Este artículo se ha realizado con la colaboración de Lola Tiger
Los retos de la historia no deben abordarse únicamente con principios, sino también con audacia. Todos aquellos que nos sentimos republicanos hemos recibido la abdicación del rey Juan Carlos con un cierto grado de alegría. Esa alegría sin embargo está hoy por hoy del todo injustificada. Dentro del régimen en el que nos encontramos, una abdicación no significa nada más que el traspaso hereditario de la jefatura del Estado de un padre a un hijo. No nos engañemos: no se trata para nada de un éxito de estrategia republicana alguna. Además, la artillería mediática ya ha engrasado toda su maquinaria para eliminar del debate público la opción republicana, descalificándola hasta grados vergonzantes.
Se han convocado manifestaciones y movilizado medios alternativos y redes sociales para reclamar lo que en otros lugares suena a reivindicación del siglo XIX: que el pueblo vote; que la gente pueda decidir si quiere establecer una república donde elegir a su Jefe del Estado por medio del sufragio. Es hora por tanto de salir y hacer visibles los principios que unen a la causa republicana, claro que sí. Pero esta oportunidad histórica reclama también ir más allá del plano moral: exige nuestra audacia política.
La Constitución Española en su artículo 56.3 dice lo siguiente: » La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.» Es decir, está libre de ser juzgado ante la ley. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el rey abdica y, por tanto, no muere reinando? Nuestra Constitución no resuelve qué pasa con su inviolabilidad e inimputabilidad jurídica una vez deja de ser rey. Del mismo modo, tampoco existe hoy en España, una Ley de Sucesión a la Corona. En el momento en el que esa ley orgánica se establezca para materializar la abdicación de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe, con toda seguridad se hará lo posible para que el actual rey mantenga los privilegios únicos que le distinguen no sólo del resto de ciudadanos españoles, sino de prácticamente todos los ciudadanos del mundo. Me consta que tanto el PP como el PSOE están ya esforzándose para que este asunto quede resuelto en la Ley de Sucesión de la Corona que se debe redactar en las próximas semanas.
De aquí al momento en el que se apruebe esa ley para que Felipe de Borbón reciba la jefatura del Estado de su padre, es preciso que, además de las reivindicaciones legítimas e históricas de los principios republicanos, expongamos ante la opinión pública una demanda esencial: que el rey abdicado deje de ser irresponsable ante la ley y sus actos puedan ser juzgados como los de cualquier otro ciudadano. Esta reivindicación debe ir destinada por un lado a que la hoja de servicios de Juan Carlos pueda ser revisada de acuerdo a nuestro marco jurídico. Pero además debe servir para que un artículo tan desconocido por la opinión pública y execrable como el 56.3 de nuestra Constitución, adquiera la visibilidad que merece. Ese artículo debe convertirse desde hoy en el símbolo putrefacto de un régimen obsoleto que en la mayor de sus leyes privilegia a un ciudadano elegido como Jefe del Estado por un dictador sobre todos los demás.
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