La Audiencia Nacional ha reconocido a Aniano Jiménez Santos y a Ricardo García Pellejero como víctimas del terrorismo, según informó ayer el Partido Carlista, en contra de lo que durante dos años ha estado manteniendo el Ministerio del Interior, con lo que obliga al departamento dirigido por Ángel Acebes a indemnizar con 23 millones de […]
La Audiencia Nacional ha reconocido a Aniano Jiménez Santos y a Ricardo García Pellejero como víctimas del terrorismo, según informó ayer el Partido Carlista, en contra de lo que durante dos años ha estado manteniendo el Ministerio del Interior, con lo que obliga al departamento dirigido por Ángel Acebes a indemnizar con 23 millones de las antiguas pesetas (tal y como dictaba la Ley 32/99 del 8 de octubre) a los familiares de cada una de las dos personas asesinadas en los sucesos del 9 de mayo de 1976 en Montejurra.
Pese a que Interior lo ocultó, ambos estaban hace años en un listado de víctimas del terrorismo
El Gobierno español deberá pagar 23 millones de las antiguas pesetas a cada familia.
La sentencia de la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada el pasado cinco de noviembre, echa por tierra todas las argumentaciones que hasta el momento había mantenido el Gobierno central para negar la indemnización. En este sentido, los únicos extremos que no respalda la Audiencia Nacional son el pago de las costas procesales por el Ministerio y la concesión de la distinción honorífica de la Gran Cruz prevista en la misma Ley ya que señala que «no ha sido solicitada en vía administrativa y cuya concesión, en su caso, corresponde no al Ministro del Interior, sino al Gobierno». Por esta razón esta solicitud se comenzará a tramitar, una vez que se ha reconocido la condición de víctimas del terrorismo.
Se pone así un punto y aparte a una larga lucha jurídica que ha mantenido el Partido Carlista y a su frente el secretario general de Navarra, José Ángel Pérez-Nievas, durante cuatro años por tratar de demostrar algo tan sencillo como que Aniano Jiménez y Ricardo García fueron víctimas de una banda armada.
Sin embargo, contra esta decisión cabe todavía el recurso del abogado del Estado en nombre del Ministerio de Interior ante el Tribunal Supremo, aunque este extremo es poco probable.
Argumentos
La sentencia señala que las muertes se produjeron «por la actuación de una persona integrada en una banda o grupo armado», tal y como exige la Ley para el reconocimiento de víctima del terrorismo, «con una coincidencia de objetivos y cierta estabilidad, que impedía el libre derecho de los ciudadanos a manifestarse». El mayor apoyo que tiene esta sentencia es el hecho de que los nombres de los dos hijos de las recurrentes (Magdalena Pellejero y Natividad Santos) aparecen en la «relación estadística del gabinete de Administración, Documentación e Informática sobre víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior (folio 87 y 88 del expediente administrativo tomo II), en los que figura grupo autor y en el interior de la casilla correspondiente c.tradicionalista».
Este dato fue descubierto por el abogado de las madres de los fallecidos (Pérez-Nievas) al pedir la documentación existente al respecto, información que hasta el momento desde este departamento se había ocultado.
Pero la Audiencia Nacional, frente a las pruebas presentadas en numerosas ocasiones por el Partido Carlista y que implican a Manuel Fraga (entonces Ministro de la Gobernación) y a Adolfo Suarez (Ministro Secretario General del Movimiento en 1976), califican los sucesos de aquella mañana nublada de mayo como de «enfrentamiento entre los partidarios de Sixto de Borbón y los seguidores de Hugo Carlos de Borbón, tratando de obtener uno y otros la primacía de los actos religiosos y políticos programados conforme a ideologías divergentes aunque insertas en el Partido Carlista del que constituyen dos facciones distintas».
Implicación del Estado
A pesar de ello, y aunque no ha sido ratificado en sentencias, numerosas pruebas recogidas desde el día siguiente de los asesinatos han venido a demostrar la implicación del Estado en estos sucesos.
En este sentido se encuentran las municiones halladas en la cima en las que se podía leer Pirotecnia Militar, 25 cartuchos, la pasividad de la Guardia Civil (con mayor presencia que nunca), las reservas de habitaciones realizadas desde el Gobierno o las declaraciones del fallecido general Sáenz de Santamaría, entonces Jefe del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil. Éste, recordando los sucesos, señaló que «bajo la intención genérica de reconquistar Montejurra y arrebatarla a los que calificaban como rojos-marxistas, consiguieron que el Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la operación, que recibió el nombre de Reconquista. Se establecieron contactos entre organismos como el SECED (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno y antecedente del actual CESID), la Guardia Civil y los dirigentes del Partido Carlista ya citados (Sixto de Borbón y José Arturo Marquez de Prado). El CESED, fundado por Carrero Blanco, estaba dirigido en aquel momento por el general Juan Valverde. Las reuniones fueron coordinadas por el propio Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Manuel Fraga».
Además destaca que la financiación corrió a cargo de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado (presente en el acto y en comunicación con el general Campano, secretario general de la Guardia Civil), «quien depósito varias cantidades en diversas entidades bancarias de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos, destinadas a los desplazamientos de sus partidarios» y mercenarios como las asociaciones de ultraderecha: Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español, Fuerza Nueva, Internacional Fascista Italiana y la Triple A argentina.
Familias
Aniano Jiménez Santos «Estamos muy contentos y emocionados de que lo hayan reconocido». Esas fueron ayer las primeras palabras de Miguel García Pellejero, hermano del estellés Ricardo, asesinado en la cumbre de un tiro que surgió entre la niebla aquel 9 de mayo. «Al principio éramos un poco escépticos, aunque yo menos, porque sé que Pérez- Nievas tiene mucho tesón y al Partido Carlista también le interesaba para que se viera que no tuvo culpa de nada. El Gobierno tuvo en sus manos el pararlo y no quisieron. Por qué, pues ellos lo sabrán».
Ricardo García Pellejero La reclamación del santanderino Aniano Jiménez Santos la llevó un cuñado que falleció hace un año y su testigo lo recogió otro, Laudelino Cisneros. «Es un día importante aunque agridulce. Ha tardado tanto que algunas personas como su madre o su cuñado no lo han podido ver. Moralmente se ha hecho justicia, después de tantos años se ve que fue un acto puro de terrorismo, con premeditación y todo lo que conlleva. Quiero agradecer el apoyo de Pérez-Nievas y de mucha gente de Navarra que nos han respaldado o escrito cartas; siempre lo hemos agradecido».