El coordinador general del IU, Gaspar Llamazares, emplazó hoy 30 de enero al Gobierno a reconsiderar la reforma fiscal, la cual «no se justifica en términos de equidad, progresividad y suficiencia», y le advirtió de que en materia laboral y fiscal la coalición «no es su socio preferente».Ante la tercera reforma fiscal que se plantea […]
El coordinador general del IU, Gaspar Llamazares, emplazó hoy 30 de enero al Gobierno a reconsiderar la reforma fiscal, la cual «no se justifica en términos de equidad, progresividad y suficiencia», y le advirtió de que en materia laboral y fiscal la coalición «no es su socio preferente».
Ante la tercera reforma fiscal que se plantea en una década, de acuerdo con el anteproyecto de Ley del IRPF y de modificación parcial del Impuesto sobre Sociedades, Llamazares mostró la oposición de IU a esta iniciativa, que, a su juicio, es continuista con la llevada a cabo por los gobiernos del PP, la cual acentuó la «regresividad» porque se primó la recaudación indirecta frente a la directa.
Así, la propuesta del Ejecutivo, señaló en conferencia de prensa, no soluciona ni los problemas de equidad que generaron las reformas abordadas por el PP, con las deducciones en la base del impuesto, ni fomenta la progresividad con la deducción de tipos y tramos en la tarifa, de manera que la presión fiscal continúa sobre las rentas medias «y deja a las grandes» al margen.
El responsable de Economía y Mundo del Trabajo de la coalición, Javier Alcázar, añadió que existen varios motivos por los que la reforma que se propone no se justifica, en primer lugar porque la presión fiscal en España es seis puntos inferior a la de los países de la UE, «cuando mantenemos serios déficit en protección social y nuestro país encabeza el fraude fiscal», con una proporción que situó en el 23 por ciento, según diversos estudios.
Además, dijo que la reforma se acomete en un momento en el que «se irán recortando» los fondos estructurales, se están negociando cesiones impositivas y se plantean nuevas necesidades que requieren de un incremento del gasto, como la Ley de Dependencia.
Tras alertar de que las medidas previstas «ponen en peligro la agenda social del Gobierno», Alcázar llamó la atención sobre el recorte en casi un punto y medio de la recaudación del IRPF en los últimos diez años, que ha pasado del 7,9 por ciento del PIB en 1995 al 6,5 por ciento en 2004.
La nueva rebaja anunciada, indicó el responsable de IU, tendrá «un coste» de unos 4.000 millones de euros, la mitad como consecuencia de la reforma del IRPF y la otra mitad debido a la implantación progresiva de las modificaciones del Impuesto de Sociedades.
Para intentar contrarrestar esta iniciativa, IU desarrollará una campaña propia con el objetivo de que «la ciudadanía entienda que bajar los impuestos con un déficit tecnológico, social y laboral no es de izquierdas», además de participar en el trámite parlamentario, en el que propondrá, entre otras medidas, una mayor progresividad, especialmente en los tramos altos del IRPF y de las rentas del capital.
También formulará que se reduzca la cantidad máxima por compra de vivienda y que se establezcan topes de desgravación según su precio y que las empresas puedan desgravarse en función de su «esfuerzo» en materia de empleo, Investigación y Desarrollo o producción ecológicamente sostenible.