Las investigaciones del fraude de las ITV son mucho más amplias de lo que en un principio se había dejado entrever. En un informe de la Agencia Tributaria se apunta al matrimonio formado por María Jesús Muro y Pedro Navarrete (expresidente de Sony en España), que iban a ser socios en el negocio de dos […]
Las investigaciones del fraude de las ITV son mucho más amplias de lo que en un principio se había dejado entrever. En un informe de la Agencia Tributaria se apunta al matrimonio formado por María Jesús Muro y Pedro Navarrete (expresidente de Sony en España), que iban a ser socios en el negocio de dos de los empresarios detenidos; el propietario de Ficosa, Xavier Pujol (Ficosa fue la compañía que se quedó la factoría de Sony cuando esta multinacional decidió deslocalizar su producción); Josep Maria Canós, director general de Energía, y el secretario general de Convergència, Oriol Pujol, así como Assumpta Farran, directora general de Calidad Ambiental y esposa del diputado de CiU Pere Macias.
En marzo pasado fueron detenidos los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou, así como el subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles y Josep Tous, presidente de la sectorial de Industria de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el hombre destinado por el partido para anular el último concurso de adjudicación de estaciones de ITV y elaborar un nuevo mapa que beneficiase a sus amigos.
Pero el informe de la Agencia Tributaria señala a todos los nuevos nombres por estar «presuntamente intentando crear la estructura operativa para obtener, de forma fraudulenta, la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de Escos (Energy Service Companys), inicialmente en el ámbito industrial y público y, posteriormente, en el ámbito residencial (particular), aprovechando la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos, en concreto Ficosa, y mediante la creación, con financiación obtenida a través de subvenciones públicas, de nuevas sociedades, participadas por algunos de los investigados, con las que participar en el concurso que el nuevo Gobierno catalán sacará en los próximos meses de nuevas licencias para operar en el mercado del servicio de inspección técnica de vehículos, con la intención de romper el oligopolio de Applus (principal operador de ITV en Cataluña, que debió reducir su peso por motivos de competencia) y RVSA ITV, en concreto dos lotes de tres ITVs cada uno».
El informe de la Agencia detalla que Josep Tous, a quien define como el hombre de confianza de Oriol Pujol para elaborar el plan, «se confirma como el ‘jefe’ de todo el proyecto, cuya función sería, de manera ‘no oficial’, intentar dar salida a la situación actual de las autorizaciones administrativas de estaciones de ITV adjudicadas en el anterior concurso, dialogando con el resto de operadores de ITV para conseguir la realización de un nuevo plan territorial y lograr la convocatoria de un nuevo concurso de autorizaciones administrativas de ITVs. Es decir, los investigados estarían llevando a cabo una serie de actuaciones tendentes a la manipulación del futuro concurso público, evitando un procedimiento de concurrencia pública al que pudieran acceder diversos operadores que fueran valorados con criterios de objetividad, al estar pactadas parte de las adjudicaciones de estaciones que salieran a concurso y obviando las necesidades del mercado«.
Legislar a medida
A lo largo del sumario hay continuas referencias al papel de Oriol Pujol en todo el proceso. El propio Tous le consultó la posibilidad de cambiar la Ley Ómnibus. «Oriol, ¿cómo te ves de fuerzas para poner en la ley ómnibus un límite de 40% de dominio en el mercado de las ITV?», escribía en un SMS al dirigente de Convergència el 26 de octubre del 2011. Horas después, Oriol Pujol le contestaba: «Hombre… complicadillo. Recuerda que no hace falta una ley. Con el actual el límite del 50% es un máximo. Se puede hacer menos vía decreto. Oriol».
Con este respaldo, el 28 de octubre, Tous daba instrucciones al subdirector de Seguridad Industrial. Le telefonea y le comenta que ya tiene casi hechos los lotes de estaciones y que le falta revisar el decreto. «He hablado con el Oriol y el Oriol me dijo… hombre, yo le he dicho que lo ponga en la Ley Ómnibus, pero me dice que es más propio del decreto, que no en la ley, una enmienda a la ley (…) entonces, el decreto creo que sigue poniendo hasta el 50% y nosotros hemos de poner hasta el 40%».
¿Qué pretendían? Sacar a concurso más estaciones de ITV y variar el mapa de las mismas para favorecer a algunos intereses. La operadora mayoritaria en el sector, Applus, estaba destinada a ser la gran perjudicada. «Applus pagará porque si no paga nos quedaremos sus ITVs y las subastamos, ¿entiendes?», explicaba Tous a Masalles.
La estrategia que se habían marcado era muy clara: para conseguir adjudicaciones de ITV, Sergi Pastor y Sergi Alsina tenían que crear una empresa solvente. En ella, querían introducir a Chus Muro y Pedro Navarrete. Así, nació Coriander Portfolio, inscrita personalmente por Pastor y a la que luego se tendrían que añadir los demás socios, aunque dudaban en si elevar sus participaciones a escritura pública o mantenerlo en secreto. Esta empresa, sería una de las fundadoras de Upprime Energy Services (UES), de la que tendría el 30% del negocio total, ya que el 70% restante estaría en manos de Ficosa y Xavier Pujol.
Las acciones fantasma de Oriol Pujol
Los investigadores sospechan que Oriol Pujol tenía intereses en todo el conglomerado, ya que interceptaron una conversación del empresario Sergi Pastor con Chus Muro en la que el primero le comunicó a su interlocutora que «Sergi [se refiere a Sergi Alsina] me transmite el apoyo total de Zumosol [apodo que daban a Oriol Pujol] en este sentido para hablar del decano para todo. Vale, perfecto… una cosa… segundo… pues ayer ya me pidió mi NIF, el NIF de Molkolan [empresa propiedad de Pastor, que es una de las accionistas de Coriander Portfolio], para solicitar el nombre para la empresa que tendremos conjuntamente con Zumosol (…) después me dijo que había enviado ya un mensaje recordándoles a Sureda [Josep Maria Sureda, director general de Industria] que le nombren consejero de Idiada [empresa pública de la que fue nombrado consejero el propio Pastor]». Otro informe del fisco subraya que «destaca el interés de Pedro Navarrete en saber si ya se ha constituido la sociedad con el accionariado acordado y cómo en ese accionariado nombra a Zumosol«.
Unos días antes, el propio Pastor dice a la misma empresaria que Tous «está cobrando de Sergi [Alsina* (…) Sergi está tratando el tema del mapa y todo con Tous«. Y asegura que el negocio de las ITV «se tiene que repartir y tendrá otros compromisos y lo está haciendo él… tendrá otras cosas que pagar… otros favores que pagar (…) acabará controlándolo todo y acabará cobrando de todos (…) Applus… porque, te explica, el mapa, de hecho, lo hizo Applus, con lo cual las zonas fueron peores que si hubiera sido un reparto más lógico. ¿Qué harán ahora con el reparto de zonas? Pues el reparto va a hacer zonas más atractivas. Si son más atractivas para alguien, son menos atractivas para Applus. (…) Es que no hay más vuelta de hoja. Más atractivas para todos es imposible. Hay alguien que pringa… pringa Applus».
La trama también crea una asociación de empresas de certificación energética, entidad que parece ser una cortina de humo para llenarse los bolsillos. Y tanto en el tema de la empresa de ITVs, como en el de la empresa que se encargará de hacer certificaciones industriales (y, con el tiempo, la revisión obligatoria en todas las casas catalanas para cobrar a 50 euros cada una), quien prepara toda la operativa es el abogado Modest Llopis, que según comentan en las conversaciones intervenidas, «es de la confianza de Oriol Pujol». Un informe de Hacienda subraya que «con tal de que las OCS [empresas de certificación energética] no desaparezcan en la Ley Ómnibus, JosepTous propondría como abogado a Modest Llopis (abogado de la confianza de Oriol Pujol, como se ha podido constatar a lo largo de estos meses). Para ello, necesitarían, por tratarse de una cuestión política, tener el apoyo y la fuerza de Oriol Pujol«. Además, se conjuran para que no se sepa que Tous está detrás de toda esta maniobra política porque les restaría fuerza.
El negocio era redondo: los integrantes cobraban de todo, porque además de querer ingresar dinero por las certificaciones, pretendían cobrar de la asociación empresarial. En este sentido, Josep Tous envía un significativo mensaje a Oriol Pujol en octubre del año pasado: «Me he olvidado de decirte que hemos quedado con Modest que los tratos son un tercio para cada uno». Y el político le responde poco después rechazando la mordida: «Yo no tengo que hacer nada, de verdad. Vosotros dos. Gracias». Y es que, como habían quedado, si la cosa salía bien, «nos lo vamos a cobrar todo». Y, en última instancia, según las conversaciones grabadas, al menos el abogado podía cobrar sus honorarios. ¿Cuánto? Habían barajado diferentes porcentajes sobre el negocio de las operadoras, pero al final también pusieron sobre la mesa una cifra provisional: 2.500 euros cada mes. Una bagatela.