Por cómo se han pronunciado los dirigentes del PP y todo su espectro reaccionario, por cómo nos amenaza la España negra con que «no saquen a la calle trapos rojos, que cuando la derecha embiste hay que coger el olivo», esa España que casi nunca gana las elecciones pero que siempre está en el poder, […]
Por cómo se han pronunciado los dirigentes del PP y todo su espectro reaccionario, por cómo nos amenaza la España negra con que «no saquen a la calle trapos rojos, que cuando la derecha embiste hay que coger el olivo», esa España que casi nunca gana las elecciones pero que siempre está en el poder, sería ingenuo pensar que estamos ante una querella de Falange y Manos Limpias contra Garzón, sino que estamos ante un episodio más de imposición del golpe de Estado de 1936 al más amplio número de ciudadanos españoles, y ya llevamos 70 años así.
No hay causa contra Garzón
A Garzón la reacción le quiere inhabilitar durante 20 años por «atribuir a personas fallecidas, como los generales Franco, Mola o Queipo de Llano, actuaciones delictivas que habían prescrito, estaban afectadas por la Ley de Amnistía de 1977 y que, además, tampoco eran de su competencia». De este modo publicaba el editorial de la La Razón, diario nada sospechoso de antifranquista, aclarando los motivos del proceso al juez.
Pero si analizamos detenidamente observaremos que no hay causa contra Garzón, sino que lo que hay es la defensa del pacto de la Transición, donde se amnistió el genocidio franquista.
En rigor, si las «actuaciones delictivas» son consideradas como genocidio conforme al derecho internacional no prescriben. En España hay 160.000 desaparecidos, haciendo de este país el segundo con más desaparecidos del planeta, juzguen ustedes mismos si esto es un genocidio o no. También 30.000 niños fueron secuestrados a sus familias y regalados a otras adeptas al régimen, privándoles de su identidad, es lo que llamamos genocidio, no hay margen de discusión.
Sobre la competencia de Garzón no sé nada. Pero tal vez, si a alguien hay que juzgar es al posible juez competente que no se ha puesto manos a la obra, renunciando a sus responsabilidades. Mas a nadie se le escapa que no hay tal juez, ya que en España tenemos un serio problema con una ley que está por encima de la ley: la Ley de Amnistía de 1977, ley de punto final española, por la cual los genocidas salieron impunes y además sus víctimas tenían que olvidar quienes eran y todo lo que habían sufrido. Esta ley pretende estar por encima de otros tratados internacionales firmados por España en materia de derechos humanos. Hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha considerado la Ley de Amnistía ilegal por considerarla equivalente a la de punto y final de Argentina. Una ley de amnistía de la que Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, considera que «en todos los países, este tipo de leyes de amnistía tienen validez durante algunos años, pero siempre acaban cayendo. La única excepción es España».
Anulación de los juicios franquistas
Existe un argumento sacado de la manga por la reacción en defensa de la Ley de Amnistía de 1977. Este dice que esta ley también hizo borrón y cuenta nueva con los presos antifranquistas. La respuesta es sencilla: nunca debieron ser detenidos. Las sentencias que les llevaron a prisión tendrían que ser anuladas por proceder de unas magistraturas establecidas por un régimen golpista. No olvidemos que en el bando republicano no sólo estaban los ideales de progreso y la defensa de los intereses de los trabajadores sino también la legalidad interrumpida, rota por un golpe de estado fascista.
Además, esta ley no acabó con las sentencias dictadas contra los presos políticos antifranquistas, pues hoy mejor que nunca se puede observar cómo tal ley no representó una ruptura democrática con el anterior régimen, sino que se dio una evolución del mismo, atada y bien atada por nuestro marco jurídico. Esto se hace explícito cuando se niegan a anular los juicios franquistas, como se ha producido en el «caso Companys», porque de otra manera se produciría la «ruptura del ordenamiento jurídico, de la seguridad jurídica y del principio de continuidad del Estado». Y ante la ilegalidad de las sentencias que pueda dictar un régimen genocida ¿cómo se puede decir que la Ley de Amnistía del 77 también sirvió para hacer borrón y cuenta nueva con los presos políticos del franquismo cuando todavía no se han anulado aquellas sentencias ilegales?
De forma lamentable la Ley de Memoria Histórica reconoce el «atado y bien atado» al no pretender romper con el principio de continuidad del Estado, al no anular las sentencias franquistas. Esta ley sólo reconoce que cada cual tiene derecho a pagarse con su dinero la búsqueda y desentierro de su familiar desaparecido. A todas luces es insuficiente.
Juicio a los genocidas franquistas
Es hora de acabar con la Ley de Amnistía de 1977 y juzgar a los genocidas. Es hora de que las víctimas del franquismo, sus hijos y nietos digamos que España va a recuperar su dignidad y que no va a permitir que los torturadores y los asesinos se paseen por las calles como si no tuviesen nada que ocultar, como si no supiésemos que sus fortunas las han amasado sobre la alfombra de sangre de sindicalistas y cuadros del movimiento obrero masacrados, como si no supiésemos que viven en un estado de excepción sin igual en el planeta que les permite estar por encima de la ley y de la justicia.
Llegó la hora, llegó el momento de decir que estamos hartos de la experiencia de derrota que lamina nuestra sociedad. Acabemos con el aprendizaje del miedo y la impotencia al que nos han sometido durante tantas décadas, aprendizaje que explica cómo esos cuatro millones de parados y todos aquellos que tienen un salario de hambre lo asumen con paciencia estoica. Tenemos que ir alzándonos, enlazando con la generación de nuestros abuelos, conectando con sus ideas para ganar el futuro.
No podemos otra vez dejar tiradas en la cuneta a la víctimas de franquismo. Perdamos el temor y reclamemos desde lo más profundo de nuestro anhelo de justicia:
1. No al juicio a Garzón
2. Anulación de las sentencias franquistas
3. Juicio a los genocidas franquistas
4. Derogación de la Ley de Amnistía de 1977
MOVILIZACIONES POR LA JUSTICIA UNIVERSAL
22 de ABRIL (20.00 h): concentración en la c/Génova frente a la Audiencia Nacional
24 de ABRIL (18.30 h): manifestación Cibeles-Sol
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