territorio para pedir perdón. Sería lo que menos podrían hacer después de habernos tratado directamente como «cavernícolas» que queríamos parar el país y retroceder al tiempo de los carros y caballos.
Pero había más, y ahora resulta que entre estos «irresponsables» (perdonad pero el término «responsable» me parece más adecuado para la gente que se movilizaba y no para los que tomaban las decisiones) circulaban sobres llenos de dinero. Normal, si una parte, la parte empresarial, de la clase dominante se estaba forrando, que menos que repartir todos esos beneficios entre los que facilitaban políticas y legislaciones para llevarlas a cabo y encima daban la cara cuando un grupo de peludos y nimby criticaban el proyecto de turno.
Alguien hablará de «corrupción». Personalmente creo que se trataba más de distribución de los beneficios entre la clase dominante. Eso sí, hecha a escondidas, para no alborotar las aves del corral. Resumen, se han malbaratado recursos, se ha estropeado lo más preciado que tenemos, el territorio, y nos hemos quedado con una hipoteca de por vida. El crecimiento económico continuado, no deseable por otra parte, no se ha visto por ninguna parte. Los de arriba han consumado su engaño para mayor gloria de sus cuentas bancarias. Las consecuencias sociales son para una mayoría cada vez más empobrecida, las ambientales menos a largo plazo para todos…