Ahora resulta que todo izquierdista de bien tiene que defender a Garzón: Juzgarle es una infamia contra la democracia. A Garzón no se le puede juzgar, «sentar en el banquillo», debe ser como el Rey, inviolable, dicen ahora los buenos republicanos… Al fin y al cabo ¿de qué se le acusa? De saltarse las leyes… […]
Ahora resulta que todo izquierdista de bien tiene que defender a Garzón: Juzgarle es una infamia contra la democracia. A Garzón no se le puede juzgar, «sentar en el banquillo», debe ser como el Rey, inviolable, dicen ahora los buenos republicanos…
Al fin y al cabo ¿de qué se le acusa? De saltarse las leyes…
Dicen que no es verdad, que no se las ha saltado… Pero hay que evitar que eso sea objeto de juicio… Como si el derecho a un juicio justo fuera el derecho a no ser juzgado cuando se llega a determinado nivel social.
Dicen que son leyes injustas, y por lo tanto un buen juez debería saltárselas, que la justicia -en suma- debe estar por encima de las leyes, es decir, justicia de fazañas como los reyes medievales -cuya potestad esencial era ésa, la de juzgar sin leyes-, o, aún más, como un rey «absoluto», cuyo significado estricto es precisamente eso, desligado de las leyes existentes, leyes que no se han de cambiar si son injustas por el que rey está desligado de ellas, de las decisiones de otros tribunales, reyes que -como dice la ranchera- «su palabra es la ley».
Se dice que está acusado por la Falange. Un extraño argumento según el cual haberse saltado las leyes o no depende de quien te acuse de ello. Y además ¿qué se supone que debiéramos hacer? ¿Ilegalizar la Falange de acuerdo con la Ley de Partidos? o mejor, ¿matarlos a todos? ¿Decretar al menos su incapacidad civil? Porque además no es cierto que sea la Falange quien ha sentado en el banquillo a Garzón sino que ha sido el Tribunal Supremo el que ha encontrado indicios de delito en un ante-juicio, garantía por cierto de la que carecemos los que no somos tan importantes.
Porque puestos a convalidar cosas ya se oyen en los diarios de la sedicente izquierda voces contra la institución de la Iniciativa Popular -excepcional institución del sistema español- que impide que el gobierno de turno tenga el monopolio de la acusación y por lo tanto se pueda encausar a los poderosos sin su consentimiento (que se lo pregunten a Barrionuevo).
¿Qué será lo próximo? ¿Convalidaremos que los «jueces monarcas» puedan intervenir las conversaciones entre un detenido y su abogado para que no se escapen los chorizos de la Gürtel? ¿Acabaremos -como Torquemada- con la garantía del proceso como parte del contenido para que no se nos escapen los culpables? Seguro que nuestros amados Ministros del Interior no tendrán inconveniente.
O aún peor ¿nos movilizaremos los trabajadores con una gran acción sindical para que se impida el juicio sobre las relaciones entre el dinero que los grandes bancos den a nuestros jueces para sus vacaciones de estudios y la posterior exoneración penal de sus presidentes?
Decía Montesquieu que la justicia por encima de las leyes es la definición de la dictadura. Hoy, día de la República ¿vamos a defender que los poderosos -aquellos que cierran periódicos (me gustaría que alguien me dijera quién impide recordar que la Egunkaria del juez Del Olmo es el mismo caso del Egin de Garzón), prohíben manifestaciones, ilegalizan partidos- lo sean por encima de las leyes, incluso de las malas leyes, porque una vez al año defienden una causa justa.
Si se pretende que la Ley de Memoria Histórica esté por encima de la Ley de Amnistía ¿no deberíamos demandárselo a Zapatero y a su mayoría en el Parlamento? Si se quieren cambiar las leyes ¿no deberíamos hacerlo desde la política? ¿Nos sentimos políticamente tan incapaces como para necesitar que un juez absoluto actúe por encima de las leyes para que éstas sean justas?
No sé quién tocó el silbato para que saliéramos todos en defensa del Rey Baltasar, pero me temo que es alguien con capacidad para crear periódicos, avalar inversiones en derechos de televisión o subvenciones a sindicatos medidamente dóciles.
No sé quién tocó el silbato para que defendiéramos al Rey Baltasar por encima de todo, pero me parece que no le preocupa demasiado que los crímenes del franquismo sean juzgados, que los juicios sean procesalmente anulados ni que los hijos de los genocidas sigan enorgulleciéndose de sus apellidos en los rutilantes consejos de administración de las empresas que se enriquecen al lado de nuestro políticos «rabanitos» (rojos por fuera, blancos por dentro y siempre al lado de la mantequilla).
Ni mucho menos que mañana nuestra administración de justicia sea un poco más frágil, un poco más dependiente de los que mandan en los telediarios y un poco más monárquica.
¡Juzguemos al Rey! ¡Viva la República!
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