«Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado» Art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Este y otros derechos que se recogen en la citada Declaración Universal, deberían imponer que los principios que deberían ordenar el tema de los extranjeros en […]
«Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado» Art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Este y otros derechos que se recogen en la citada Declaración Universal, deberían imponer que los principios que deberían ordenar el tema de los extranjeros en cualquier país del mundo fueran la solidaridad entre los pueblos y la ayuda al semejante.
Ahora bien, dándonos un baño de realidad abordaremos el tema desde dos puntos de vista, el meramente policial y el laboral.
En el tema policial la conclusión es igual de clara que triste, se continúa equiparando al extranjero con el delincuente. Actualmente se sigue deteniendo a muchas personas por el sólo hecho de carecer de documentación, en operativos totalmente inútiles y sin sentido. Dado que la mayoría de ellos sólo sirven para engrosar las estadísticas de tantas personas detenidas y así vender políticamente la noticia, dando una apariencia de falsa seguridad, dado que las personas que habitualmente detienen no son delincuentes, sino trabajadores. En mi actividad profesional es muy duro encontrar personas detenidas cada día, que lo primero que dicen es: » señor yo no he hecho nada, sólo estaba trabajando…» Máxime cuando últimamente el modus operandi de los heroicos operativos policiales es practicar las detenciones en las salidas de los transportes públicos, en locutorios o en sitios de gran afluencia de personas migrantes. Claro, investigar a las redes que trafican con seres humanos(que deberían ser el verdadero objetivo de la actuación policial) es más molesto y peligroso.
Respecto al tema laboral, las conclusiones no son más halagüeñas que las anteriores. Empresas y empresarios siguen utilizando y abusando de la mano de obra ilegal, auténtica carne de cañón -desprovistos de cualquier derecho laboral- para enriquecerse, desactivando de esta manera también a la clase trabajadora española, a la que se le impone así las peores condiciones laborales: «O aceptas estás condiciones basura o te echo y pongo en tú puesto a una persona sin permiso de trabajo y además me ahorro las cotizaciones a la Seguridad Social» y que obviamente se ve forzada a aceptar esas condiciones lamentables.
La contrapartida a esta situación serían las inspecciones de trabajo a dichas empresas y por las que la legislación prevé multas de entre 6.000€ y 60.000€ por cada trabajador contratado de manera irregular. Sin embargo en la práctica, estas sanciones son muy escasas y la mayoría de las veces se acaba sancionando exclusivamente al trabajador, dejando al empresario con una «pequeña reprimenda». Constituyendo estas actuaciones sin escrúpulos el verdadero efecto llamada y no la presencia de personas de diferentes nacionalidades entre nosotros.
Por último no podemos dejar de hacer mención, a los llamados Centros de Internamientos de Extranjeros, donde se ingresa a estas personas como paso previo a su expulsión a su país de origen. Dispone la legislación «que no deberán revestir carácter penitenciario…» pero lamentablemente la mayoría de ellos no dejan de ser «auténticos Guantánamos» donde los internos penan hasta un máximo de 40 días privados de libertad por una falta administrativa no por la comisión de ningún delito penal. A este respecto existe un proyecto de la Unión Europea de ampliación del tiempo de estancia en estos terribles Centros de 40 días a 6 meses, o incluso más. Barbaridad ante la que tenemos la obligación moral de oponernos con todas nuestras fuerzas y que daría por si misma para escribir otro artículo.
Jorge Iturralde es abogado