El protocolo que regula la actuación de la Policía Nacional durante los vuelos de deportación permite el uso de la violencia sobre las personas que muestren resistencia. Además de la «proporcionalidad», añade un límite concreto: «En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado». También permite el uso […]
El protocolo que regula la actuación de la Policía Nacional durante los vuelos de deportación permite el uso de la violencia sobre las personas que muestren resistencia. Además de la «proporcionalidad», añade un límite concreto: «En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado». También permite el uso de las sedaciones forzosas o la utilización de cinta adhesiva y prendas «inmovilizadoras».
«En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado». Es el único límite concreto al uso de las medidas coercitivas impuesto por el protocolo que regula la actuación de la Policía Nacional durante los vuelos de deportación contra aquellos que se resistan. Los fuertes golpes de una agente a una persona momentos antes de ser repatriada, difundidos en un vídeo este viernes, no son un hecho aislado, según la Campaña por el Cierre de los CIE y los testimonios de diferentes inmigrantes expulsados recabados por este medio.
La normativa interna que rige qué puede y qué no puede hacer la Policía Nacional en un vuelo de deportación deja abierta la puerta al uso de sedantes en los vuelos, el empleo de medidas coercitivas en el mismo avión donde también son expulsados menores, la utilización de «prendas o cinturones inmovilizadores», «lazos de seguridad»… Las 25 páginas del protocolo, creado en 2007 tras la muerte de un nigeriano durante su repatriación desde España, dan cuenta de hasta dónde puede llegar el «operativo de seguridad» activado en estos aviones.
Uso de la «medidas coercitivas». En primer lugar, el protocolo de actuación policial determina que el empleo de la fuerza «deberá ser proporcionado y respetar los derechos individuales de los repatriados». Este es el límite establecido generalmente en los tratados internacionales de derechos humanos, sin embargo, Amnistía Internacional recuerda que la inexistencia de control independiente y de transparencia en estos vuelos impide saber si efectivamente se cumple este requisito.
La normativa interna añade en dos ocasiones (y subraya) un único límite específico: «En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado». Es decir, no lo pueden matar.
Inmovilización: La normativa interna de la Policía Nacional permite diferentes medios para paralizar a las personas deportadas «siempre que no pongan en peligro su dignidad e integridad física». El protocolo no especifica en qué casos se llega a este extremo y en cuáles no ni, como reitera AI, existe un control independiente que lo garantice. Generalmente, todo lo que ocurre en el interior de estos vuelos se queda en el avión.
El documento incluye un listado de los medios que pueden emplear los agentes: lazos de seguridad, prendas o monos de vestir «para aquellos repatriados que lo necesiten»; cascos para los que «manifiesten con violencia o de forma perturbadora, que sea de características materiales y técnicas que impidan que no se autolesionen»; «cinturones y prensas inmovilizadoras homologadas; cinta reforzada (adhesiva) y «lazos de seguridad».
La cinta adhesiva suele ser utilizada, según fuentes policiales consultadas por eldiario.es, para atar a aquellos repatriados que ponen resistencia de pies y manos, «como una momia», antes de subirles a la fuerza al avión. La información proporcionada por estas fuentes coincide con el testimonio de Pope, un senegalés que, tras ser deportado, denunció a este medio las agresiones que sufrieron algunos de sus compañeros de vuelo. Aseguró que al menos uno de ellos, que según decía había sido sedado, fue trasladado desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid hasta el avión con las manos y pies engrilletados de esta manera.
Los lazos en las manos de los deportados, que suelen emplearse sin distinción según varios testimonios de repatriados, «se cortarán a criterio del jefe del dispositivo». Los deportados pueden ir amarrados durante todo el trayecto.
En 2007 Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, murió durante un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que falleció de asfixia por culpa de la cinta adhesiva que tapaba su boca. Este hecho supuso un punto de inflexión y, según fuentes policiales, desde entonces está prohibido la aplicación de este material con el fin de amordazar a los repatriados.
Sedaciones forzosas: A pesar de que la Policía Nacional asegura que el uso de sedantes para facilitar la repatriación de inmigrantes que se resisten a ser expulsados «está prohibido», el protocolo que determina las normas de actuación en estos dispositivos policiales deja una puerta abierta al empleo de esta técnica.
El Ministerio del Interior permite las sedaciones forzosas en los vuelos de deportación siempre y cuando el médico que acompaña al operativo, un funcionario adscrito a la Dirección General de la Policía, apruebe su utilización «por razones de seguridad» o, en su caso, el doctor del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad de partida del vuelo -una empresa privada que ha ganado el concurso publico en el caso de Madrid-.
«El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa cuando fuera necesaria por razones de seguridad del vuelo», determina el protocolo policial.
No hacer fotografías: La normativa especifica la prohibición a los agentes de «tomar fotografías mientras se esté prestando servicio» para salvaguardar «los derechos y protección de la intimidad y la propia imagen de los escoltas y repatriados». Además, el Gobierno obliga a asegurar la confidencialidad de lo que sucede en el interior de los vuelos a las aerolíneas que pretenden optar al concurso público, como establece el pliego de los requisitos, adelantado por eldiario.es. Esta cláusula explica la frase final del vídeo difundido este jueves. «A ver, señores, dejen de grabar», dice una azafata al autor de las imágenes después de pedírselo la agente que golpea al deportado.
Tampoco suelen dar información a los medios de comunicación en respuesta a denuncias de vulneraciones de derechos humanos en vuelos de deportación concretos al tratarse de «operativos policiales».
Presencia de menores: La normativa interna no prohíbe el uso de medidas coercitivas en vuelos donde también sean expulsados menores de edad. Sí exige que se les sitúe «alejados del resto de repatriados».
«En caso de agrupaciones familiares y especialmente si fueran menores, estos se colocarán separados del resto de expulsados. Si hubiera que enlazar (atar sus manos o pies) a algún adulto será previamente separado de los menores», establece.
Otras medidas: Los escoltas de las personas repatriadas no podrán ir armados, según el protocolo de actuación. Además, «a los repatriados se les acompañará hasta el cuerto de baño, garantizando las medidas de seguridad». También destacan la importancia de vigilar que «las bandejas de catering no contengan cubiertos de corte ni botes metálicos de bebidas que puedan ser utilizadas como armas». Los policías tienen prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. En el vuelo siempre viaja un médico, adscrito a la Policía, y un enfermero.