El tema puede parecer repetitivo, pero es de tanta trascendencia para el bienestar de las naciones, que, la única alternativa es responder positivamente para erradicar esas lacras sociales. Fortaleza y coherencia institucionalidad son determinantes en el desarrollo de las naciones y la convivencia ciudadana. El rezago educacional-cultural, industrial-comercial y socioeconómico de Colombia, es consecuencia directa […]
El tema puede parecer repetitivo, pero es de tanta trascendencia para el bienestar de las naciones, que, la única alternativa es responder positivamente para erradicar esas lacras sociales.
Fortaleza y coherencia institucionalidad son determinantes en el desarrollo de las naciones y la convivencia ciudadana.
El rezago educacional-cultural, industrial-comercial y socioeconómico de Colombia, es consecuencia directa de la incoherencia y precariedad institucional e irresponsabilidad en equidad socioeconómica, en el ejercicio del poder y la política.
Cuando los partidos políticos, se convierten en empresas electorales, dedicadas a cosechar dividendos del poder y del presupuestal oficial, la política se convierte en politiquería y el poder público lo copta el clientelismo y la delincuencia de cuello blanco. Esto ocurre en Colombia.
Esos efectos se evitan con políticas garantes de desarrollo económico-social equitativo y ejercicio del poder responsable.
Bajo la institucionalidad vigente y la inconsistente, precaria y controvertida legitimidad jurídica, actúan los órganos de poder, frecuentemente con resultados favorables a oscuros intereses.
Los hechos son tan evidentes y por eso la gente no cree en la justicia. Hay impunidad general. Más del 97% de los casos denunciados, están cubiertos por la impunidad.
Es inocultable el festín del patrimonio público. A sus autores y beneficiarios no les pasa nada. La corrupción permeó todos los órganos de poder. Se es corrupto por acción u omisión. Hay casos a porrillo, en toda la geografía colombiana, tratados con investigaciones cosméticas, de acuerdo con sus resultados.
¿Se justificaba la venta de ISAGEN? ¿Se justifica la feria del patrimonio público? Refinería de Cartagena, Ferrocarriles nacionales, Flota mercante, patrimonio del Seguro Social, el carrusel de las concesiones viales, peajes y vías 4G, Transmilenio, el criminal negocio de la salud, Colombia humanitaria, Vigencias futuras, Ecopetrol, dragado del Río Magdalena, Termo-eléctricas, Electricaribe, leyes del embudo tributarias, negociados contractuales en departamentos y municipios, carrusel de la hemofilia y el soat, etc., etc. Todo lo facilita la precaria institucionalidad vigente y la perversidad del poder. Lo público robado, engrosa el patrimonio particular.
El imperio de la burocracia mediocre, seleccionada por politiquería y corrupción y soportada en la inconsistente y caótica institucionalidad, permite y auspicia la designación y accionar de burócratas taimados, como el ex -Procurador, el calculador oportunista y perverso ex -Fiscal de la Nación (N.H.M), con omnímodos poderes burocráticos y presupuestales. La Fiscalía: con más de $30 billones de presupuesto anual. Más de 30.000 funcionarios, con menos del 50% de carrera y el resto para el festín burocrático, mientras la criminalidad acorrala a los ciudadanos. Así esta Colombia.
Las maquilladas y perversa reforma del sistema del criminal negocio de la salud, desde las leyes estatutaria y ordinarias, bajo el espíritu incondicional de protección de intereses de EPSs, generaron el colapso del sistema, pero el gobierno no se atreve a corregir de raíz el problema porque el poder de los carroñeros de la salud es gigantesco.
La alharaca para hacer de Colombia la más educada, sin menguar los intereses del negocio privado de la educación, es una falacia. Son políticas responsables de la pésima calidad y desarticulación con los requerimientos del desarrollo.
La calidad de la educación seguirá cada día peor. Es un negocio y el régimen lo garantiza.
La sumisión vasalla de ministros designados coadyuva y profundiza el desastre integral educacional. No obstante ser la educación el fundamente básico e insustituible del desarrollo de las naciones.
En lo económico, ante la crisis fiscal del estado y socioeconómica nacional, los gobiernos solo encuentran, imponer reformas tributarias soportadas en más IVA y más tributación de asalariados, pero con más rebaja de impuestos al sector empresarial. Todo para asegurar mayor concentración de riqueza en pocas manos. Son criterios preferidos por gobiernos de extrema derecha como el de Duque-Uribe. El 1% de los colombianos es dueño de 99% la riqueza jurídicamente legalizada.
El cáncer de la corrupción, el Régimen evita derrotarlo, porque es la fuente de ingresos y enriquecimiento de politiqueros, burócratas y élites empresariales.
La politiquería y el clientelismo vive de orgía en orgía con el reparto de la burocracia, en todas las instancias del poder, para garantizar el tráfico de influencias y saqueo de lo público. Hacienda, planeación (el peligroso Carrasquilla), transporte, salud, etc.
La contratación pública, soportada en la precariedad institucional, la irresponsabilidad político-administrativa, el populismo oportunista y politiquero y la impunidad fiscal y judicial, facilita el saqueo de los recursos públicos. Se puede ordenar y corregir. No lo hacen por conveniencia.
Son lacras institucionales que deben erradicarse para poder cimentar la equidad socioeconómica y estructurar y lograr desarrollo nacional efectivo.
Solo derrotando la corrupción, la politiquería y el clientelismo, es posible estructurar un marco jurídico y poder público, capaces de desarrollar y garantizar reformas para construir políticas de estado, garantes y capaces de solucionar el atraso y el conflicto socioeconómico nacional. ¿Será posible?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.