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El fiscal, y el Delegado del Gobierno, piden 35 años de cárcel y 65.000 euros de multa

Juicio contra catorce jóvenes antifascistas en Cangues de Onís, Asturias

Fuentes: Rebelión

De un tiempo a esta parte la juventud viene sufriendo una escalada de represión sin precedentes en todos los ámbitos de la esfera social, tanto directa, como indirectamente. Los próximos días, del 20 al 25 de abril, se va a celebrar un juicio en el juzgado penal Nº 3 de Oviedo, contra catorce jóvenes antifascistas, […]

De un tiempo a esta parte la juventud viene sufriendo una escalada de represión sin precedentes en todos los ámbitos de la esfera social, tanto directa, como indirectamente.

Los próximos días, del 20 al 25 de abril, se va a celebrar un juicio en el juzgado penal Nº 3 de Oviedo, contra catorce jóvenes antifascistas, acusados de participar en una manifestación, en Cangas de Onís, en septiembre de 2005, contra otra manifestación ultraderechista, legalizada y autorizada por el Delegado del Gobierno en Asturias Antonio Trevín. Por este supuesto delito, la fiscalía solicita, nada más y nada menos, que 35 años de prisión y 65.000 € de sanciones y, todo esto, por increíble que parezca, ocurre en un país en el que dicen que disfrutamos de un Estado Democrático y de Derecho.

No es admisible, de ningún modo, que esta sinrazón se produzca en una localidad tremendamente machacada por una dura crisis económica, en donde los jóvenes son doblemente castigados por esta situación.

Todos los días estamos viendo cómo, de forma sistemática, se lanzan campañas de criminalización contra la juventud que van acompañadas de duras medidas represivas. El ejemplo más reciente lo pudimos presenciar en Barcelona, contra los universitarios, por su rechazo al plan Bolonia. Y, todo esto porque, en el Estado Español, el nivel de descontento aún no se ha expresado de manera politizada ni generalizada, aunque cabe esperar una explosión por parte de la juventud, a medio plazo, puesto que el cóctel que supone no poder sobrevivir en el actual modelo social, junto con las medidas represivas que están poniendo en marcha, hacen prever que las condiciones que ahora dicta el Gobierno ya no son tan propicias como cuando empezó la legislatura y, por ello, les va a resultar más difícil aplicar su plan de recortes, de libertades y de precarización.

Con un Gobierno que ya no puede seguir tirando de gestos «sociales» y en una situación material cada vez más dura para la juventud, hace que todo ello pueda ocasionar un fuerte movimiento social, aunque esta juventud se encuentre todavía en un estado de alejamiento de la lucha organizada y consciente.

La juventud, a lo largo de la historia ha sido, en muchos casos, la chispa que ha salido a la calle y después ha arrastrado a los trabajadores creando procesos revolucionarios. Esta es la verdadera razón y no otra, por la que los jóvenes sufren esta dura represión.

Estamos ante una espiral de represión contra jóvenes y trabajadores que es imprescindible detener. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este ataque.

El Delegado del Gobierno Antonio Trevin, la justicia y la policía, Instituciones, todas ellas, entregadas al servicio de la ideología capitalista, se convierten en el brazo ejecutor de la más dura represión que nos recuerda la peor época del franquismo, pero que hoy, se produce gobernando la izquierda en nuestro país cuya represión tiene como objetivo el recorte de las libertades y de los derechos para evitar que en el futuro se sigan produciendo nuevos focos de resistencia. Tratan de propiciar, de esta forma, la sumisión de la juventud y su insolidaridad con las luchas sociales.

En definitiva, el proceso judicial contra estos catorce jóvenes es un atentado Institucional dirigido por el Gobierno Socialista contra las libertades y el Estado de Derecho.

¿Qué Democracia, qué libertad y qué Estado de Derecho puede impedir a los jóvenes que defiendan sus derechos y que sean antifascistas y antirazistas?

La represión que están ejerciendo contra los jóvenes se irá incrementando mucho más. Y, si los condenan a prisión, tendrá serias consecuencias para todos los movimientos Sociales.

No podemos permitir que esta situación se produzca, hoy más que nunca, la Sociedad asturiana que sufre de forma tremenda las consecuencias de la crisis económica, debe seguir impulsando la lucha colectiva contra gobiernos y empresarios que aplican medidas represoras con toda dureza, contra los jóvenes y trabajadores y, exigir la retirada de la denuncia por parte de la Delegación de Gobierno, contra los catorce jóvenes procesados. Participando para ello en la manifestación de apoyo que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril a las 18 horas en Oviedo. Y, asistiendo también al juicio para expresar nuestro rechazo contra un Gobierno denominado progresista y de izquierdas pero que mete en la cárcel a jóvenes y a trabajadores por el simple hecho de defender, no sólo sus derechos, sino también los de una Sociedad más justa, más libre y más igualitaria.

Cándido González Carnero ex Secretario General de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI.