«No sabes con quién te metes, soy juez». Así rezaba la denuncia interpuesta por un cerrajero madrileño, tras una discusión provocada por un incidente de tráfico. Según el denunciante, el magistrado llegó a amenazarle con una pistola. Puede que el cerrajero tuviera antecedentes policiales-como se apresuraron a informar los medios, tratando de suavizar la imagen del juez- pero quien blandía el arma era Su Señoría. Por otra parte, es incomprensible que en este país, se encarcele a una persona por exigirle a una alcaldesa el cierre de una siniestra perrera y que otro juez no conceda la fianza alegando… ¡riesgo de fuga! Son pequeños detalles que muestran la descomposición general, de un régimen que imparte «justicia» dictando sentencias basadas, en muchas ocasiones, en meras hipótesis de unos jueces indescriptibles.

Por ejemplo: los jueces del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, admitieron a estudio, hace poco, una demanda (finalmente rechazada) que pretendía abrir un proceso contra Fidel Castro por un delito de genocidio, como responsable de la muerte de varios prisioneros de la horda de 1.500 terroristas que desembarcaron en Bahía Cochinos en 1961. Demandas anteriores, presentadas por la extrema derecha cubana, habían sido siempre archivadas, pero en esta ocasión presidía el Pleno, el juez mediático Javier Gómez Bermúdez, muy «admirado» por su cuartelera actuación durante el juicio del 11-M. Es una pena que su imagen de magistrado incólume, durara sólo el tiempo que tardó en salir a la venta, un libro sobre el proceso, escrito por su esposa, que, a su vez, ocupa la jefatura de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

También Baltasar Garzón, escribió un libro y el Fiscal General de entonces, lo denunció porque entendió que en el mismo se opinaba sobre un caso que estaba sub judice. Garzón fue quien encarceló, hace años, a la dirección de Herri Batasuna, decretó el embargo de las herrikos tabernas, (embargo levantado ahora por el Tribunal Supremo) y cerró una emisora y un periódico, a pesar de ser considerado por sus compañeros como el juez que peor instruye los sumarios. Se ha visto envuelto en disímiles berenjenales, tantos que debió solicitar amparo, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante las críticas recibidas por determinadas actuaciones suyas. Es el magistrado que más denuncias sobre torturas ha archivado sin molestarse en comprobarlas.

Otro juez mediático, Fernando Grande-Marlaska, se empeñó- con sus acciones judiciales- en interferir, todo lo posible, en el fenecido proceso de paz desde el primer momento que ETA anunciara la tregua. Baste con añadir sobre él, que el Consejero de Justicia del Gobierno autónomo vasco, Joseba Azkarraga, ha solicitado al CGPJ que sea investigado ante las sospechas de que actúa con parcialidad, pues «estaría tomando decisiones sin esperar a oír la opinión del fiscal y habría filtrado a la prensa datos de sumarios que están bajo secreto» (sic).

Con semejantes profesionales, nadie debería asombrarse porque el pasado 19 de diciembre, la Audiencia Nacional condenara a fuertes penas de cárcel a 46, de los 52 acusados vascos que formaron parte de las organizaciones KAS, EKIN y XAKI. Esas personas no han sido acusadas por realizar acciones violentas, sino por sus ideas independentistas. La sentencia da por sentado, que forman parte de ETA, sin embargo hace siete años, otros jueces decían lo contrario. Recordemos que cuando KAS fue ilegalizada, la izquierda abertzale constituyó la plataforma EKIN para sustituirla. En el año 2001, después de una nueva ofensiva contra la izquierda abertzale, los magistrados publicaron un auto donde reconocían que no había documento alguno, atribuido a ETA o EKIN, que permitiera establecer, de forma directa, una vinculación entre ambas organizaciones. Ahora resulta que son «las entrañas» de ETA.

Sobre el papel, el poder judicial es independiente en España. Sin embargo los altos cargos no se eligen en función de la experiencia u otros elementos objetivos- ni siquiera son elegidos por sus compañeros-, la elección la ejecuta el Gobierno de turno, basándose en simpatías «ideológicas». En consecuencia, el CGPJ es el brazo ejecutor de la política que implementan, según las circunstancias y el momento, el Partido Popular o el Partido Socialista que, excepto en temas menores, es la misma, ya que viene dictada por la oligarquía franquista, una oligarquía que no concibe la vía política como instrumento para resolver el conflicto vasco. Su talante fascista, unido a una represión irresponsable, lo único que logrará es reforzar, eternamente, la lucha armada.