Jueces para la Democracia acusan: «Presentan como soluciones técnicas e inevitables lo que son meras apuestas ideológicas desde una visión partidista». El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reprochado que los jueces españoles estén perjudicando la reforma laboral con una interpretación ‘restrictiva sobre los despidos’. A esa feroz injerencia del FMI al poder judicial español ha […]
Jueces para la Democracia acusan: «Presentan como soluciones técnicas e inevitables lo que son meras apuestas ideológicas desde una visión partidista».
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reprochado que los jueces españoles estén perjudicando la reforma laboral con una interpretación ‘restrictiva sobre los despidos’. A esa feroz injerencia del FMI al poder judicial español ha respondido con contundencia la asociación Jueces para la Democracia, que ha reprochado a ese organismo ultraliberal que pretenda que «nuestros tribunales actúen de acuerdo con unos objetivos económicos prefijados, sin tener en cuenta los derechos de las partes en los procedimientos laborales». Se trata, en verdad, de una inadmisible e intolerable intromisión de una organización internacional de extremo neoliberalismo en la justicia española.
Desde Jueces para la Democracia han recordado a los ultras del FMI que la jurisdicción social española «resuelve jurídicamente los litigios con una ponderación adecuada de los legítimos derechos e intereses de las empresas y de los trabajadores, a través de las soluciones correctas jurídicamente para cada caso concreto». Y ha añadido que, a pesar de las afirmaciones del FMI, «no debe olvidarse que las personas no pueden ser tratadas como mercancías que están sujetas absolutamente a las leyes del mercado, por lo que su dignidad implica la protección de sus derechos fundamentales».
En su contundente respuesta a uno de los organismos que con más perversidad contra los trabajadores ha actuado en esta crisis económica, Jueces para la Democracia afirma que con estas manifestaciones «el FMI está sugiriendo la supresión del poder judicial en materia laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX, cuando no existían derechos». Dicen que con esas pretensiones de extrema derecha, «este organismo internacional parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que los jueces españoles únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según establece nuestro ordenamiento jurídico». Y le repite al FMI, por si es sordo de oídos y corto de entendederas, que «esta actuación judicial es la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos».
El comunicado de Jueces para la Democracia es tan contundente que les dice a los inmovilistas de la extrema derecha del FMI que «resulta preocupante que organismos internacionales como el FMI pretendan presentar como soluciones técnicas e inevitables lo que son meras apuestas ideológicas desde una visión partidista de las relaciones económicas». Por otro lado, las afirmaciones del FMI sobre la actuación de nuestros tribunales «carecen del más mínimo rigor, sin que se aporten datos objetivos para valorar la adecuación de las resoluciones judiciales en los casos concretos. En todo caso, cualquier perspectiva sobre la situación económica puede ser muy respetable, siempre y cuando no se pretenda presionar a nuestros tribunales para que dicten resoluciones inconstitucionales».
Añade ese comunicado de JpD con absoluta indignación que «consideramos que las manifestaciones del FMI pretenden presionar a los magistrados de la jurisdicción social para que dicten sentencias en una determinada dirección, sin valorar las características de cada caso concreto, ni tampoco los derechos de las partes». Por ello, «ante semejante injerencia desde Jueces para la Democracia analizaremos pedir la intervención de la Organización Internacional del Trabajo y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos».
Asimismo, JpS solicita que el Consejo General del Poder Judicial «se pronuncie en defensa de la actuación independiente e imparcial de los magistrados españoles de la jurisdicción social. Y que se dirija expresamente al FMI para indicarle cuales son los deberes constitucionales de nuestros magistrados, entre los cuales no se encuentra el de seguir los dictados de ningún organismo económico internacional, por muy poderoso que este sea».
Además de esa intolerable injerencia de un organismo extremo, hay que señalar que la cara visible del FMI -organismo que propugna la austeridad y los recortes contra los trabajadores-, no parece predicar con el ejemplo… como recogió Diariocrítico, el FMI informó en octubre de 2013 que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, percibió una remuneración anual de 476.360 dólares (352.859 euros) el último ejercicio, lo que representa una subida del 1,8% respecto a la retribución de 467.940 dólares (346.622 euros) obtenida un año antes. Justo lo opuesto a sus recetas para España a quien aconseja abaratar los costes laborales. Un sueldo que prácticamente quintuplica al del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.