La Audiencia Nacional ha citado al alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso (IU), a declarar el próximo lunes en calidad de «imputado» por un delito de injurias a la Corona por las declaraciones realizadas en contra de la figura del rey, Juan Carlos I, en un acto del Ateneo Republicano del Campo de […]
La Audiencia Nacional ha citado al alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso (IU), a declarar el próximo lunes en calidad de «imputado» por un delito de injurias a la Corona por las declaraciones realizadas en contra de la figura del rey, Juan Carlos I, en un acto del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar celebrado en Los Barrios (Cádiz) el pasado 16 de abril, cuando le adjudicó los calificativos de «corrupto» e «hijo de crápula», entre otros.
El alcalde puertorrealeño confirmó que ha sido citado a declarar a las 10,00 horas del próximo lunes. A su juicio, esto demuestra que el Código Penal español considera «inviolable» la figura del Rey y de la Corona y, por tanto, «punible todo lo que se diga de él que no sean flores y alabanzas».
Para Barroso, así «se denotan los déficit democráticos que tiene la Constitución, la libertad de expresión y el Código Penal en este país», que, según dijo, «permite que cualquiera insulte al representante de la voluntad popular, en este caso el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y no pasa absolutamente nada».
Sin embargo, «por lo visto no se puede calificar una práctica como es la práctica de la Monarquía», que es «un anacronismo franquista» y que, a su juicio, «tienen comportamientos absolutamente deplorables, amorales y exentos de toda ética», apostilló.
En este sentido, señaló que esta circunstancia es «desconocida por la mayor parte de la opinión pública de este país, que sólo bebe de las fuentes de las revistas rosas y el papel cuché», cuando «un número importante de publicaciones acreditan» lo que calificó como prácticas «absolutamente deleznables en el terreno económico y de la moral por parte de la Corona española».
El límite de la libertad de expresión
«Por lo visto la libertad de expresión tiene el límite que impone el Código Penal en beneficio de la Monarquía, como salvaguarda de ésta y convirtiéndose en una especie de cordón sanitario» que, según aseguró, «impide que nadie pueda aproximarse siquiera a analizar prácticas que tan características son de los borbones y del Borbón éste en particular», en alusión a Juan Carlos I.
El dirigente de IU dijo no sentirse «para nada» arrepentido de sus declaraciones, sino que está «cada día más convencido» debido a la «reacción de la Fiscalía, que viene a confirmar que se protege al Rey y a su entorno».
Finalmente, instó a las personas que «queremos un país de mayor riqueza democrática» a «intentar por todos los medios que se arroje luz sobre la absolutamente deplorable opacidad de que se beneficia la Corona» e intentar situar a la sociedad en «un sistema más democrático basado en que un hombre es un voto y no hay poder por delegación, porque el poder lo delegan los electores y no el rey o Franco, como en este caso hizo con Juan Carlos I».