Una semana después de que la jueza argentina María Servini dictase órdenes de detención contra cuatro torturadores franquistas, la Audiencia Nacional española informó de que no procederá al arresto de los que siguen vivos y esperará a la petición formal de extradición. La Audiencia Nacional española no ordenará la inmediata detención de los dos torturadores […]
Una semana después de que la jueza argentina María Servini dictase órdenes de detención contra cuatro torturadores franquistas, la Audiencia Nacional española informó de que no procederá al arresto de los que siguen vivos y esperará a la petición formal de extradición.
La Audiencia Nacional española no ordenará la inmediata detención de los dos torturadores franquistas que siguen vivos y que están reclamados por la juez argentina María Servini. En su lugar, el magistrado Pablo Ruz esperará para tomarles declaración hasta el momento en el que Servini formalice la solicitud de extradición del exguardia civil Jesús Muñecas y al expolicía José Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño».
Los otros dos represores reclamados por la Justicia argentina ya han fallecido. De este modo, el tribunal de excepción sigue el criterio del fiscal, que el lunes emitió un informe en el que se oponía al arresto decretado por la jueza argentina. Ahora, Ruz informará a la jueza sobre el fallecimiento de los dos torturadores y de que la audiencia tiene localizados a los otros dos en sus respectivos domicilios de Madrid. Desde el momento en el que llegue la comunicación a Buenos Aires, Servini dispone de 40 días para solicitar la extradición. Sería entonces cuando el magistrado del tribunal de excepción llame a declarar a los dos represores.
Hasta entonces, seguirán sin medidas cautelares, pese a que existe una notificación roja de detención contra ellos emitida a través de Interpol. Esto implica que la única opción para detenerlos sería que cualquiera de ellos saliese del Estado español.
Carlos Slepoy, abogado de los querellantes, mostró su sorpresa ante estas informaciones. «Lo que procede, de acuerdo a la ley española de extradición pasiva, es que sean informados acerca de la existencia del proceso, que manifiesten si aceptan o no la extradición y, a partir de ahí, que el juez tome una decisión», indicó a GARA. Según el letrado, una vez cumplida la orden de detención, el magistrado podría haber optado por enviarles a prisión o mantenerles en libertad con alguna medida cautelar. Todo ello, siempre después de ordenar el arresto.
Con la decisión de Ruz se dilata todavía más la presencia de los dos torturadores ante los tribunales. Tampoco resulta extraño que el magistrado haya eludido la detención inmediata, ya que, previamente, la Fiscalía se había manifestado en contra.
Obstruccionismo
Según el escrito presentado el martes por Carlos Bautista, el tiempo transcurrido desde que se cometieron los crímenes, la Ley de Amnistía o el arraigo de Muñecas y «Billy el Niño» son razones para oponerse al arresto. Al margen de razonamientos jurídicos, no se puede olvidar el trasfondo político. Especialmente, si se toma en cuenta que en la cúspide del Ministerio Público se encuentra el Fiscal General del Estado, que es nombrado directamente por el Gobierno, por lo que su posición obedece a los intereses de Moncloa.
Desde el inicio de la querella, la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha caracterizado por la obstrucción al proceso. Así lo recordaba ayer Alfredo Mangano, secretario de la juez Servini, en «Eldiario.es», donde reconoció que las autoridades españolas «no han colaborado con la investigación en ningún momento». «Estamos acostumbrados a trabajar contracorriente en esta causa», indicó Mangano al medio digital español. No obstante, la querella argentina sigue avanzando y sus promotores esperan más imputaciones.
Rechazo al ataque de la Diada sin hablar de franquismo
El Senado español aprobó ayer una moción presentada por el PNV en la que rechazaba el ataque perpetrado por un grupo de ultraderechistas contra la sede de la Generalitat en Madrid el pasado 11 de septiembre, durante la Diada. Sin embargo, el texto final eliminó las referencias al franquismo para contar con el apoyo del PP.
La moción original jelkide incluía un punto en el que mostraba su preocupación ante la «proliferación» de actos en recuerdo de la dictadura franquista y la «continua utilización de símbolos preconstitucionales». Un punto que fue sustituido durante la negociación entre los grupos y que planteaba «expresar la preocupación ante la existencia de actos de intolerancia y violencia ideológica y conductas antidemocráticas que sólo buscan erosionar la convivencia y la democracia».
Durante el debate, el senador del PP Luis Aznar consideró el asunto «delicado y espinoso», realizando una defensa de miembros de su formación como el fallecido Manuel Fraga, ministro durante el régimen fascista. Amaiur, que no tomó parte en la votación como medio de protesta, se preguntó a través de un comunicado por «la razón por la que el PNV haya aceptado la enmienda».