El Ministerio de Sanidad hace muchas declaraciones y propuestas pero con la evidente intención de no cambiar nada para no reconocer el fracaso de su política sanitaria. En España el Sistema Nacional de Salud prestaba atención sanitaria al conjunto de la población que vivía en nuestro país hasta que el Gobierno del PP, decidió, por […]
El Ministerio de Sanidad hace muchas declaraciones y propuestas pero con la evidente intención de no cambiar nada para no reconocer el fracaso de su política sanitaria. En España el Sistema Nacional de Salud prestaba atención sanitaria al conjunto de la población que vivía en nuestro país hasta que el Gobierno del PP, decidió, por trámite de urgencia, aprobar el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 que, entre otras cosas, excluía a a los «sin papeles» de la atención sanitaria publica. La totalidad de las organizaciones sociales y profesionales relacionadas con la salud señalamos que se trataba de una medida injusta, inhumana, realizada sin ningún criterio sanitario y que no iba a producir ahorros significativos. Por supuesto ni la Sra Mato, la por suerte para la población exministra de Sanidad, ni el Gobierno del PP tuvieron a bien escuchar esta oposición y siguieron adelante, ante lo cual algunas CCAA (Andalucía, País Vasco, etc.) decidieron garantizar la atención sanitaria a este colectivo, lo que el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional con poco éxito.
Los resultados de esta política son al menos 3 muertes documentadas y miles de casos de desatención sanitaria con su correlato de daños a la salud, de marginación y de discriminación y arbitrariedad. El Gobierno del PP por supuesto no ha mostrado mayor preocupación por el problema hasta que en marzo pasado, probablemente por la cercanía de las elecciones autonómicas el ministro de Sanidad Sr Alonso señaló su intención de garantizar el acceso a la Atención Primaria de los irregulares. Promesa sin efecto práctico conocido hasta que, tras las elecciones, 6 CCAA cuyos gobiernos habían virado a la izquierda acordaron dar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes (posición a la que se han sumado, de aquella manera, otras 2 CCAA gobernadas por el PP).
Tras esta situación ha empezado la actual ópera bufa, más bien una tragicomedia protagonizada por el Ministerio de Sanidad que no ha tenido problemas en asegurar que el tema debería de abordarse con tiempo y la debida reflexión (¿una critica encubierta a la aprobación «urgente» del RDL?) y que contrasta con los 3 años y 3 meses pasados desde su aprobación e incluso con los 5 meses que han pasado desde su anuncio de incluirlos en Atención Primaria (claro está que no han dicho el tiempo preciso para esa reflexión, si se trata de meses, años, décadas…). Después han señalado su intención de incluir solo a los que tuvieran unos ingresos por debajo de los 543 € mensuales, al parecer desconociendo que una persona que está irregularmente en nuestro país no puede tener contrato de trabajo, ni hace declaraciones de la renta, etc., de manera que los ingresos que tenga no serán comprobables y en todo caso no serán significativos (Luis y Rodrigo y otros entrañables amigos del Gobierno no se dedicaron, que se sepa, al «top manta»). Además se pretende hacer un registro estatal lo que obviamente supone más dificultades, más trámites burocráticos, más obstáculos y más probabilidades de que se use contra ellos.
En este asunto la actitud del Ministerio de Sanidad recuerda mucho un viejo baile de los años 80 que se llamaba la «yenka», muchos saltos, mucho movimiento pero las personas al final acababan en el mismo sitio; el Ministerio hace muchas declaraciones y propuestas pero con la evidente intención de no cambiar nada para no reconocer el fracaso de su política sanitaria. Las CCAA harán muy bien en pasar de estas maniobras de distracción y en seguir facilitando tarjetas sanitarias a este colectivo.
Los inmigrantes irregulares son personas que por su condición procuran mantener su «invisibilidad» y son renuentes a cualquier tipo de control que, como es lógico, temen se aproveche para su expulsión del país, cuantas más condiciones y requisitos burocráticos se pongan más problemas habrá para normalizar su atención sanitaria, por eso es fundamental que tengan acceso a las mismas tarjetas sanitarias y en las mismas condiciones que el resto de la población suministradas por los centros sanitarios públicos.
Por supuesto, otra de las falacias empleadas por el Ministerio es el supuesto derecho al acceso a las prestaciones sanitarias en la UE con la tarjeta sanitaria española cuando todo el mundo sabe, salvo quizás algunos responsables del PP, que para recibir atención sanitaria en la UE hay que tramitar una tarjeta especifica. Otra mentira más en medio de la intoxicación como la que relaciona el tema con el denominado «turismo sanitario».
Así las cosas solo hay una respuesta razonable, desde el punto de vista humanitario, sanitario, de la justicia, e incluso económico, y es asegurar el acceso de este colectivo a la tarjeta sanitaria que tenemos el resto de la población y la derogación del RDL 16/2012 que ha demostrado ser un fracaso desde el punto de vista sanitario y una agresión al derecho a la salud de la población.
Marciano Sánchez Bayle, médico, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública