Casi todos los estudios demoscópicos privados publicadas hasta ahora dan como ganador para las elecciones regionales de la CAM al bloque de las derechas liderado por la líder del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso.
La victoria sería clara si entra Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, cosa dudosa, con su disposición a la negociación de un gobierno de derechas gobierno con Ayuso, y estaría ajustada si queda fuera. Solo, prácticamente, la anterior encuesta del CIS, del 5 de abril, señala un empate técnico (68 escaños) entre ambos bloques, derecha e izquierda, mientras la publicada el 22 de abril abre una horquilla entre 65 y 69 escaños para la suma de las derechas (PP y VOX, Cs se queda fuera) y entre 67 y 73 escaños para las tres izquierdas (PSOE, MM y UP). En esas semanas ha aumentado algo la voluntad de participación electoral, aunque todavía hay un 20% de personas indecisas. Los resultados globales son similares. Hay cierto empate y la victoria no está decantada, aunque frente a la resignación inicial han crecido las expectativas de ganar las elecciones para el bloque de izquierdas.
Las amenazas de muerte recibidas por el candidato de Unidas Podemos,Pablo Iglesias y su familia, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil, junto con las provocaciones de los dirigentes de VOX, han dado un giro a la campaña y han puesto en el primer plano la defensa de la democracia y frente a la reacción fascista, con un previsible incremento de la participación electoral progresista.
En dos recientes artículos en estas páginas, La derrota de Ayuso y La difícil unidad progresista, analizaba el contexto, las implicaciones y la necesaria determinación por un programa progresista de cambio, así como por la cooperación de las fuerzas de izquierdas, especialmente entre Más Madrid y Unidas Podemos. En particular, criticaba la estrategia centrista y excluyente del candidato socialista Ángel Gabilondo y la calificaba de perdedora. Los hechos posteriores lo han confirmado: no es practicable para constituir un gobierno de centroizquierda (PSOE, MM y Cs) y tampoco es efectiva para ganar suficiente electorado centrista; así recibe una pequeña transferencia de voto de Ciudadanos pero, al mismo tiempo, existe otra similar fuga de votos al PSOE que van hacia el PP de Ayuso.
Pero, sobre todo, nos interesa destacar la crítica a su apuesta continuista en materia social, fiscal y distribuidora y su poco talante integrador con su izquierda, matizado a última hora. De mantenerse esa estrategia y ese discurso no sería capaz de movilizar a una mayoría social de izquierdas y de base popular, cohesionar un pacto programático transformador y ofrecer una gestión gubernamental creíble de cambio. Ni siquiera serviría para superar el riesgo abstencionista de una parte de su propia base social e incluso para evitar cierta fuga de votos hacia el PP y hacia su izquierda (MM y UP). O sea, esa política continuista no favorece la victoria del bloque progresista, que debe garantizarse por otros medios: por un lado, la participación del presidente Sánchez y su equipo, con el aval de la gestión social, unitaria y democrática del gobierno de coalición progresista y una reorientación de su campaña más firme y unitaria y, por otro lado, la reafirmación participativa del electorado joven, popular y de izquierdas.
No cabe duda de que esa estrategia de tercera vía tiene grandes fundamentos estratégicos socioliberales y de vinculación a los grupos de poder. Ha sido la dominante en la socialdemocracia europea estas tres últimas décadas y le hizo cómplice de políticas regresivas en la gestión neoliberal de la crisis socioeconómica de 2008. El sanchismo, en sucesivas fases y con avances y retrocesos, se vio obligado a cambiar de paradigma, derivado de la correlación de fuerzas sociales y parlamentarias que cristalizaron con el Gobierno de coalición progresista hace más de un año.
El espacio del cambio de progreso se conformó lentamente durante esa larga década de amplias exigencias democratizadoras y de justicia social, con una amplia desafección de parte del electorado socialista y la constitución de un nuevo campo sociopolítico, llamado fuerzas del cambio que, a pesar de su división y cierto debilitamiento, todavía son un actor determinante en la representatividad popular y la gobernanza institucional. Frente al realismo de Sánchez, los sectores socialistas representados por Gabilondo y otros grupos de poder económico, político y mediático intentan cerrar, una vez más, el ciclo abierto de un cambio sustantivo de progreso, de mayor carácter social y democrático.
No obstante, ese viejo plan continuista y excluyente ha perdido legitimidad pública. Es más, ante la actual crisis socioeconómica derivada de la pandemia, los grupos de poder económicos, institucionales y financieros estadounidenses y europeos han cuestionado esa política neoliberal y restrictiva por unas medidas expansionistas e intervencionistas del Estado. Dejan atrás el trumpismo y las políticas más agresivas de austeridad y recortes sociales. Se abren a una política económica con mayor cohesión social, dados los fuertes desequilibrios sociales y políticos derivados de la estrategia regresiva anterior.
La nueva dinámica gubernamental en España, lenta y llena de dificultades, pone el acento en la modernización económica con mayor igualdad social y protección pública, con un papel más redistributivo, protector y regulador del Estado. Lo prioritario no es la libertad (de los mercados y los privilegiados), utilizada por Ayuso para esconder su autoritarismo político, su regresión social y su neoconservadurismo sociocultural, sino las garantías públicas y la responsabilidad institucional y democrática para dar seguridad social a la población y avanzar en igualdad, bienestar y sostenibilidad medioambiental frente a las grandes incertidumbres y segregaciones abiertas.
La opción perdedora de Gabilondo
En el plano político-institucional, para garantizar la gobernabilidad se enfrentan dos modelos básicos: derechas e izquierdas. La alternativa intermedia de Gabilondo de pactar con Cs y excluir a UP, no es realista ni operativa y se ha visto obligado a abandonarla parcialmente. No obstante, en el plano programático y de hegemonía gestora, el candidato socialista insiste en su opción centrista. Su estrategia socioeconómica y fiscal es continuista, expresamente renuncia al cambio de progreso y a un pacto de izquierdas con una gobernabilidad compartida y negociada de las tres fuerzas progresistas; deja fuera del gobierno a UP, calificada inicialmente como extremista y radical, e impone una mayor subordinación a MM, que debiera oponerse con firmeza a ese veto.
Sin embargo, el problema desmotivador para las bases progresistas no se soluciona suficientemente con un imprescindible y probable mayor peso representativo de MM y UP, ya que la alternativa gubernamental de conjunto se ve condicionada por la ausencia de esa credibilidad transformadora derivada de la necesaria alianza con el Partido Socialista. Su fortalecimiento es necesario, tal como vaticina la última encuesta del CIS, para modificar ese plan de Gabilondo y reequilibrar el peso conjunto de ambas formaciones en la configuración programática y gestora del posible nuevo gobierno de izquierdas en la CAM, a semejanza del estatal (o bien para hacer una fuerte oposición a la involución ultraliberal y conservadora).
La cuestión, como decía antes, es que ese discurso inicial del candidato socialista no favorece la participación electoral de un segmento significativo (hasta un 15%) de sectores populares y de izquierdas, gran parte jóvenes que son decisivos para inclinar la balanza para un gobierno unitario de las tres izquierdas. Para ello es fundamental la determinación progresista de cambio sustantivo del modelo social con un nuevo gobierno de coalición con las tres fuerzas de izquierdas, credibilidad que Gabilondo se encarga de desactivar.
El modelo de Ayuso está definido: absorbe los discursos de VOX y Ciudadanos, y pretende imponer su marco discursivo. Ella defendería la libertad y las izquierdas el socialismo (o el comunismo). Pretende imponer esa polarización discursiva embellecedora de su posición y denigrante para las izquierdas. Ante la evidencia, en la actual crisis sanitaria y socioeconómica, de la prioridad de la gestión pública y solidaria y el resquebrajamiento de su política antisocial y privatizadora, ha reaccionado con la estrategia trumpista de la crispación, la descalificación y la mentira. No obstante, ante el fuerte apoyo mediático recibido, las izquierdas no han sido capaces todavía de oponer un discurso unitario y rotundo y están en desventaja.
El motivo principal de esa debilidad es la apuesta de la dirección del PSM por esa opción centrista e intermedia, con la división, subalternidad y aislamiento de parte de las otras dos izquierdas. Su estrategia no suma, sino que resta con un proyecto ambiguo (serio o Hazlo por Madrid), es decir, sin una clara apuesta de progreso ni de colaboración de las izquierdas y con un perfil socioliberal y prepotente.
Parece que Gabilondo tiene añoranza de un nuevo bipartidismo. Ayuso, prácticamente, ha conseguido su hegemonía en el campo de las derechas, aunque está por ver su victoria para el 4M. Pero él solo cuenta con la mitad de la representatividad de las izquierdas y un espacio del cambio consolidado. Pero ese fulgurante ascenso y prevalencia del Partido Popular no es extrapolable para el candidato socialista que, acomplejado, se ve arrastrado por su continuismo socioeconómico y su sectarismo hacia la izquierda transformadora, suavizado ante la evidencia de tener que contar con UP para formar un gobierno frente a las derechas. Puede aspirar a liderar la victoria de una alternativa de progreso, con la condición de una actitud unitaria y de izquierdas. Es lo que debería asegurar el PSOE en lo que queda de esta campaña electoral.
Por tanto, aunque hay cierta complicidad frente a las derechas, todavía no hay un modelo social y democrático coherente del bloque progresista ni un discurso unitario que dé soporte a una alianza gubernamental y de gestión política con los mejores ejes igualitarios y solidarios de las izquierdas, de corte progresivo o socialdemócrata clásico, convenientemente renovados. Es la referencia en que se incardinan los programas reformadores de MM y UP, con la integración de la agenda social y democrática con la medioambiental y feminista, fundamental para la identificación de sus bases sociales. Ante la inconsistencia de un polo político y discursivo unitario y movilizador de conjunto, son necesarios mayores estímulos de firmeza transformadora, unidad y confianza para la entusiasta activación electoral de las mayorías sociales con un proyecto ganador de cambio de progreso.
Revalorizar lo público con suficiencia fiscal
Aparte de la defensa de la democracia y las políticas públicas para la modernización productiva y el papel regulador del Estado, destaco dos elementos encadenados entre sí y con esos dos objetivos generales, cuyo estudio detallado he explicado en 4M: Identificación ideológica y modelo social. Por una parte, la revalorización de lo público con un impulso reformador progresivo, en particular, sobre la sanidad, la enseñanza y las políticas sociales. Más allá, en el plano estatal, están las garantías del sistema público de pensiones, la protección al desempleo y la acción contra la precariedad y las relaciones laborales desventajosas para las capas trabajadoras, la política de vivienda… todas ellas con grandes dificultades y con evidentes conexiones con el modelo sociolaboral a implementar.
Por otra parte, la necesaria suficiencia fiscal para acometer ese imprescindible avance protector e igualitario, ligado a las tareas y expectativas del Gobierno estatal y el marco europeo a medio plazo. No obstante, como se sabe, tenemos un déficit anual de cerca de 7 puntos del PIB con la media europea. Eso es, prácticamente, los 70.000 millones de euros que vamos a recibir como préstamo europeo que habrá que devolver, aparte de otro tanto a fondo perdido… de los impuestos de otros países más ricos y financiados con deuda comunitaria.
Además, hay que recordar el atraso histórico y la insuficiencia de nuestro Estado de bienestar que todavía a finales del franquismo tenía una presión fiscal muy baja, con una diferencia de 14 puntos del PIB respecto de la media europea de entonces. Pero, en la Comunidad de Madrid, hoy día todavía tenemos una presión fiscal por habitante por debajo de la media estatal en ámbitos tan sensibles como la enseñanza (-16%), la sanidad (-7%) y las políticas sociales (-8%), al mismo tiempo que es la más rica y la más desigual. Se combinan las deficiencias de distribución, predistribución y redistribución del plan neoliberal y conservador de las derechas madrileñas durante estas décadas.
Pues bien, ante esa situación relativamente desfavorable para las izquierdas hay que plantear, al menos dos cuestiones fundamentales. Una, la activación electoral progresista. Dos, el eje del discurso programático, a confrontar con el de Ayuso y la ultraderecha, que aquí voy a sintetizar en la relación entre incrementar la intensidad protectora pública y la necesaria suficiencia fiscal. O sea, la polarización se establece entre un modelo social y democrático (no el comunismo), y un modelo regresivo, autoritario y segregador. La debilidad para una apuesta de progreso es que la simple alternancia centrista (imposible) con la misma política de las derechas (algo suavizada) no ofrece suficiente credibilidad transformadora para ilusionar a sectores populares y de izquierda significativos. Su riesgo es no garantizar la victoria del bloque progresista.
Pareciera que Gabilondo está intranquilo con la victoria progresista y la conformación de un gobierno de coalición de izquierdas y un programa de progreso. Y eso lo notan sectores populares escépticos respecto del compromiso transformador del conjunto de las izquierdas. No es que sean pasivos en la defensa de unas demandas sociales y democráticas de cambio, con una nueva clase política progresista que sustituya la corrupta y neoliberal que ha mandado en las instituciones madrileñas más de un cuarto de siglo. Tampoco las mayorías sociales son responsables de esa gestión neoliberal por su supuesta derechización o pasividad. No lo fueron en los años 2015 y 2019, tras la fuerte deslegitimación crítica del bipartidismo gobernante por su gestión regresiva de la crisis de 2008/2010/2012, agravada por el Gobierno de Rajoy. Institucionalmente, ganaron las derechas por los propios errores y límites de las representaciones de las izquierdas: el centrismo socioliberal socialista y la división de las fuerzas del cambio, ambas con la correspondiente y desigual desafección popular.
Hay causas estructurales, históricas y sociopolíticas de fondo que explican ese relativo empate electoral en la región más rica, desigual y con mayor poder del estado. La victoria o la derrota va a depender de pequeñas variaciones de voto. Pero la motivación principal sigue siendo el sentido y la capacidad de la gobernabilidad y el tipo de proyecto social y democrático a construir de cada bloque político; no se trata de quién es la formación más votada, parece claro que va a ser el PP, sino de la configuración de la alianza ganadora, su representatividad social y cívica y su articulación programática y gestora. En ese sentido, las izquierdas tienen margen para crecer y consolidar su victoria. Habrá que volver sobre ello con los resultados electorales.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.