Tuvo que ocurrir una muerte fuera del contexto del conflicto vasco o de alguna protesta de carácter social para que se abriese la posibilidad de un debate social urgente desde demasiados años. Porque personas heridas de gravedad e incluso muertas las ha habido anteriormente. Sin ir más lejos, una semana antes que Iñigo recibiera en […]
Tuvo que ocurrir una muerte fuera del contexto del conflicto vasco o de alguna protesta de carácter social para que se abriese la posibilidad de un debate social urgente desde demasiados años. Porque personas heridas de gravedad e incluso muertas las ha habido anteriormente. Sin ir más lejos, una semana antes que Iñigo recibiera en la cabeza un disparo de pelota que lo mataría cuatro días más tarde, Xuban Nafarrate pasaba tres días ingresado en estado grave, en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras recibir un disparo de pelota realizado a corta distancia. Eso sí, todos los casos comparten un denominador común: la ausencia de consecuencias o asunción de responsabilidades a nivel administrativo, penal o político.
Iñigo asesinado, y de un día para otro un arma que no había sido cuestionada hasta entonces más que por unos pocos, es criticada de manera unánime -¡hasta por sindicatos policiales como ERNE!- por resultar «letal», «no selectiva» o «incapaz de apuntar» entre otras cosas que pudimos escuchar de boca de mandos políticos y policiales. Bienvenido sea el debate, pero, en este punto, conviene recordar que la Ertzaintza lleva haciendo uso de esa arma que se dispara a 720 km/h treinta años, al mismo tiempo que casi la totalidad de los estados europeos las prohibían por su peligrosidad. Y no sólo eso, ha sido el arma más recurrida a la hora de cumplir su función represiva, ya sea contra grupos pequeños o multitudes.
En cualquier caso hablan de reducir, que no de eliminar, el uso de pelotas. ¿Reducir? ¿Acaso las pelotas dejaran de ser armas «letales» una vez transcurrido un tiempo prudencial desde la muerte de Iñigo? Lo acaba de confirmar el nuevo mando de la Ertzaintza designado por el PNV, Gervasio Gavirondo, dando buena muestra de lo que es «de sentido común» en una mente policial. Tan se sentido común le parece que considera adecuado expresarlo públicamente, relajado, precisamente en un documental sobre el asesinato de una persona por esa misma arma a manos del cuerpo policial al que está representando. Reconociendo su peligrosidad y la imposibilidad de hacer puntería… pero que se seguirá utilizando. Eso sí, sólo por la Brigada Móvil. El arma más letal en manos del cuerpo especial más violento y letal con funciones específicamente represivas. Todo un motivo para nuestra tranquilidad. Entretanto, el material alternativo del que se está hablando quizás seas menos peligroso, pero desde luego sigue siendo peligroso (45 días de secuelas musculares dicen… ¿y de impactar en un ojo?). Peligrosísimo, si se utiliza sin rigor y contra multitudes como es norma en la policía autonómica.
En cualquier caso, el problema no son las pelotas. Demos un paso atrás. ¿Que modelo policial tenemos? Una policía violenta absolutamente centrada en funciones represivas, no de servicio social, una policía tremendamente militarizada, no civil, que sospecha de todo ciudadano y toma como enemigo a toda persona crítica con el modelo social en que vivimos. Escuchemos los testimonios de los presentes en Bilbo aquel día. El del amigo de Iñigo que recibe una lluvia de porrazos cuando se dirige a los Ertzaintzas pidiéndoles que avisen a una ambulancia. El de la chica que trata de atender a Iñigo, y llorando por la impresión de la cantidad de sangre que sale por su cabeza, sólo recibe por parte de un policía la pregunta, entre risas del resto de agentes, de si es su novia. Escuchemos al Ararteko, que ese mismo año realizó una recomendación especialmente dirigida a la policía, preocupada por que detecta carencias básicas en su proceder en temas tan importantes como: mecanismos de control internos ante excesos policiales, actitudes racistas, salvaguarda de los derechos de las personas detenidas o, uso de la fuerza justificado y proporcionado. Pero lo más significativo no son estas carencias básicas, sino el hecho de que se realice la recomendación porque las realizadas anteriormente no han sido atendidas ni las mejoras propuestas implementadas. Y resulta que las recomendaciones básicas se repiten desde el primer informe del Ararteko en este sentido que data de… 1998, hace catorce años. Una policía que no sólo no atiende las recomendaciones del Ararteko sistemáticamente, sino que además le niega informaciones que le requiere e incluso le critica duramente por solicitarla. Una policía que trata así a la institución oficial del País Vasco encargada de velar por los derechos de la ciudadanía, que no recibe ninguna presión política para que deje de hacerlo, ¿como nos tratará a las simples personitas de a pie?
Dicho todo esto, los hechos de Bilbao y sus trágicas consecuencias, ¿deben considerarse un «accidente» tal y como acaba de definirlo esta semana Gervasio Gavirondo?
El problema no son las pelotas por tanto, es el modelo policial. Pero, demos otro paso atrás. Un modelo policial concreto responde a un modelo de sociedad concreto. ¿A qué modelo de sociedad responde la policía vascongada impulsada por políticos e instituciones todos estos años? Una sociedad injusta en términos sociales, económicos, identitarios, donde la función primordial de la Ertzaintza es garantizar precisamente la perpetuación de dicho modelo ante posibles alternativas promovidas desde la población civil.
Y, si esto es así, y si es esta la función de la policía en nuestra sociedad, el debate sobre qué policía tenemos y a que intereses responde es más urgente que nunca. Estamos en riesgo de ser emparedados entre dos muros. Por un lado, ataque sin concesiones contra nuestros más elementales derechos sociales (educación, sanidad, trabajo, prestaciones sociales…). Por otro, ataque legal vía reforma del código penal a los derechos civiles y políticos que posibilitan criticar y hacer frente a las injusticias sociales (la legislación de excepción de Euskal Herria aplicada a todo el Estado, se anuncian penas de prisión por convocar movilizaciones o por resistencia pasiva, años de cárcel por un tartazo…). Del Estado Social (que nunca llegó) al Estado Penal (que nunca se fue). El Estado se desprende de funciones sociales pero refuerza las represivas. La policía será la encargada de garantizar que este violento proyecto se lleve a cabo con la paz social necesaria para que el capital pueda continuar su curso. Por algo fue el Ministerio de Interior el único que no sufrió recortes en los presupuestos del 2012.
Las pelotas son un problema, pero no son el problema. El problema es el modelo policial desarrollado desde instancias políticas. El problema es un orden social cada vez más injusto que, en previsión de mayor conflictividad social, opta por menos derechos civiles y políticos para acallar disidencias, y por más policía con mayor impunidad como garante de la paz social.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.