Según ha dado a conocer ayer «Berria», la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha ordenado repetir todas las diligencias llevadas a cabo desde el 10 de abril de 2007, al entender que no se respetó el derecho a la defensa de tres de los imputados en la […]
Según ha dado a conocer ayer «Berria», la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha ordenado repetir todas las diligencias llevadas a cabo desde el 10 de abril de 2007, al entender que no se respetó el derecho a la defensa de tres de los imputados en la causa económica: Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi.
Los tres fueron arrestados por orden del juez Juan del Olmo tras el cierre de «Euskaldunon Egunkaria» e imputados en la pieza principal y también en la causa económica, pero en esta segunda el juez no les tomó declaración, condición indispensable para imputar a una persona.
La Sala de lo Penal ha resuelto ahora que la instrucción realizada por Del Olmo no fue correcta y ha estimado que hubo errores en el procedimiento, tal y como reclamó la defensa en en su recurso. No reconoce explícitamente que se vulneró el derecho a la defensa de los tres imputados, pero admite que pudo haberse dado una situación de indefensión, por lo que, con el fin de que el procedimiento «sea totalmente transparente», declara nulas las diligencias y ordena repetir las actuaciones desde abril de 2007.
Eso significa que el procedimiento tendrá que repetirse casi desde el principio, según «Berria».
En total, ocho personas fueron imputadas en relación con la causa que investiga los supuestos «delitos económicos» de «Egunkaria»: Además de Uria, Torrealdai y Auzmendi están procesados Joxe Mari Sors, Ainhoa Albisu, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena.
En su día, la Fiscalía se posicionó, al igual que la defensa, a favor de que la causa fuera juzgada en Donostia o en Tolosa y no en la Audiencia Nacional, pero el tribunal especial no atendió esa petición y le ordenó que formulara acusación.
La Fiscalía pidió entonces 184 años de cárcel para los ocho imputados, sumándose a la solicitud de Dignidad y Justicia. Ahora se tendrá que volver a repetir los pasos para la designación de las acusaciones.