La batalla contra la impunidad en Colombia es como percutir en piedra. A golpe de tesón y paciencia infinita se conquistan paso a paso, y muy trabajosamente, pequeños derechos. El cineasta Juan José Lozano, realizador junto con el periodista Hollman Morris del documental «Impunity», contribuye con este trabajo audiovisual a denunciar lo que realmente ha […]
La batalla contra la impunidad en Colombia es como percutir en piedra. A golpe de tesón y paciencia infinita se conquistan paso a paso, y muy trabajosamente, pequeños derechos. El cineasta Juan José Lozano, realizador junto con el periodista Hollman Morris del documental «Impunity», contribuye con este trabajo audiovisual a denunciar lo que realmente ha supuesto la violencia paramilitar y, en concreto, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, impulsada por el presidente Uribe en 2005, para -aparentemente- depurar las responsabilidades por los crímenes de las bandas paramilitares. Se trató, realmente, de «Una gran operación de mercadotecnia y lavado de imagen», sentencia Lozano.
Presentado en junio de 2011, el documental intenta abrirse camino poco a poco entre el silencio que impone la Colombia oficial. Pero ha de sortear numerosos obstáculos en su recorrido, tal vez porque recuerda verdades como puños: Sólo se han producido dos condenas «parciales» (en aplicación de la Ley de Justicia y Paz) contra responsables de la violencia paramilitar, después de 3.500 masacres cometidas; el 98% de los crímenes han quedado en la impunidad; algunos de los principales cabecillas han sido extraditados a Estados Unidos, imputados exclusivamente por delitos de narcotráfico, lo que les exonera de cargos por asesinatos en las comunidades campesinas. Muy pocos políticos han pisado la cárcel. Según Juan José Lozano, «hoy continúa el paramilitarismo en Colombia, aunque disimulado como violencia común; y también queda impune».
«Impunity» contribuye a la restauración de la memoria de las víctimas. De las personas y familias que han sufrido la violencia paramilitar. ¿Cómo está funcionando la distribución del documental?
Trabajamos para que llegue cada vez a más gente. Pero es difícil. Dos de las seis grandes distribuidoras cinematográficas que operan en Colombia se negaron a la comercialización; no tanto por censura como por miedo, o porque se autocensuraron ellos mismos. Las cuatro restantes, o no estaban de acuerdo con el contenido o no le veían una viabilidad económica. Pero hay dos cuestiones de fondo que hacen difícil la comercialización: el documental plantea una denuncia política de gran calado; y el mercado capaz de absorber los trabajos documentales es, en términos generales, muy débil. Fíjate que a pesar de dar copias gratis no hemos podido distribuir el documental en las salas cinematográficas.
¿Qué alternativas te has planteado para que la iniciativa tenga salida?
Como las televisiones colombianas también se negaron a la emisión, por el propio contenido y porque permiten poco espacio para el género documental, el trabajo no está alcanzando a un público masivo. Se está distribuyendo principalmente en ámbitos urbanos y, sobre todo, universitarios (unas tres presentaciones al mes). Además, ha sido seleccionado en varios festivales de cine; ahora se exhibe en Francia y, a partir del otoño, en Bélgica. En septiembre se emitirá en el canal franco-alemán de televisión Arte y en otros 10 canales televisivos. Pero el objetivo es superar los círculos que podríamos denominar elitistas y llegar al gran público.
Señalas dos fases en la elaboración el documental. Recibisteis amenazas y al final la realización no transitó por el trazado inicial.
Cuando en 2005 empezamos a realizar el documental, contamos con todas las autorizaciones judiciales para acompañar a las víctimas, y estar además con ellos en la busca de restos. Pero a medida que comenzaron las presiones sobre funcionarios de justicia y fiscales, también nuestro trabajo se complicó. En 2009, al recibir la segunda amenaza de muerte, dejamos de grabar en Medellín. Tuvimos el documental tres meses parado y, entonces, decidimos imprimir un giro a nuestro trabajo, que consistió en echar mano de material de archivo. Esto fue posible gracias al apoyo de fiscales y abogados comprometidos, y asociaciones de solidaridad con las víctimas. Tras un montaje de más de un año resultó un producto, si quieres más árido, pero también más riguroso.
Citas a un jefe paramilitar -Ever Veloza- como icono de una época y paradigma de la violencia y la represión en las comunidades campesinas. ¿Por qué?
Por muchos motivos. En primer lugar, porque se confesó responsable de 5.000 asesinatos. Comandó, además, dos bloques paramilitares en dos regiones económicamente estratégicas, como el Valle del Cauca y Urabá. Se trata de un personaje muy cínico, pero también el que más colaboró con la justicia y con las familias para localizar fosas comunes o los restos de las víctimas. Hace tres años que Veloza se halla preso en Nueva York. Pero más allá de estas razones, el personaje permite entender muy bien el fenómeno de la violencia paramilitar en Colombia. Ever Veloza es un parado de 20 años cuando se enrola en un escuadrón. Es muy eficaz en su trabajo y pronto va escalando posiciones.
Dices que la Ley de Justicia y Paz se diseñó como un «gran montaje», pero que en determinado momento el proceso «se le fue de las manos al estado». ¿A qué te refieres?
Hay un momento en que los jefes paramilitares comienzan a contar la verdad. Esto provoca detenciones en el primer escalón de la política, que llegan al círculo más próximo al presidente Uribe. Las declaraciones de los paramilitares (no quieren ser ellos los únicos que carguen con el baldón de la violencia) dan argumentos a los fiscales para que investiguen. Algunos capos paramilitares se sintieron traicionados por el gobierno. Escribieron, incluso, una carta a la senadora Piedad Córdoba para que enviara a un representante de la «sociedad civil» para entrevistarse con ellos, y contarle la verdad. Hubo, en fin, «pactos» que se rompieron. Algunos familiares de jefes paramilitares fueron asesinados. Las extradiciones en Estados Unidos tampoco resultaron un retiro dorado como pensaban. ¿Qué papel desempeña Estados Unidos? Piensa que es Colombia es su principal aliado en la región y el tercer destinatario mundial de ayuda militar norteamericana.
¿Qué balance realizas, pasados los años, de la Ley de Justicia y Paz y los crímenes paramilitares?
Únicamente se han producido dos condenas de paramilitares, y éstas han sido «parciales» (por sólo una parte de los crímenes que cometieron). Muy pocos políticos fueron condenados: cuando les empezaban a salpicar las denuncias de los paramilitares, se respondió con las extradiciones a Estados Unidos. Y se asesinó a paramilitares cuando se decidieron a contar lo que ocurrió. En resumen, la Ley de Justicia y Paz resultó un rotundo fracaso que no sirvió para aclarar nada. De los más de 30.000 paramilitares desmovilizados, no son más de diez a los que se les ha empezado un juicio.
¿En qué situación han quedado finalmente las víctimas?
La Ley de Justicia y Paz piensa todo el tiempo en la protección de los victimarios. Impulsa unas audiencias por videoconferencia en las que priman su testimonio, su versión, y no se les puede rebatir. Tampoco se realizan juicios. Pero lo cierto es que si algo ha podido aclararse es por las ONG, universidades, algunos abogados y fiscales y cierta prensa. Además, con el tiempo las víctimas han perdido el miedo a denunciar y quieren saber lo que ocurrió. A pesar de las amenazas que continúan recibiendo.
Por último, ¿Ha finalizado el fenómeno de la violencia paramilitar en 2012?
El fenómeno continúa hoy, aunque con otra denominación. Se trata de bandas que llaman de «delincuentes comunes». Hay una cuestión clara: los paramilitares se han reorganizado y continúan actuando con impunidad. Otra cosa es que no esté claro quién es la cabeza visible. Pero en 2002 los paramilitares ya no tenían razón de existir. Ya habían masacrado todo lo que quisieron y acumulado enorme poder político y económico. Además, un ejército paralelo de unos 30.000 hombres suponía un gran coste. Ahora bien, no era posible el desmantelamiento inmediato porque Colombia había suscrito el Tratado de Roma y, en virtud del mismo, podía intervenir en el país la Corte Penal Internacional. Se decide, así, financiar la desmovilización don dinero público, iniciar un pseudos-proceso judicial y conservar bandas paramilitares en las zonas donde se considere necesario.
Colombia, años 2.000: tras la desmovilización de más de 30 mil paramilitares acusados del asesinato de miles de colombianos se inicia un proceso judicial con algunos comandantes desmovilizados. Un momento histórico en el país. Impunity es un testimonio revelador del encuentro entre víctimas y victimarios en los estrados judiciales, y del apoyo de sectores políticos, militares y económicos en la guerra paramilitar. Impunity es un grito por la justicia, en nombre de las víctimas, y un recorrido por los hallazgos y dificultades que se presentan en este camino seguido por Colombia en nombre de «la paz y la justicia». ¿Logrará Colombia superar la impunidad?
Versión corta del documental «Impunity», realizado por Juan José Lozano y Hollman Morris.
Colombia, años 2.000: tras la desmovilización de más de 30 mil paramilitares acusados del asesinato de miles de colombianos se inicia un proceso judicial con algunos comandantes desmovilizados. Un momento histórico en el país. Impunity es un testimonio revelador del encuentro entre víctimas y victimarios en los estrados judiciales, y del apoyo de sectores políticos, militares y económicos en la guerra paramilitar. Impunity es un grito por la justicia, en nombre de las víctimas, y un recorrido por los hallazgos y dificultades que se presentan en este camino seguido por Colombia en nombre de «la paz y la justicia». ¿Logrará Colombia superar la impunidad?
http://www.impunitythefilm.com/
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