Los represaliados por Franco se estrellan contra los jueces. Los denunciantes de Garzón, herederos del franquismo, sí encuentran el amparo judicial para exaltar la violencia del régimen.
El auto del juez Luciano Varela contra Baltasar Garzón ha sido un duro golpe para las víctimas del franquismo. Hartos de que los juzgados territoriales no hicieran caso a sus denuncias cuando encontraban fusilados en las fosas, acudieron a un tribunal central como es la Audiencia Nacional. Garzón finalmente devolvió el asunto a más de 60 juzgados territoriales y estos, en su gran mayoría, han archivado la causa.
El médico forense de la Universidad del País Vasco, Francisco Etxebarria, define así el desamparo judicial de las víctimas de los crímenes del franquismo: «Es la historia al revés. Sus padres y abuelos republicanos fueron condenados por rebelión cuando habían sido leales al Gobierno. Y ahora, el juez que por fin les atendió es juzgado por la admisión de una denuncia de Falange Española de las JONS».
Los denunciantes que han sido apoyados por el Tribunal Supremo campan a sus anchas en su constante apología del franquismo. Los versos del Cara al Sol siguen escuchándose en la explanada del Valle de los Caídos cada 20 de noviembre o en el cementerio municipal de la Almudena como el pasado miércoles o ayer para homenajear los caídos de la División Azul. La Policía se limita a evitar la violencia en estos actos.
Falange Española, partido heredero de la dictadura, pide ayuda en su web para reunirlos 6.000 euros de fianza que supuestamente le exigirá el Tribunal Supremo para alcanzar su objetivo de «sentar en el banquillo a Garzón». Junto a esta petición incluyen otros eslóganes de sus campañas: «Bibiana no seas inhumana. Abortar es matar a un ser humano inocente», o «Ni un soldado fuera de nuestras fronteras. No a las guerras de Zetapé«.
Etxebarria ha contribuido a localizar y dignificar más de 200 fosas y a exhumar más de 2.000 cuerpos. «La solución es una comisión de la verdad compuesta por todo tipo de personas neutrales y objetivas. Con políticos y jueces. Hasta Amnistía Internacional le ha exigido al Gobierno que cree una fiscalía especial», opina.
La ley de la memoria, aprobada en diciembre de 2007, no ha evitado que los fanáticos franquistas mantengan su agenda, ni que las víctimas reciban justicia. «Parece que tratan de poner muros a las víctimas. Cuando Garzón se puso en marcha, la Fiscalía advirtió: por aquí no, esto es de los territoriales. Cuando acuden a los juzgados, lo mismo: por aquí tampoco. La justicia siempre ha sido un callejón sin salida para las víctimas del franquismo», opina el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. El presidente del Foro por la Memoria, José María Pedreño, lamenta que uno de los argumentos que siempre ha utilizado la justicia para dar el portazo a las víctimas sea la Ley de Amnistía de 1977. «Hasta la ONU ha dicho que no puede ser tenida en cuenta y el Gobierno como si no fuera con ellos», critica.
La repulsa internacional al juicio contra Garzón podría provocar que la investigación de los crímenes del franquismo llegara desde un tribunal internacional. Una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría tener en cuenta que los crímenes cometidos por los golpistas del 18 de julio de 1936 obedecen a un genocidio que ha quedado impune.
Como en los Balcanes
El comisario de la memoria histórica de la Junta de Andalucía, Juan Gallo, no tiene duda de que la apertura de las fosas está dejando al descubierto un genocidio. «La fosa de San Rafael en Málaga tiene 4.000 cuerpos de personas que fueron masacradas por los golpistas. Es una fosa comparable a las peores de los crímenes de Stalin o a la de Srebrenica en los Balcanes», opinó en unas Jornadas de Derecho y Memoria Histórica celebradas la pasada semana en la Universidad Carlos III de Madrid.
Otra de las vías judiciales abiertas contra el franquismo también se encuentra viva en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ha solicitado la extradición a EEUU de tres oficiales de las SS que participaron en los crímenes nazis en los campos de concentración en los que murieron 4.300 españoles. El juez admitió una denuncia de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos que pide la investigación de la participación del régimen de Franco en el envío a los campos de exterminio de los refugiados republicanos en 1939.
Un anteproyecto de ley paralelo recoge firmas
Varios colectivos relacionados con la recuperación de la memoria, descontentos con el resultado de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, han elaborado durante el último año un anteproyecto de ley de «verdad, justicia y reparación» de las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior periodo de impunidad. El primer artículo preliminar reconoce como nulas todas las normas impuestas por la violencia más allá de la Constitución de 1931.Otros artículos establecen el derecho de las víctimas y los familiares a conocer la verdad a través de una comisión creada para su investigación.En el capítulo segundo del texto elaborado por especialistas en derecho penal internacional se establece la «inaplicabilidad de la ley de amnistía a los crímenes internacionales del franquismo». El principal coordinador del anteproyecto de ley es el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, que destaca el reconocimiento de genocidio del texto.
Fuente: http://www.publico.es/espana/294356/justicia/abierta/fascismo/cerrada/victimas