– Las eurodiputadas de Podemos Irene Montero e Isa Serra no pueden acceder la sala de inadmitidos del Aeropuerto de Madrid-Barajas por orden de la Secretaria de Estado de Seguridad.
– A 35 activistas saharauis perseguidos por Marruecos se les ha denegado la petición de asilo y corren peligro de ser deportados a Marruecos.
“¿Qué oculta el Gobierno de España?”, preguntó la eurodiputada Irene Montero después de no poder acceder con la también eurodiputada Isa Serra a la sala de inadmitidos de la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, donde se encuentran 35 activistas saharauis, una gran parte de ellos en huelga de hambre, a los que se niega asilo político.
Las eurodiputadas de Podemos acudieron a Barajas para conocer la situación en que se encuentran los saharauis, “y todo apunta que se están vulnerando gravemente sus derechos fundamentales”, según explicó antes de dirigirse a la sala de inadmitidos.
El pasado lunes no se permito que entrasen a ver a los activistas saharauis a la diputada de Podemos Ione Belarra y al día siguiente a la diputada Tesh Sidi y al diputado Enrique Santigo, de Sumar
En la entrada del aeropuerto, una treintena de personas, con la pancarta “Marlaska, los saharauis necesitan protección, no deportación”, y banderas saharauis, se congregaron en solidaridad con los activistas y recibieron a las eurodiputadas de Podemos
Después de cerca de media hora hablando varias veces con un responsable policial en la puerta de la sala, Irene Montero e Isa Serra, acompañadas por las abogadas Fatma El Galia e Idania María Dávila, abandonaron el lugar y explicaron a los medios de comunicación que la orden por la que no podían entrar venía de la Secretaria de Estado de Seguridad.
“El Gobierno de España directamente nos está negando el ejercicio de nuestras obligaciones como eurodiputadas y la pregunta sería qué tiene qué ocultar ante decenas de solicitantes de asilo, que piden protección internacional porque son perseguidas por el régimen dictatorial de Marruecos”, apuntó Montero
Tres esto, insistió:”Solicitan protección internacional porque son perseguidas por el régimen dictatorial de Marruecos y España está negando esa protección, además de negar la posibilidad de que representantes públicos comprobemos que el Gobierno de España no está vulnerando sus derechos”.
“¿Qué oculta el Gobierno, porqué actúa como si fuese el Partido Popular?”, inquirió y afirmó. “A nosotras quien nos ha negado la entrada a espacios públicos donde podían estarse vulnerando los DDHH ha sido el PP en el Gobierno, jamás esperaríamos que la Secretaria de Estado de Seguridad del Gobierno de Pedro Sánchez hiciese exactamente lo mismo: impedir el ejercicio de nuestros cargos ante una posible vulneración de derechos fundamentales de activistas saharauis perseguidos por la dictadura de Marruecos”.
También planteó si la denegación de su entrada tiene que ver con “la complicidad de Sánchez y del Gobierno de España con la dictadura de Marruecos, que les está llevando a vulnerar los derechos humanos”.
Afirmó que ha pedido amparo a la presidenta del Parlamento Europeo para que garantice que el Gobierno de España permite el cumplimiento de sus funciones y anunció que van a estudiar las acciones que van a emprender.
La abogada Fatma El Galia pidió una valoración de los expedientes de los peticionarios de asilo, que se tengan en cuenta las pruebas presentadas y expuso la gravedad que va a acometer España si las personas recluidas en Barajas son deportadas a Marruecos.
Recordó que muchos proceden de familias de activistas y han acreditado persecución, han estado en prisión y tienen citaciones judiciales. “Tenemos menores y enfermos, hay una situación de urgencia. Muchos han pagado grandes cantidades de dinero para poder salir de Marruecos de forma discreta. Que España cuando se trata de ciudadanos saharauis no mire para otro lado”, expuso.
“Hace unos días el primer ministro marroquí reconoció en Naciones Unidas el conflicto entre el pueblo saharaui y Marruecos y solicitó de forma clara el fin del conflicto con el Frente Polisario, por tanto el Gobierno de España no puede expulsar a ciudadanos saharauis a un territorio que está en conflicto abierto”, finalizó