Quince personas se enfrentan a una petición fiscal de 6 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y a una posible indemnización de 40.000 euros. Han pasado siete años del verano de 2007 en que quedaron en evidencia las contradicciones y los riesgos del modelo ferroviario basado en la alta velocidad. Aquel verano […]
Quince personas se enfrentan a una petición fiscal de 6 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y a una posible indemnización de 40.000 euros.
Han pasado siete años del verano de 2007 en que quedaron en evidencia las contradicciones y los riesgos del modelo ferroviario basado en la alta velocidad. Aquel verano estuvo marcado por las sucesivas movilizaciones que denunciaban, desde diferentes ámbitos, las secuelas presentes y futuras de la flamante alta velocidad: el empeoramiento de la red de cercanías fruto del desvío de recursos hacía el proyecto faraónico del TAV (AVE), las molestias y la degradación de las condiciones de vida de las personas que vivían en las zonas colindantes a las obras, y las consecuencias ecológicas, ambientales y sociales de un modelo construido para las necesidades de una élite y el beneficio de un reducido grupo de multinacionales.
Fruto de estas protestas los próximos 27 y 28 de febrero se celebra un juicio en la llamada Ciutat de la Justícia que no sienta en el banquillo a directivos de ADIF y RENFE, sino a quienes reflejaron el profundo malestar social que se vivía en aquellos momentos entre el vecindario de diferentes barrios y entre los usuarios del servicio de cercanías. Durante dos días, quince personas que accedieron a un punto de las obras situado a la altura de la estación de metro de Santa Eulalia para denunciar, serán juzgadas por desórdenes públicos. La protesta, desarrollada a primera hora de la mañana, consistió en la colocación de diferentes pancartas en las grúas de las obras que en aquellos momentos se encontraban inactivas, llamando a la participación del vecindario de los alrededores, y se prolongó durante algunas horas hasta que los Mossos d’Esquadra fueron accediendo a la zona de la protesta para desalojar a quienes participaban.
Siete años después quince personas se enfrentan a una petición fiscal de 6 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y a una posible indemnización de 40.000 euros (que la empresa inicialmente tasó en 220.000 euros).
Era una más de las numerosas respuestas que se dieron en ese contexto para poner de manifiesto las consecuencias sociales de la alta velocidad. Un sentimiento que contrastaba con el discurso de desarrollismo triunfalista especialmente palpable entre la clase política catalana, para la cual la palabra «infraestructuras» suele servir para generar férreos consensos, impermeables a las protestas y a las críticas. Motines de pasajeros hartos de los retrasos en cercanías, movilizaciones de los grupos vecinales de Sants que llevaban años reclamando soterrar las vías que atraviesan el barrio o caceroladas de vecinos afectados por las obras pusieron en tela de juicio a nivel social una obra incuestionada para todo el arco político y empresarial.
Este juicio se celebra, paradójicamente, meses después de la muerte de setenta y nueve personas en el Alvia Madrid-Santiago, en cuyo sumario judicial se muestran indicios de numerosas irregularidades por parte de ADIF. Unos hechos donde, más allá de su desarrollo judicial, se ha hecho patente la irracionalidad y los riesgos de una apuesta por la alta velocidad, cuyos principales beneficiarios son un puñado de grupos empresariales especializados en la concesión de la construcción y la gestión de grandes infraestructuras.
No podemos olvidar que el juicio también coincide de leno con la campaña ‘Stop Pujades’, una de las últimas expresiones de rechazo popular a la política de transporte público que aumenta y aumenta las tarifas sin tocar un céntimo de los altos directivos.
El 27 y 28 de febrero quince personas estarán en el banquillo de los acusados de todo este desorden público.