Juicio penal por izar la bandera republicana en un edificio público

Ya se conoce la fecha del juicio: 4 de octubre, a las 11:00 horas, en el Juzgado de lo Penal, número 5 de Madrid.

Breve sinopsis

La acción se remonta al 14 de mayo de 2006, la detención se produjo el mismo día y la puesta en libertad con cargos, 27 horas más tarde, con obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. Petición fiscal: un año de cárcel e inhabilitación especial para sufragio pasivo (no poder presentarse a elecciones), y cerca de 5.000 euros de multa, además de pagar los 40 euros que costó la rojigualda que se perdió tras ser arriada para sustituirla por la tricolor, y algo más de 3.000 euros en concepto de honorarios por asistencia letrada y procudadores.

Caso completo

El 14 de mayo del año pasado, durante el desarrollo del «reclama las calles» que siguió a la primera de las sentadas Por una vivienda digna y contra la precariedad laboral, al pasar frente a la sede de los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo, que se encuentra en el 19 de la Gran Vía, en Madrid, Jaume d’Urgell decidió escalar la fachada del edificio y acceder al mástil donde se encontraba la bandera rojigualda -rebelde, impuesta por las armas, franquista y monárquica-, para arriarla e izar la tricolor en su lugar -legítima y republicana, elegida en las urnas-.

No hubo resistencia, se trató de un acto de desobediencia civil pacífica; tampoco hubo intención de ocultarse, la acción se llevó a cabo a cara descubierta, ante unas 2.500 personas; no hubo destrozos ni se dañó el mobiliario urbano, ni ninguno de los elementos decorativos del edificio; tampoco se vejó la bandera rojigualda, no se le prendió fuego, ni se le escupió o pisoteó, simplemente retiró la bandera rojigualda para expresar la opinión de que aquel no es lugar para un símbolo militar rebelde, fascista y antidemocrático.

Tras eso, siete efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Brigada de Información, vestidos de paisano, estuvieron siguiendo a Jaume durante cerca de una hora y media, sus números de identificación profesional son: 64.584, 70.175, 81.752, 88.934, 47.266, 85.489 y 66.228. En cuanto vieron la posibilidad de arrestarle sin llamar la atención del resto de manifestantes, dos de ellos se abalanzaron sobre él, doblándole las muñecas para inmovilizarle y le condujeron a las inmediaciones del palacio del Senado, frente al cual se encontraban en ese instante. A diferencia de lo que les ocurriría dos días más tarde a Eduardo y Naiara, dos jóvenes comunistas de Madrid, Jaume no sufrió torturas en ningún momento.

Más tarde presentarían un atestado policial con la hora del arresto falseada, a fin de poder imputarle la autoría de unas lesiones ocurridas dos horas más tarde de haberse producido la detención. Entre las falsedades relatadas por los policías destacan los supuestos insultos del acusado a los agentes y la destrucción del mobiliario urbano, embustes con los que se pretende dar cuerpo a la falsa imputación de Desórdenes públicos. Asimismo, la policía pretende demostrar que Jaume organizó y dirigía la manifestación (él solo), lo que evidentemente es falso, entre otras cosas porque ese mismo día acababa de regresar de su viaje de boda, y además, hasta ese momento ni siquiera había asistido a las reuniones preparatorias.

Jaume fue puesto en libertad con cargos 27 horas más tarde, habiéndose negado a declarar ante la policía -en su lugar lo hizo más tarde, ya en sede judicial-. Se decretó la obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días, situación que se ha prolongado durante más de un año.

Por la acusación de Desórdenes públicos (artículo: 557.1 del Código Penal), el fiscal solicita una condena de un año de cárcel, y por la acusación de Ultraje a España (artículo 543 del Código Penal), solicita 11 meses de multa, a razón de 12 euros por día.

El juicio, será el próximo día 4 de octubre (un jueves), a las 11:00 de la mañana, en el Juzgado de lo Penal número 5, de Madrid. El juez de este juzgado es Francisco Ferrer Pujol, conocido entre otros casos, por haber absuelto a las personas acusadas en el caso del Laboratorio3.