La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), organismo público dependiente de la Generalitat de Catalunya que se encarga de ejecutar la política humanitaria y de cooperación al desarrollo de la Administración Autonómica respecto a los países del Sur, y de subvencionar a las ONG que a ello se dedican, presentó el pasado día 5/10/2011 […]
La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), organismo público dependiente de la Generalitat de Catalunya que se encarga de ejecutar la política humanitaria y de cooperación al desarrollo de la Administración Autonómica respecto a los países del Sur, y de subvencionar a las ONG que a ello se dedican, presentó el pasado día 5/10/2011 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solicitando el despido de 46 de los 93 trabajadores que componen su plantilla, esto es, el despido de la mitad de su personal.
Esta decisión no fue una sorpresa. Los trabajadores y trabajadoras, la oposición política en el Parlament, los medios de comunicación, las ONG la esperaban desde hacía meses, a pesar del empeño que puso el Director de la Agència, el convergente Carles Llorens, en desmentirlo.
La verdad, pues, es que el despido de la mitad de la plantilla era la consecuencia lógica de otra decisión anterior: el drástico recorte del presupuesto destinado por la Generalitat de Catalunya a las políticas de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional. El presupuesto de hasta 49 millones de € que preveía la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya en 2010 se ha visto recortado en un 55% hasta quedarse en sólo 22 millones, lo cual contrasta con los recortes de aproximadamente un 10% que se han aplicado a las restantes partidas de gasto social de las políticas públicas de la Administración autonómica catalana.
No debemos albergar ninguna duda acerca de que semejante agresión a la política de cooperación y solidaridad internacional forma parte de este ataque generalizado del neoliberalismo contra el Estado (no sólo contra el llamado «Estado del bienestar», sino contra el Estado en cuanto tal), aprovechando el «shock» creado por ellos mismos que ha desembocado en la actual crisis económica.
Las trampas del discurso neoliberal contra la cooperación internacional catalana.
Debemos defender la política de cooperación y solidaridad catalana con toda nuestra fuerza, y para ello debemos apoyar la tenaz resistencia que llevarán a cabo tanto las ONG que se dedican a la cooperación al desarrollo, como los trabajadores y trabajadoras de la ACCD que ven amenazados sus puestos de trabajo; y para ello debemos evitar caer en las trampas fáciles con las que la derecha catalana que hoy gobierna intentará embaucar a la sociedad.
En primer lugar, nos dirán que, en plena crisis, y con la (deliberadamente) mal entendida austeridad en las cuentas públicas que nos quieren imponer, no se pueden destinar a esto los mismos recursos y que se ven «obligados» a recortar el presupuesto. En realidad sucede lo contrario: la Ley de Cooperación catalana (Ley 26/2001), en su Disposición Adicional 3ª, obliga a la Generalitat a destinar, a partir de 2010, el 0,7% de sus ingresos a la cooperación al desarrollo. Este mismo compromiso, por cierto, puede encontrarse en el programa electoral con el que CiU concurrió a las pasadas elecciones autonómicas 1, si bien en dicho programa situaban el objetivo del 0,7% en el año 2015 cuando desde 2010 ya es obligatorio.
En consecuencia, no nos hallamos ante unas medidas «caritativas» y «voluntarias» de la Administración autónomica, sino ante el cumplimiento de una norma legal vinculante para la Administración, que el drástico recorte presupuestario hará totalmente imposible. Por otra parte, la proporción exagerada del recorte (cercano al 55%, cuando en los restantes gastos sociales los recortes presupuestarios del Govern de Artur Mas son del orden del 10% aproximadamente) da cuenta de una muy decidida y muy contundente voluntad política de aniquilar de facto la política de cooperación catalana, que no tiene nada que ver con la supuesta «necesidad ineludible».
En segundo lugar, nos dirán también que la plantilla de la ACCD estaba sobredimensionada y que su incremento se produjo especialmente durante la época de los gobiernos tripartitos PSC – ERC – ICV – EUiA. Se trata, esta vez, del típico argumento descalificador contra empleados públicos, del estilo de la vendetta de la también neoliberal Esperanza Aguirre contra los maestros de la escuela pública, por ejemplo. Es cierto que en los últimos años hubo un notable incremento de la plantilla de la ACCD, pero ello no es un elemento negativo en absoluto, sino todo lo contrario, un elemento extraordinariamente positivo que da cuenta de la importancia que anteriormente tenía la política de cooperación y solidaridad internacional, que llegó a convertirse, además, en un elemento de creación de puestos de trabajo tanto en el sector público como en las propias entidades humanitarias (cooperantes, etc.) que se dedican a proyectos solidarios internacionales con financiación pública. Ha sido este modelo el que ha convertido la política de cooperación catalana en un referente mundial, ampliamente reconocido allende nuestras fronteras, como no podía ser de otra manera puesto que refleja la ya emblemática solidaridad de la gran mayoría de la población catalana. Por otra parte, no debe dejar de tenerse en cuenta que la gestión de según qué magnitudes presupuestarias, si se realiza con transparencia, debe realizarse de forma eficiente y coherente, no de cualquier manera, lo cual sólo se puede lograr con un buen equipo de trabajadores especializados en la materia como pueden hallarse en el ACCD 2.
Por tanto, la plantilla existente en la ACCD es necesaria para obtener una ayuda al desarrollo con una cierta eficacia y calidad, algo a lo que el Reino de España (que incluye a la Generalitat de Catalunya) se ha comprometido internacionalmente. Por otra parte, que la creación de empleo por parte de la Generalitat de Catalunya se perciba como algo negativo que hay que limitar, es harto revelador sobre la concepción de la economía del actual gobierno catalán, que debe ponerse en relación necesariamente con los catastróficos datos de desempleo en Catalunya correspondientes a septiembre de 2011 (el peor septiembre en 15 años con más de 600.000 desempleados inscritos).
En tercer lugar, nos dirán que la magnitud de la crisis les obligará a recortar la solidaridad con los países más desfavorecidos, para centrar los recursos en los más pobres de Catalunya. Pero lo cierto es que la cooperación y solidaridad internacional, y la asistencia a los más pobres de nuestro país, no son en modo alguno cuestiones incompatibles y excluyentes, de manera que elegir uno signifique rechazar el otro. Todo lo contrario: no sólo en ambos casos se trata, sencillamente, de funciones esenciales básicas y obligatorias del Estado, sino que incluso desde el punto de vista ético las dos «solidaridades» (la interior y la exterior) necesariamente deben ir juntas y complementarse; nuestra economía, incluso en época de crisis, tiene recursos suficientes como para poder destinar una parte a ambos simultáneamente. Obligarnos a elegir entre una y otra es una falsa dicotomía que nace (digámoslo claro) de la demagogia. Por otra parte, teniendo en cuenta que el fenómeno de la inmigración nace de la miseria de los países del sur, y que con frecuencia son los inmigrantes los que padecen las peores condiciones sociales y económicas (y las peores consecuencias de la crisis) dentro de Catalunya, resulta evidente que la complementariedad entre la solidaridad interior y exterior se convierte en un elemento estratégico: el uno sin el otro carecerían de sentido.
Pero a pesar de ello debemos tener claro que si la Generalitat decide recortar el presupuesto de cooperación internacional, ello se hace simultáneamente con multitud de recortes sociales que afectan a los residentes en Catalunya, y con decisiones políticas que, de forma explícita e indisimulada, castigan a los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Así, las decisiones recientemente tomadas por la Generalitat relativas al PIRMI, por poner un ejemplo, nos revela la auténtica faz de unos dirigentes que quieren eliminar toda política social, de solidaridad y de redistribución de riqueza, tanto destinada hacia el interior como hacia el exterior del país. Los dirigentes actuales de la Generalitat están convencidos de que hay que abandonar a su suerte a los más desfavorecidos por el sistema, estén donde estén, vivan donde vivan y tengan la nacionalidad que tengan.
¿Privatización de la cooperación catalana?
Ahora bien, pese a las anteriores trampas que, sin duda, intentarán tender frente a los pies de los trabajadores y trabajadoras y de la opinión pública, existe otra que, a mi juicio, quizá nos ofrezca la auténtica clave del problema.
El director de la ACCD ya tuvo a bien declarar públicamente que había que «cambiar el modelo» de la cooperación catalana, a fin de que los fondos de la misma no procediesen sólo de fondos públicos, sino también, y especialmente, de donaciones de empresas privadas. A tal fin, el Parlament de Catalunya ha modificado la Ley de Cooperación, rápido y corriendo, a finales del mes de julio de 2011 (en vísperas de vacaciones), para permitir que las empresas privadas con ánimo de lucro puedan financiar programas y proyectos de cooperación al desarrollo; anteriormente las entidades privadas sólo podían cofinanciar tales proyectos si carecían de ánimo de lucro.
Al margen de los interrogantes y las contradicciones que ello plantea con las cuestiones ya apuntadas en este texto (si se pretenden incrementar las fuentes de financiación, ¿qué sentido tienen los despidos?) lo que nos encontramos, en realidad, es con la concepción real de la cooperación por parte de la derecha neoliberal que actualmente gobierna la Generalitat.
Esta concepción consiste en que la cooperación debe dejar de ser una política pública como tal, financiada con fondos públicos, para limitarse a ser un mero escaparate publicitario de la generosidad de las empresas privadas que quieran donar fondos para proyectos humanitarios a cambio de ¿nada? La cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional se convertirán, en una sola legislatura, en algo parecido a esos muros llenos de logotipos de grandes empresas que se ven detrás de los pilotos de Fórmula 1 cuando salen por la tele. Un instrumento publicitario, una técnica de marketing. La solidaridad al servicio del incremento de las ventas de productos fabricados quién sabe dónde y en quién sabe qué condiciones laborales y medioambientales. La cooperación de las cenas de gala, llenas de glamour, de famosos y estrellas de cine, con vestidos que serán objeto de amplios reportajes fotográficos en las revistas del corazón.
En definitiva: una cooperación privatizada, más preocupada por la imagen del donante privado, que por el servicio real que pueda ofrecerse a los destinatarios de la ayuda.
Defendamos la cooperación catalana.
Debemos defendernos ante la agresión neoliberal. Esta lucha no es sólo de los trabajadores y las trabajadoras de la ACCD, no es sólo de las ONG que no hallarán financiación para sus proyectos. Esta lucha en defensa de la cooperación al desarrollo en Catalunya es de todas y todos las catalanas y los catalanes, porque somos un pueblo que en incontables ocasiones hemos demostrado nuestro espíritu solidario y generoso, nuestra rabia contra las injusticias y las desigualdades. Por esto, por la emblemática solidaridad del pueblo catalán, tenemos derecho a que nuestra solidaridad se financie principalmente con los fondos públicos que mayoritariamente proceden de los impuestos que pagamos las clases trabajadoras (queremos pagar nuestra propia solidaridad); queremos que la cooperación al desarrollo sea real y no simbólica, cumpla con los compromisos internacionales suscritos por el Reino de España y la Generalitat de Catalunya (0,7%), se gestione por un equipo de empleados públicos especializados y eficientes, y tenga como objetivo primordial la eficacia en el desarrollo de los países menos favorecidos del planeta y de sus ciudadanos (por encima de las políticas de marketing de compañías privadas).
Apoyemos, pues, a los trabajadores y trabajadoras de la ACCD y a las ONG integradas en la FCONGD.
José Antonio González Espada. Abogado laboralista (Col·lectiu Ronda, SCCL).
Notas:
1 Según se puede comprobar en http://www.ciu.cat/media/46861.pdf, páginas 91-92.
2 No en vano, la declaración de París de los países de la OCDE en marzo de 2005, en el marco de la Declaración del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, destacaba la necesidad de incrementar la eficacia de la ayuda al desarrollo por parte de los países más ricos: http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf. Por cierto, en el programa electoral de CiU, pág. 91-92, dicho partido se compromete a cumplir con la citada Declaración de París.
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