Varios miles de personas acudieron el pasado sábado al recinto Landaka de Durango para mostrar su solidaridad con los procesados por el sumario 18/98, un macroproceso creado por la Audiencia Nacional contra movimientos sociales, organizaciones políticas, medios de comunicación y empresas. A lo largo de esta jornada a favor de los derechos civiles y políticos […]
Varios miles de personas acudieron el pasado sábado al recinto Landaka de Durango para mostrar su solidaridad con los procesados por el sumario 18/98, un macroproceso creado por la Audiencia Nacional contra movimientos sociales, organizaciones políticas, medios de comunicación y empresas.
A lo largo de esta jornada a favor de los derechos civiles y políticos hubo actividades para todos los gustos: una exposición de viñetas cómicas y fotografías, un rocódromo y un castillo hinchable para niños, un recital de versos en euskera, una comida popular para casi dos mil personas, graffitis, conciertos… y un acto central que abrió la coral Euskaria con la canción popular Izarren Hautsa (polvo de estrellas).
Ante más de dos mil personas, los presentadores explicaron que esta jornada suponía la culminación de la iniciativa Kaiera, un cuaderno que ha recorrido el País Vasco recogiendo en sus páginas el apoyo solidario de miles de personas y asociaciones.
Para simbolizar el apoyo recibido así como la dimensión del sumario 18/98, fueron pasando por el estrado un imputado de cada una de las piezas del macrosumario 18/98 para dejar en el suelo los tomos del cuaderno Kaiera: la asamblea de electos municipales Udalbiltza, la organización juvenil de la izquierda independentista Segi, el diario Egunkaria, la organización antirrepresiva Gestoras Pro Amnistía, las organizaciones políticas Xaki y Batasuna, la fundación impulsora de movimientos sociales Joxemi Zumalabe y por último la pieza que incluye a varias empresas editoriales, de publicidad, de viajes…
Mientras tanto, se proyectaban en la pantalla gigante las largas colas de personas solidarias que llenaron el cuaderno Kaiera con poesías, firmas, dibujos y textos.
Finalizada la presentación, los coordinadores de los tres talleres de debate realizados por la mañana expusieron las conclusiones:
En el taller «Los derechos en la resolución del conflicto» participaron representantes de partidos políticos. Las conclusiones del debate se resumieron en que la vulneración de derechos civiles y políticos tiene como objetivo político negar la palabra al pueblo vasco, puesto que no existe justificación jurídica alguna que pueda explicar que se celebre este proceso judicial. Como propuestas, se planteó por un parte la necesidad de que los Estados español y francés reconozcan la existencia de un pueblo vasco formado por 7 territorios y por otra parte la importancia de aprovechar las oportunidades que se abren en este nuevo ciclo político.
En el taller «Los derechos y los movimientos populares», se analizó el papel del Estado: aunque el Estado debe garantizar los derechos civiles y políticos, los subordina a la Razón de Estado y al mantenimiento del «Orden Público» justificando estas políticas con la excusa del terrorismo. En el terreno de las propuestas, se señaló el papel imprescindible que deben desempeñar los movimientos sociales explicando a la sociedad los ataques del Estado contra los derechos civiles y políticos para poder hacerles frente.
En el tercer taller, un grupo de intelectuales abordó la relación entre derechos y seguridad. Los participantes concluyeron que los Estados reducen el espacio de disidencia como una tendencia mundial y que el retroceso de derechos favorece a su vez una involución ideológica. Las soluciones pasarían por responder unitariamente a este retroceso en los derechos, lo que requiere reflexiones comunes y espacios de confluencia, que permitan unificar las respuestas por encima de las diferencias.
Con la música del grupo madrileño Habeas Corpus de fondo, en la pantalla gigante aparecieron las abrumadoras cifras del macroproceso 18/98: La Audiencia Nacional ha formulado acusaciones contra 6 organizaciones políticas, 7 empresas y 3 medios de comunicación, todas ellas ilegalizadas o cerradas. Este tribunal ha ordenado 220 detenciones, 205 registro, ha procesado a 199 personas y ha recaudado fianzas por valor de casi 4.400.00 euros (unos 700 millones de pesetas).
A continuación tomó la palabra el periodista Mariano Ferrer, unos de los dos portavoces de la plataforma «18/98 y +» para señalar que cuando la justicia se pone al servicio de una operación política, se socavan las bases de la democracia, «como ocurre con unas leyes diseñadas para reprimir a las personas no en base a hechos delictivos sino a su identidad socio-política.»
Ferrer recordó el objetivos del grupo «18/98 y +»: fomentar y defender los derechos civiles, políticos y humanos. Denunciar que este macroproceso no juzga actividades que la justicia española califica de «terroristas» sino actividades publicas, políticas, en clara violación del derecho de reunión y de asociación, del derecho a la disidencia.
«Al defender los derechos de los procesados defendemos los derechos de toda la sociedad», -destacó Ferrer- «porque cuando estos derechos se violan, no es posible que exista la autonomía personal, la dignidad humana, la democracia, y desgraciadamente, tampoco la paz.»
La plataforma ha sufrido una evolución importante: en sus inicios reivindicaba un juicio justo. Sin embargo, cuando se celebró el juicio de la primera pieza del sumario (contra las organizaciones juveniles de la izquierda independentista Jarrai, Haika y Segi), la totalidad de los miembros de la plataforma lo valoró como un montaje mediático y policial sin más base jurídica que la voluntad política de acabar con estas organizaciones.
Quienes asistieron a las sesiones de este juicio pudieron comprobar que el fiscal no hablaba de «actos terroristas» sino de celebrar reuniones, pegar carteles y convocar manifestaciones.
Y de pedir un juicio justo, la plataforma 18/98 y +, pasó a reclamar el archivo del proceso, es decir, que no se celebren los juicios.
Esta plataforma, tal y como señaló su portavoz, reclama también la revisión de la legislación Antiterrorista española que impulsa la arbitrariedad y la violación de la integridad física, como han comprobado los procesados en su propia piel.
Entre los aplausos de los dos mil asistentes, fueron saliendo al escenario los procesados que serán juzgados a partir de la semana que viene, y tomó la palabra Teresa Toda, portavoz de la plataforma, para recordar que hace 7 años todos los encausados trabajaban en distintos proyectos (radio, periódicos, movimientos sociales…) pero con un objetivo común: construir una Euskal Herria libre y justa. «Y estamos orgullosos de mantener nuestro compromiso», añadió entre los aplausos de los asistentes.
A continuación pasó a explicar el contexto político del proceso 18/98: en mayo de 1998 el juez Garzón, de la Audiencia Nacional, cerró las primeras empresas y continuó con la detención de los militantes de la asociación Xaki, que sufrieron durísimas torturas.
Teresa Toda calificó esta operación de «guerra sucia judicial», diseñada por el PP y el PSOE, que, todavía hoy comparten muchos planteamientos.
En este punto, la portavoz recordó a los compañeros de sumario fallecidos -Gorka Martínez, Javier Gorostiaga, Antxon Ollokiegi y Manu Aramburu- y a los que permanecen presos; Peio Sánchez, Rubén Nieto, Iker Beristain e Iker Casanova. Los aplausos volvieron a llenar el pabellón.
«Han conseguido que con todo el sufrimiento al que nos han sometido seamos mejores personas, que valoremos aún más la solidaridad, la amistad, la importancia de los sentimientos, la necesidad de superar las situaciones duras», prosiguió la representante de la plataforma. «El Estado de excepción declarado contra un sector social ha abierto en Euskal Herria una deslegitimación de la Audiencia Nacional que poco a poco les vendrá de vuelta. Más allá de lo que nos ocurra a nosotros, ellos serán los juzgados. «
«Habrá momentos duros -reconoció Toda-, porque el PSOE no se ha librado de la cadena del PP, pero tampoco está cómodo con este juicio porque se está hablando de derechos, que es precisamente el centro del conflicto».
La portavoz finalizó su intervención asegurando que aunque los jóvenes de Jarrai, Haika y Segi que fueron juzgados en febrero dejaron muy alto el listón de la dignidad y la firmeza, las personas que serán juzgadas a partir del 21 de noviembre no fallarán.
Fotos del acto en:
http://www.nodo50.org/caes/articulo.php?p=488&more=1&c=1
* Gonzalo Casanova (CAES)