Durante décadas, una aspiración de los sectores progresistas en la educación ha sido la reivindicación de «autonomía para los centros educativos». Curiosamente, esta formulación, en cuanto tal, coincide con los planteamientos de la derecha. Nosotros aspiramos a que, tras los procesos de información y debate social, se adopten acuerdos en los órganos colegiados, de carácter […]
Durante décadas, una aspiración de los sectores progresistas en la educación ha sido la reivindicación de «autonomía para los centros educativos». Curiosamente, esta formulación, en cuanto tal, coincide con los planteamientos de la derecha. Nosotros aspiramos a que, tras los procesos de información y debate social, se adopten acuerdos en los órganos colegiados, de carácter diverso (organizativo, de jornada escolar, de oferta educativa, de ideario, de línea pedagógica, de ciertos contenidos curriculares…) que redunden en beneficio del alumnado.
Por el contrario, la derecha, al formularla, parte de la concepción de que esa autonomía la marca un hipotético sector mayoritario de la sociedad que reproduciría los esquemas y valores imperantes en la misma para la perpetuación del statu quo y de las clases sociales, a la par que consolidaría la concepción de una sociedad dominada por la moral católica y sus dogmas correspondientes. Y todo ello bajo la bandera de la «Libertad de enseñanza» que, intencionadamente, confunden con la libertad de elección de centros (sin importar que sean públicos o privados, preferentemente que sean estos últimos) pero con la condición de que todo ello se siga haciendo con dinero público. Algo, lógicamente, inadmisible, desde los que defendemos que no se destine ni un sólo euro público para el negocio privado de la educación, de la sanidad o de la dependencia.
Desde los comienzos de la gestación de la contrarreforma educativa del PP, que ha culminado con la aprobación de la LOMCE a pesar del rechazo social mayoritario, un pequeño número de personas hemos lanzado al debate social la propuesta de insumisión y desobediencia civil frente a esta ley injusta que ataca la equidad. Y, además, lo hacemos amparados en un argumento de autoridad que nos viene dado por el Preámbulo e la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, punto de partida junto con las presiones de la clase obrera recién salida de la Segunda Guerra Mundial, para asentar en la legislación civil la exigencia de avanzar hacia sociedades más justas donde el reparto de la riqueza pudiera ir consolidando avances que se han ido concretando en la creación de servicios públicos y cuyo fruto es el denominado Estado del Bienestar.
La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza STEs-INTERSINDICAL hacía pública esta propuesta de desobediencia civil el pasado 29 de noviembre y la organización IU acaba de lanzar hace un par de días una campaña de «Insumisión frente a la LOMCE». De ambas iniciativas me congratulo. La cuestión no está en quién se apunte los réditos de estas campañas sino en propiciar, con carácter urgente, que la plataforma social que ha impulsado la Marea Verde en todo el Estado Español discuta, acuerde y proponga un amplio repertorio de acciones que conduzcan a dicha insumisión, de manera asumible y efectiva. Y que se potencie ese debate en el conjunto de la sociedad. Por tanto, unidad de acción y coordinación estable sobre las bases del consenso.
Es evidente que entramos en una nueva fase de la lucha contra la LOMCE y contra el conjunto de Reformas que, desde la Troyka y el Gobierno del PP, nos están imponiendo a la mayoría social del Estado Español, a modo de retrocesos sociales y pérdidas de derechos y libertades. Las continuas movilizaciones de estos dos últimos años han favorecido que hayamos ido sumando pensamientos, fuerzas y posiciones críticas frente a estos ataques despiadados a todo lo público, que se está presentando como una oportunidad para los negocios privados. Ahora estamos en mejores condiciones para continuar la lucha.
La autonomía para los centros debiera convertirse en bandera de esta nueva fase de la lucha. Pero esa autonomía hay que llenarla de contenido, sobre la base de acuerdos, productos del debate y del consenso.
En los territorios como Canarias, Andalucía, Catalunya o Euskal Herría, donde los Gobiernos autónomos han dicho que la van a recurrir, habrá que exigirles que, siendo consecuentes, se nieguen a aplicarla. Y a los ayuntamientos, verdaderamente democráticos y defensores de lo público, hay que plantearles la exigencia de que se sumen a esta insumisión y no cedan suelo público para el negocio privado de la educación.
Por parte de los distintos sectores de la comunidad educativa, mediante procesos de debate social, habría que acordar planteamientos en los órganos colegiados de insumisión a dicha Ley. Y respecto al Profesorado, comenzando por los equipos directivos, habrá que incrementar las propuestas democráticas y participativas, pues la ley ampara a las direcciones de los centros para que actúen como capataces, y habrá que impulsar procesos en la dirección contraria: que los órganos colegiados tengan capacidad decisoria y de adoptar acuerdos y no asuman ser meramente informados: Autonomía de las comunidades educativas para decidir. Por tanto, hay un amplio campo para la desobediencia civil y la insumisión.
Está claro que un primer acuerdo a alcanzar es que la Religión Católica, como plataforma de adoctrinamiento, no tenga cabida en los centros sostenidos con fondos públicos y por tanto deba pasar al lugar que le corresponde: la esfera privada. Este acuerdo en lo social debe tener unas inmediatas repercusiones en la legislación: denuncia de los Acuerdos entre el Vaticano y el Estado Español y la plasmación en la Constitución del carácter laico del Estado Español, que acabe con los privilegios de algunos sectores y nos haga a todas las personas, de forma efectiva, iguales ante la ley.
Dado el carácter extremadamente ideológico de esta Ley y lo que significa de involución y sumisión ciega a los dictámenes de la Iglesia Católica, la obligatoria oferta de la religión católica como materia evaluable, precisamente la asignatura de religión católica se debe convertir, -amparados en la autonomía de los centros para decidir-, en un elemento central de esta fase de la lucha con el método de la desobediencia civil frente a la LOMCE: no ofertar religión en los centros públicos, que debieran tener la capacidad de declararse «laicos» a través de sus Consejos Escolares. Y esto debe hacerse con el acuerdo mayoritario de los sectores de las comunidades educativas.
Por tanto, desde la insumisión frente a la LOMCE, reclamamos la gestión y el control democráticos, que traerán consigo la autonomía para los centros educativos y el carácter laico para la educación. La democracia no hay que delegarla, hay que ejercerla.
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