Jueces

La interpretación que el juez Grande Marlaska acaba de hacer respecto de una manifestación convocada contra la primera munícipe de Lizartza, que se iba a celebrar en la citada localidad vasca, y cuya alcaldía ocupa fraudulentamente una militante del Partido Popular, en claro reto y afrenta a los deseos de los habitantes de la villa, mayoritariamente abertzales, es a todas luces una aberración jurídica de la que únicamente es responsable el citado ciudadano, cuyo argumento, para basar la prohibición (dejando en pañales a los jueces del Tribunal de Orden Público, de tan feliz recuerdo en la memoria de muchos ciudadanos como él) parece extraído de los vetos y censuras que el siempre vivo Francisco Franco impartió en todo el territorio desde el éxito de su asonada, aquella que se saldó con el asesinato «legal» de mas de un millón de personas,

Ahí es nada afirmar que el fin que persigue la manifestación es «ilícito», como si ahora resultara que llamar la atención de la ciudadanía, acerca de la vergüenza que supone una alcaldesa que contó con el apoyo de menos del 10 por ciento del electorado, en un predio donde el nacionalismo es mayoría, fuera un acto vandálico que no se contempla en esas leyes tan democráticas del estado español. Ergo, protestar contra el presidente de una comunidad, siempre según la sutil interpretación de Marlaska, es poco menos que impensable, con el Código Penal en la mano.

Resulta evidente que, si Grande Marlaska hubiera desarrollado su labor como juez en el Chile de Pinochet, seguramente solaparía decisiones como esta u otras peores bajo el paraguas de la obediencia debida, la misma que algunos colegas del tal Marlaska (que compite en interpretaciones y aberraciones profesionales con Garzones y demás expertos en leyes injustas) utilizan, sin nombrarla de aquella forma, a la hora de emitir juicios tan peligrosamente totalitarios.

Marlaska sabe que la Ley de Partidos Políticos es una de los mayores sinsentidos jurídicos de la Europa comunitaria, sin parangón en la historia del derecho, un asalto a mano armada en el mundo llamado «civilizado», y que sería de imposible implantación o aprobación en los parlamentos de países como Francia o Italia.

Con ese texto en la mano se prohíben partidos, y con la interpretación de ese singular disfraz del fascismo más torpe, se vetan manifestaciones de colectivos ciudadanos legalizados y legitimados en las urnas. Pero ya se sabe que la democracia de Marlaska es aquella en la que siempre gana el mismo, y si triunfa otro, se prohíbe su existencia y santas pascuas.

Al firmante de la prohibición le sugiero que proponga a Zapatero y Rajoy un proyecto de ley, para que aquellas personas que vayan a contraer matrimonio, condenen previamente la violencia de género. Y si se niegan a ello, no se les permitiría legalizar el vínculo.

Dicen que la justicia es ciega, pero en ese territorio llamado España (otra memez destinada a los libros de historia del PP, que dará paso en el futuro a otras naciones como Catalunya y Euskadi) tiene ojos, oídos, boca, ordenador y teléfono móvil directo con la Moncloa y la Zarzuela,

Una zarzuela, eso sí, estúpida, partidaria y obtusa, que protagoniza hoy ese triste uno, grande y libre que es el ciudadano Marlaska. Un juez al que nunca deberían imitar los buenos estudiantes de derecho.