Naval Gijón y PYMAR «envían» a sus respectivos abogados para defender la conculcación de las libertades sindicales y el despido ilegal, negando tres sentencias firmes. Dos horas duró la vista en el juzgado nº 3 de lo Social de Gijón (Asturias) el día 12 de agosto de 2009. Una veintena de documentos fueron presentados para […]
Naval Gijón y PYMAR «envían» a sus respectivos abogados para defender la conculcación de las libertades sindicales y el despido ilegal, negando tres sentencias firmes.
Dos horas duró la vista en el juzgado nº 3 de lo Social de Gijón (Asturias) el día 12 de agosto de 2009. Una veintena de documentos fueron presentados para acreditar que PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) controla todas las actividades de Naval Gijón y decide cada paso del astillero, incluyendo el despido ordenado contra Juan Manuel Martínez Morala, miembro del Comité de Empresa y perteneciente a la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, del que fuera ex Secretario General.
Morala demandó a Naval Gijón y a PYMAR por conculcar los derechos sindicales, por la ilegalidad del despido y, también, por la negativa de la empresa a readmitirle después de las tres sentencias dictadas a su favor, primero por el Tribunal de lo Social de Gijón, después por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y por último por el Tribunal Supremo. Así las cosas Morala, asistido por una procuradora y por una abogada del sindicato, se sienta en el banquillo mientras que, a los demandados les basta con enviar a sus «abogados» y escudarse en el anonimato. Claro que los abogados eran los representantes «legales» de las respectivas empresas demandadas, pero no es menos cierto que los responsables de la conculcación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, no sólo no son perseguidos de oficio por el ministerio fiscal ni por la juez, sino que ni les es necesario pasar por el sonrojo de estar presentes en el juicio.
Que las dos empresas se mofaron reiteradamente de los derechos sindicales y se burlaran abiertamente de la Constitución es un hecho probado por las tres sentencias consecutivas dadas por los tribunales más arriba mencionados. Estas sentencias son firmes e irrevocables, Pero, en cambio, ni lo uno ni lo otro parece tener validez, porque si con todos los predicamentos favorables y a la luz del día ambas empresas se niegan a acatar las sentencias, sin cumplir quedan éstas y no ha pasado nada.
Y tan es así, que pareciera que con un simple escrito a cualquiera de los Tribunales que ya se pronunciaron bastaría para que éstos dieran la orden inexcusable para que sus sentencias se cumplan, pero no, de nuevo fue necesario escuchar a la defensa de Naval Gijón y de PYMAR, de los demandados, y sus repetidos alegatos poniendo toda clase de trabas, argumentos e intentando rebatir las sentencias ya firmes, incluyendo la del Tribunal Supremo.
Conviene recordar que PYMAR es una empresa pública perteneciente mitad al Ministerio de Industria y el 50% restante a la Consejería de Industria de Asturias y que su Consejero Delegado, Graciano Torre, es a su vez, el Consejero de Industria del Gobierno de Asturias.
Sirva también de apunte, que es precisamente el Gobierno asturiano, a través de su Consejero Graciano Torre, el que se encargó del despido, de la conculcación de los derechos sindicales y de la no admisión del trabajador, de Morala. Las órdenes fueron nítidas y claras, lo mismo que la responsabilidad de quienes las dieron, ellos también tienen nombre y apellidos pero ninguna responsabilidad ni penal ni política: son irresponsables.
Seguramente es «legal» que las sentencias en lo laboral no se cumplan y tampoco el desagravio correspondiente a la conculcación de los derechos sindicales y, principalmente, cuando está implicado el Gobierno, del PSOE e IU como en este caso, pero precisamente esto es lo más grave con mucho; es muy grave que todo ello sea «legal». Al menos lo es para los trabajadores, no para el poder político ni para el poder económico.
Cuando esto es así, y cuando ya es el 4º o 5º juicio en el que estas dos empresas son condenadas por lo mismo y se reiteran una y otra vez en burlar libertades sindicales y todo queda en una discreta sanción económica, es que el Estado de Derecho no es tal, sino un pobre sucedáneo. Todo indica que a la inmunidad se le asocia la impunidad.
Medio centenar de personas acudieron al juicio entre los que se encontraban dos ex secretarios la CSI, Redondo, Cándido González Carnero y el actual secretario Samuel Fernández pero, al igual que los demandados, no acudieron los denominados medios de comunicación.
La abogada demandante de la CSI, representando a Morala, pidió la no consideración del despido de hace cuatro años y la compensación económica que desde entonces le correspondiera como trabajador y mantuvo la petición de una indemnización de 100,000 euros para de la CSI, por los graves perjuicios causados al sindicato. Contrariamente, la fiscal no consideró procedente indemnización alguna para la CSI, pero sí solicitó, en cambio, 6.000 euros de indemnización para Morala. La juez cerró la vista concluyendo que quedaba visto para sentencia.
Morala declaró a la salida del juicio que desde que se privatizaron los astilleros comenzó la ruina para ambos, refiriéndose a Juliana, abocada al cierre, y a Naval Gijón. Y, añadió, que los terrenos que ocupan ambos astilleros, cerca de 300.000 m2 bordeando la bahía de Gijón, servirán, sin duda, para seguir con más ladrillo y más edificaciones y también para pagar las numerosas obras sin sentido emprendidas por el gobierno asturiano y el municipal de Gijón, disminuyendo el empleo continuamente y no para crear más puestos de trabajo.