Esta semana arranca el primer proceso contra jóvenes vascos de una serie de juicios en que, por vez primera, se piden ocho años de cárcel añadidos por pertenecer a Segi. Los afectados creen que la condena será «ejemplarizante y política». Rubalcaba y Ares no ocultan que este sector está en su punto de mira. Esta […]
Esta semana arranca el primer proceso contra jóvenes vascos de una serie de juicios en que, por vez primera, se piden ocho años de cárcel añadidos por pertenecer a Segi. Los afectados creen que la condena será «ejemplarizante y política». Rubalcaba y Ares no ocultan que este sector está en su punto de mira.
Esta próxima semana, ocho jóvenes vizcainos deberán hacer frente a una petición fiscal que asciende a ocho años de prisión. Sus edades rondan entre los 18 y los 27 años y seis de ellos llevan ya desde enero del pasado año encarcelados a cientos de kilómetros de sus amigos y familiares. La acusación consiste en pertenecer a Segi, una organización juvenil con gran extensión entre la juventud vasca y que, como mejor prueba, en algunos de sus actos ha reunido a más de 15.000 personas. Sin embargo, que el Tribunal Supremo español fallara en su contra en enero de 2007, ser acusado de formar parte de esta organización juvenil es sinónimo de «pertenecer a una organización terrorista», por lo que el acusado se juega pasar de la juventud a la edad adulta entre rejas.
Estebe Gaindiaga, Urko Pagoaga, Ainhoa Pagoaga, Eneko Ostolaza, Borja Oregi, Iban Etxebarria, Eneko Etxaburua y Zaloa Zenarruzabeitia son los jóvenes que se sentarán a partir del martes en el banquillo, pero tras ellos llegarán decenas y decenas más, ya que el patrón utilizado contra estos jóvenes arrestados en la redada de Lea Artibai está siendo calcado para actuar en contra de los arrestados en Donostia, en Oarsoaldea o en Iruñerria.
Pocos días después de que ETA anunciara el cese del alto el fuego decretado en marzo de 2006, el Ministerio de Interior español y poco más tarde su homologo francés colocaron a la juventud vasca en su particular diana. En poco más de dos años, y tras recorrer todos y cada uno de los herrialdes que componen este país, más de 150 jóvenes se han visto inmersos en diversas razzias, que incluyen arresto, incomunicación y cárcel en muchos de los casos.
«Segar la cantera»
La markindarra Ainhoa Pagoaga fue arrestada junto a su hermano y seis jóvenes más en el operativo ordenado por el juez Fernando Grande-Marlaska. Ella y Eneko Etxaburu corrieron mejor suerte y quedaron en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional española, pero aun así, un año y medio después de su arresto no ha encontrado las palabras para expresar lo que le supuso aquellos días en manos de la Policía española. A las puertas del juicio afirma no esperar nada de él y se muestra convencida de que la sentencia lleva tiempo escrita, «porque será una sentencia política, al igual que lo será el juicio», vaticina en tono tajante.
La joven recuerda que los ocho jóvenes que fueron sacados a la fuerza de sus casas por agentes encapuchados aquel 23 de enero eran muy conocidos en la comarca por su labor diaria en favor de espacios autogestionados, en pro de los derechos estudiantiles u organizando fiestas populares.
Todos y cada uno de estos operativos han tenido la kale borroka como argumento de forma, pero la intencionalidad de fondo ha quedado en evidencia en diversas declaraciones de mandos policiales del PSOE. Esta misma semana, el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, apuntaba que «la Ertzaintza seguirá tratando de segar la cantera de ETA». Desde el verano de 2007, justo tras la ruptura del proceso de negociación, el ministro español Alfredo Pérez Rubalcaba ha insistido en lanzar un mensaje a medio camino entre la venganza y la justificación de operaciones que admitía como meramente preventivas: «Un alto porcentaje de ETA proviene de la kale borroka».
Esta filosofía ha sido utilizada por instituciones y medios de comunicación para vender cada uno de los operativos policiales. Por ejemplo, las autoridades navarras propagaron pocos días antes de que se iniciaran las redadas en Iruñerria que las acciones de kale borroka habían ascendido un 170% en 2007 en esta zona. Ahora, un año después de los arrestos y coincidiendo con el inicio del curso judicial, se congratulan por contra de que «ha descendido en Navarra un 60%».
Tanto Pagoaga como Beñat Apalategi e Irati Mujika, jóvenes de Donostia y Amezketa imputados en sumarios similares, están totalmente convencidos de que detrás de estos operativos no hay una lucha contra la kale borroka, ni siquiera una cruzada contra Segi, sino que lo que buscan es «detener el trabajo que la juventud hace en favor de Euskal Herria». En definitiva, opinan que se pretende «detener el testigo generacional en la lucha por la independencia». Apalategi va más allá y asegura que lo que el Estado español pretende con ello es «paralizar a la juventud vasca», por lo que prevé una «condena ejemplarizante que expanda el miedo».
En este sentido, Pagoaga recalca que a partir del martes será juzgada por ser una militante política, y afirma que será exactamente eso lo que encuentre el magistrado Fernando Grande Marlaska ante él: ocho jóvenes comprometidos y que reclaman la independencia. Para que quede más evidente, como adelantaron el viernes, los imputados vestirán las características camisetas rojas en favor de la independencia.
Nueva doctrina y dobles juicios
El juicio contra estos jóvenes de Lea Artibai abre una cadena de juicios contra la juventud vasca, y es que los jóvenes arrestados en las redadas policiales de Donostia y Oarsoaldea ya están procesados y a la espera de que el juez del tribunal especial Fernando Grande Marlaska fije fecha para el juicio. El de esta semana es el primer proceso judicial desde la sentencia del Supremo en la que calificó a Jarrai, Haika y Segi de «organizaciones terroristas». Esta vuelta de tuerca no sólo sirvió para blindar la teoría de Garzón de «todo es ETA» y sentar así precedentes de cara a otros sumarios como el 18/98. A partir de ahí, además, medios de comunicación, cuerpos policiales y jueces se han referido a las siglas de Segi para actuar contra estas decenas de jóvenes y poder acusarles, además de las acciones de kale borroka que quieran imputarles, de ser parte de una organización terrorista.
Por este motivo, la mayoría de los jóvenes encausados, tanto en éste como en los juicios que vendrán después, no sólo deberán enfrentarse a la petición de ocho años de cárcel por su supuesta integración en Segi, sino que a la mayoría de ellos se le achaca alguna acción de kale borroka, por lo que volverán a sentarse en el banquillo. Y la mayoría lo hará en más de una ocasión, ya que estos sabotajes serán juzgados como piezas separadas, es decir, una por una. Este hecho conllevará que peticiones fiscales de 38 años de cárcel por sabotajes, como en el caso del iruindarra Hodei Ijurko, se conviertan en una constante.
Apalategi, que ha permanecido quince meses en prisión después de ser detenido en las escalinatas de la Audiencia Nacional cuando se disponía a presentarse ante el juez, repasa la supuesta base probatoria utilizada por la Fiscalía, que se divide en tres bloques: elementos incautados en las viviendas de los jóvenes, inculpaciones y autoinculpaciones arrancadas durante el período de incomunicación, y sabotajes nunca juzgados que se les intentan atribuir.
Pañuelos, CDs, camisetas, mecheros…
Empezando por el primero, CDs de música, pañuelos de fiesta, camisetas, mecheros, pegatinas, boletos o DVDs son las «pruebas» halladas en domicilios de los jóvenes para vincularlos con Segi. Son elementos, que como incide Apalategi, se podrían encontrar en cualquier vivienda.
Se añaden las autoinculpaciones y las inculpaciones a terceros obtenidas durante el período de arresto, sin tenerse en cuenta si el detenido las ha negado después ante el juez o ha denunciado malos tratos. Cualquier testimonio cobra carácter probatorio.
La existencia de un largo listado repleto de jóvenes de Iruñerria que podrían ser detenidos en cualquier momento -la llamada «lista negra»- es una de las consecuencias más significativas. Y es que ése es el esquema seguido en los operativos policiales: en una primera fase se arresta a varios jóvenes a los que se les arranca distintas declaraciones policiales sobre terceros; después éstos son arrestados; y se conforma con ello una lista de cara a futuras necesidades policiales.
Mujika fue arrestada en uno de estos operativos que se ensañaron con Iruñerria y cree que es más duro incluso estar en esa «lista negra» en la que «no sabes lo que pasará contigo». Pese a todo tanto Mujika como Apalategi y Pagoaga quieren subrayar que «aquí no acaba nada». «Quieren encarcelarnos durante años por reclamar la independencia y sólo conseguirán que cientos de jóvenes la sigan reclamandola en todos los pueblos y barrios», afirma Mujika.
Como muestra de ello recuerda que la juventud vasca lleva 30 años «organizándose y luchando por una sociedad más justa y una Euskal Herria independiente». Tienen claro que las anteriores generaciones han sufrido la represión al igual que ellos la están sufriendo ahora en sus carnes, «pero han salido adelante, como lo haremos ahora nosotros», afirman, dando ánimos así a quienes vengan detrás.
http://www.gara.net/paperezkoa/20091011/160938/es/Juicios-ejemplarizantes-estela-caso-Segi