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IU denuncia el sesgado e ideológico currículum de secundaria recientemente aprobado

Fuentes: Rebelión

IU exige al Gobierno que respete la autonomía pedagógica de los centros educativos y no convierta el currículo de ESO y Bachillerato en una imposición ideológica de su visión sesgada y reducida sobre quiénes son víctimas, mediante estrategias de privatización con asociaciones afines al PP. El Ministerio de Educación ha establecido en el currículo de […]

IU exige al Gobierno que respete la autonomía pedagógica de los centros educativos y no convierta el currículo de ESO y Bachillerato en una imposición ideológica de su visión sesgada y reducida sobre quiénes son víctimas, mediante estrategias de privatización con asociaciones afines al PP.

El Ministerio de Educación ha establecido en el currículo de Secundaria y de Bachillerato, publicado en el BOE del 3 de enero de 2015, que las víctimas del terrorismo de ETA participarán en acciones informativas y de sensibilización para divulgar entre el alumnado su «testimonio» y su relato de los hechos en colaboración con el Ministerio del Interior y la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Esta propuesta del Ministerio del Interior, asumida por el ministro Wert, no sólo es una intromisión en la autonomía pedagógica de los centros, sino que otros sectores sociales podrían exigir que esta oferta se amplíe a las víctimas de la Guerra Civil y de la posguerra, de los desahucios, de los malos tratos, de catástrofes naturales, etc. Habría muchas víctimas cuyo testimonio sería también necesario para sensibilizar a los estudiantes sobre el sufrimiento en la historia reciente de España.

No podemos convertir los centros educativos en una competición para ver quién tiene más legitimidad para sensibilizar sobre su dolor. No, no es esta la función de los Institutos y Colegios. La historia de las víctimas en España, que debe ser conocida en los institutos, es ya analizada en aquellas materias, como la Historia, que desarrollan de forma rigurosa y documentada los hechos en el contexto que sucedieron. Lo que no se pueden convertir los centros educativos en un foro de víctimas escogidas por el partido gobernante.

Esto es un intento de «control del currículum» para imponer una determinada visión ideológica. Como la religión católica en la escuela o incluir en la asignatura Valores Éticos como nuevas amenazas para la paz y la seguridad determinado tipo de terrorismo, ocultando que la amenaza más importante para la paz y la seguridad es el injusto reparto de los recursos del planeta, donde un 1% acapara lo que le correspondería al 99%. Izquierda Unida denuncia el intrusismo y el intento de control del curriculum de este gobierno que reprime las protestas por sus políticas y trata de formar en la sumisión y el adoctrinamiento. Son los profesionales de la educación quienes han de concretar el currículum

Además Izquierda Unida denuncia que el PP desarrolla este tipo de medidas para profundizar en el proceso de privatización de la educación pública, estableciendo que este tipo de acciones formativas se hagan a través de una entidad privada, una organización de Víctimas del Terrorismo presidida por Mari Mar Blanco -muy cercana al PP-, como ya también lo hizo en 2014 para el currículo de Primaria.

No se puede utilizar a los estudiantes como moneda de cambio para que el PP se reconcilie, como analizan los expertos, con ese sector ultras de votantes y simpatizantes del PP que, sin embargo en estos momentos, según apuntan las encuestas, se decantan por la abstención o el voto en blanco, según los cálculos de Génova.

Queremos una escuela democrática y con autonomía para su comunidad educativa, no que se utilice por el gobierno de turno para imponer su ideología sobre quién es víctima. Una escuela que desarrolle la historia como un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación del uso de todo tipo de violencia -militar, policial, gubernamental, terrorista, financiera, económica, patriarcal, social o cultural- a través de su deslegitimación social. Así mismo reclamamos que el PP aplique la recomendación del Consejo de Europa a los Gobiernos de los Estados miembros para hacer de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas.