Llamar regularización a los 678.393,72 euros pagados por Juan Carlos I es un insulto. Lo que ha hecho Juan Carlos I es comprar aún más impunidad por ese dinero. Ahora ya sabemos que el rey de España durante 39 de los 45 años de monarquía robó tanto que cuando dejó de ser rey de España siguió robando hasta generar un fraude tributario impagada de ese monstruoso nivel sólo con las tarjetas black royal. Y eso si hay alguien que se crea que esas tarjetas fueron donaciones de un empresario mexicano que generosamente ponía unas tarjetas a nombre de una familia española como quien apadrina a un niño necesitado en un país pobre; debe de haber alguien que crea que no eran, por ejemplo, el instrumento diseñado por la familia para gastar en España el dinero acumulado y escondido en cuentas, sociedades y fundaciones por todos los paraísos fiscales del mundo. Es decir: si hay alguien que se cree que esta regularización no es en realidad otro fraude para seguir tapando la ingente trama corrupta.
Durante estos años los partidos cortesanos (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox) han protegido al corrupto hasta el punto de violentar el sistema constitucional español con tal de proteger a la Monarquía frente al Estado de Derecho. Por poner sólo dos recientes ejemplos obscenos. Primero: La Constitución permite las Comisiones de Investigación “sobre cualquier asunto de interés público” pero los partidos cortesanos impidieron una sobre el rey inventando que estas comisiones son sólo una forma de control al Gobierno o que la inviolabilidad judicial se extiende también como prohibición de investigación parlamentaria (¿y por qué no prohibir también la investigación periodística, por ejemplo, en nombre de la inviolabilidad?). Segundo: El artículo 56 de la Constitución permite diversas interpretaciones de la inviolabilidad del rey; Más País presentó una Ley para que, entre las posibles, España eligiera la que se corresponde con un Estado de Derecho (el rey es inviolable por los actos refrendados, es decir, los que hace como Jefe de Estado, porque en un Estado de Derecho todo acto está sometido a la ley); PSOE, PP y Vox usaron la Mesa del Congreso para vetarla diciendo que sería inconstitucional pese a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que niega a la Mesa del Congreso esa función censora.
Para sobreproteger a la Monarquía, los partidos cortesanos nos han llevado de una monarquía parlamentaria a un parlamento monarquizado.
Durante décadas la corrupción de Juan Carlos caló hacia abajo y generalizó la corrupción institucional y empresarial, uno de los males que ha llevado a deteriorar la economía de los españoles y a impedir su modernización. Los negocios reales han estado ligados al petróleo, a la construcción y a la sumisión a las dictaduras sangrientas que hoy le acogen. En todos los casos esa corrupción iba en paralelo al deterioro económico, ecológico y social de España. La conducta del rey Juan Carlos no sólo ha sido inmoral: su influencia desde el vértice del Estado ha sido tremendamente nociva para la vida de los españoles.
Llegados a este punto sólo hay una salida decente que exige dos decisiones irrenunciables:
1.- Una regulación inmediata de la Corona que la someta a la legalidad y al control democrático imprescindible en un poder de un Estado que se pretende democrático y del siglo XXI. La inviolabilidad del rey tiene sentido en una monarquía parlamentaria pero sólo si se limita a los actos que hace como rey porque no es responsable de ellos, porque son todos refrendados. Y garantizar que la defensa legítima de la Monarquía nunca se hace a costa de saltarse las normas constitucionales del resto de las instituciones.
Su vida privada (un espacio difícil de ubicar en una institución familiar) debe estar sometido como mínimo a la transparencia y la publicidad de bienes y actividades de cualquier cargo público. Y a cambio del enorme sueldo que cobra (muy superior al del presidente del Gobierno que, obviamente, tiene que tener dedicación exclusiva), un rey de España no puede tener absolutamente ningún negocio privado ni actividad económica distinta al cobro de su sueldo como Jefe del Estado.
2.- Los españoles merecemos saber. El propio rey Felipe VI y los partidos que le sirven (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox) deberían ser los primeros interesados en anunciar una exhaustiva investigación sobre lo que ha sucedido en estos 45 años si quieren separar a la monarquía de los delitos de su más importante titular, si quieren que pensemos que Felipe VI no tiene nada que ocultar. La opacidad ha sido complicidad y seguirá siéndolo cuando ya nadie ignora que bajo la manta hay mierda de décadas.
Debe iniciarse inmediatamente una investigación profunda que trascienda el marco ordinario, una investigación exhaustiva sobre los negocios y patrimonios manejados desde Zarzuela en estas décadas. Desde la importación de barriles saudíes a las cuentas y fundaciones con Corinna Larsen pasando por los negocios a través de Manuel Prado y Colón de Carvajal, las relaciones con Mario Conde, Javier de la Rosa… Tenemos derecho a saber los regalos recibidos por miembros de la Casa Real: desde los yates financiados por empresarios para Juan Carlos a las tarjetas black para abuelos, hijos y nietos pasando por los coches que regalaron durante años (¿ya no lo hacen?) a Juan Carlos I y a su hijo el entonces príncipe Felipe. Tenemos derecho a saber qué actividades y patrimonio han tenido y tienen como mínimo el rey Juan Carlos I, la reina Sofía, el rey Felipe VI y la reina Letizia desde que ingresó en la Familia Real.
Los españoles hemos vivido bajo un monumental engaño del que han sido cómplices Gobiernos (como mínimo todos los presidentes del Gobierno, todos los ministros de Asuntos Exteriores y todos los ministros de Defensa que han conocido y acompañado los negocios del Jefe del Estado), los partidos cortesanos y la mayoría de los medios de comunicación.
Por supuesto, la monarquía es compatible con la democracia. Hay notables ejemplos de monarquías parlamentarias irreprochables en nuestro entorno. Lo que es incompatible con la democracia es el engaño al pueblo para proteger los delitos de una corte político-empresarial ligada a las burbujas del petróleo, del ladrillo y de cuantos lastres han impedido desarrollar en España una economía próspera, moderna, sostenible y justa. Porque la corte a la que se están sometiendo nuestras instituciones es incompatible con el futuro que necesitan los españoles para salir de una crisis que se encadena a la crisis anterior.
Los españoles somos mayores de edad y merecemos respeto. Por mucho que sobreactuemos, no hay riesgos de golpes militares como sí hubo en los años 70 y 80. Los riesgos de nuestro país tienen mucho más que ver con el deterioro de la democracia y con unas élites cuyos intereses ilegítimos se impongan a la necesidad de una economía más justa, democrática y verde.
Los españoles merecemos saber. Y cuando sepamos, merecemos decidir.