La criminalización de la protesta social en Colombia que han pretendido impulsar desde empresarios hasta congresistas recibió un nuevo e inesperado apoyo por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien no tuvo empacho en decir que después de «una investigación muy sólida» se podía concluir que las recientes acciones vandálicas en las movilizaciones […]
La criminalización de la protesta social en Colombia que han pretendido impulsar desde empresarios hasta congresistas recibió un nuevo e inesperado apoyo por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien no tuvo empacho en decir que después de «una investigación muy sólida» se podía concluir que las recientes acciones vandálicas en las movilizaciones fueron promovidas por el ELN y las disidencias de las FARC.
La violencia en las marchas es cuestionable, no solo por parte de los grupúsculos que arremeten contra estaciones de transporte y todo lo que luce vulnerable como son los enormes ventanales, sino también por parte de la fuerza pública que no desaprovecha ocasión para repartir garrote generosamente. No ahorran esfuerzo para golpear a los manifestantes a diestra y siniestra.
Hasta allí un escenario común que ahora se complica con las declaraciones de la mandataria, que terminan llevando a concluir que todo aquél que participa en una movilización, es afecto a la insurgencia.
Eso es precisamente lo que ha venido promoviendo la derecha colombiana, a la que todo aquél que expresa su inconformidad, le suena a subversivo.
Lo que se ha conquistado en las calles desde el 21 de noviembre, que es la unidad de las diferentes expresiones de inconformidad popular alrededor de aspectos estructurales que se deben atender, ahora la alcaldesa López quiere borrarlo a las malas, haciéndole el juego a quienes desean que en Colombia no se proteste por nada.
Por supuesto, no pasará mucho antes que otros alcaldes salgan con el mismo cuento, con lo cual pretenderán arrinconar la protesta social tildando de simpatizantes de las expresiones guerrilleras, a quienes desde la legalidad salen a las calles a expresar sus motivos de inconformidad y el anhelo de construir un nuevo país, más incluyente y equitativo.
Alrededor de estas declaraciones de la alcaldesa López deben pronunciarse los organizadores del Paro Nacional, porque de lo contrario y si deciden pasar de agache, se aplicará aquello de que quien calla, otorga, es decir, manifiesta su conformidad.
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