El Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia inició el lunes el juicio de faltas por las cargas policiales ocurridas el 6 de abril de 2010 en el barrio del Cabanyal (Valencia), cuando vecinos y políticos de izquierda trataron de frenar el derribo de varios inmuebles en el marco del proyecto especulativo -la ampliación de […]
El Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia inició el lunes el juicio de faltas por las cargas policiales ocurridas el 6 de abril de 2010 en el barrio del Cabanyal (Valencia), cuando vecinos y políticos de izquierda trataron de frenar el derribo de varios inmuebles en el marco del proyecto especulativo -la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez- que el Ayuntamiento de Valencia promueve para esta barriada.
El juicio verbal, que se prolongará durante tres días en la Ciudad de la Justicia, sienta en el banquillo a tres vecinos -entre ellos, el exportavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustino Villora- y a la diputada del grupo Comprimís, Mónica Oltra, a quienes la policía local denuncia por desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.
El juez tendrá que resolver, asimismo, sobre las denuncias presentadas por la portavoz de EUPV-IU en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, y las militantes de base de la misma formación, Rosana Montalbán y Esther Sanz, contra agentes de la policía por las agresiones que sufrieron durante las cargas.
Respecto a las denuncias, Salvem el Cabanyal asegura en un comunicado que «nos juzgan por haber estado allí, presenciando los hechos, en un acto libre y de forma pacífica, mostrando su solidaridad con el barrio ante las irregulares demoliciones que se estaban produciendo, y que han dejado finalmente solares y un espacio vacío y degradado».
«Sólo pretendíamos proteger las casas de la destrucción y el patrimonio del barrio», aseguran. La plataforma explica asimismo que la policía, presente desde primera hora, procedió a acordonar la zona y rodear a los asistentes, sin permitir en ningún caso la entrada y salida de personas. Unas horas después se produjeron duras cargas policiales con el resultado de varios heridos.
«Estos hechos evidencian el daño y la premeditación con que las excavadoras fueron enviadas al barrio y justifica la presencia ciudadana y política en la calle», subraya el comunicado de Salvem el Cabanyal.
Numerosos testimonios y grabaciones de vídeo ponen de manifiesto la brutalidad de las cargas. Pese a acreditar su condición de diputada, la coordinadora y diputada de EUPV-IU, Marga Sanz, fue conducida a rastras por la policía local y aseguró haber recibido golpes.
Otra de las denunciantes, Rosa Montalbán, asegura que, con los inmuebles ya derribados «y sin mediar provocación, la policía nacional nos propinó patadas y golpeó con las porras de manera salvaje; me rompieron el brazo y estuve seis meses de baja». También recibió patadas y porrazos de los agentes, Esther Sanz, quien se encontraba en primera fila cuando comenzaron las cargas.
El Cabanyal-Canyamelar es un barrio marinero de Valencia, de unos 20.000 habitantes, amenazado por la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez que impulsa el Ayuntamiento de Valencia. La materialización de esta iniciativa partiría el barrio en dos, dañaría de manera irreparable los edificios históricos y la trama urbana del barrio y, sobre todo, implicaría el derribo de 1.651 viviendas con un perjuicio directo para 1.200 familias.
La barriada destaca por su ubicación estratégica. Se halla en la playa, a un kilómetro de la Universidad, a dos kilómetros del centro de Valencia, junto al puerto y muy cerca de la Valencia de los grandes eventos y las obras faraónicas (Copa América, Fórmula 1 y Ciudad de las Artes y las Ciencias). Salvem el Cabanyal asegura que el gobierno de Rita Barberà fomenta durante años la degradación y deterioro del barrio para justificar la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez como única salida viable.
Además de las movilizaciones en la calle, la plataforma Salvem el Cabanyal ha planteado una batalla jurídica contra el Ayuntamiento de Valencia que se prolonga durante años, y que ha llevado a que la cuestión del Cabanyal trascienda con mucho el ámbito local. Los hechos que se juzgan estos días en la Ciudad de la Justicia tienen mucho que ver con la contienda judicial.
Reclamada por el Tribunal Supremo, una Orden del Ministerio de Cultura de diciembre de 2009, durante el mandato de Rodríguez Zapatero, determinaba que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar provocaba (a pesar de su denominación) un «expolio» (figura jurídica reconocida por la Constitución) del conjunto histórico del barrio. Se instaba, en ese sentido, al Ayuntamiento de Valencia a modificar el PEPRI.
Los derribos de las casas y las consiguientes cargas policiales del 6 de abril tuvieron lugar el mismo día que el DOCV (el BOE de la Comunitat Valenciana) publicaba la entrada en vigor de la Ley de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad (aprobada por la Generalitat). El sentido de esta ley era afirmar que el PEPRI no perjudicaba al barrio, a la vez que se pretendía derogar la Orden del Ministerio de Cultura. Por eso, Salvem el Cabanyal considera que los derribos del 6 de abril no fueron sino «un acto de poder político por parte del Ayuntamiento».
La Orden del Ministerio de Cultura cuenta con el aval de la Audiencia Nacional. En estos momentos, resta el último escalón: el conflicto de competencias presentado por la Generalitat Valenciana ante el Tribunal Constitucional, en el que debe dirimirse si el Ministerio de Cultura tiene o no competencias para pronunciarse sobre este particular.
En la calle, en el día a día, pese a algunas mejoras advertidas por los vecinos, prosigue el deterioro del barrio y el consistorio mantiene su idea de sacar adelante el proyecto. Más a nivel propagandístico que otra cosa, pues tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se han frenado las expectativas. Vecinos a favor y en contra de la ampliación se han unido en una plataforma que orille por el momento las diferencias, para pedir a las Administraciones Públicas soluciones que mejoren la vida cotidiana en el Cabanyal: limpieza, gestión de parques públicos, cierre de solares o viviendas municipales de alquiler. Soluciones para la política del día a día.
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