El 19 de noviembre de 1933, los colegios electorales abrieron sus puertas para celebrar unos comicios con una novedad trascendental: las mujeres participaban con su voto en unas elecciones generales. Antes que Francia, Bélgica o Italia, la II República española reguló su derecho al voto como dictaba la Constitución de 1931 en su artículo 52: […]
El 19 de noviembre de 1933, los colegios electorales abrieron sus puertas para celebrar unos comicios con una novedad trascendental: las mujeres participaban con su voto en unas elecciones generales. Antes que Francia, Bélgica o Italia, la II República española reguló su derecho al voto como dictaba la Constitución de 1931 en su artículo 52: «El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto».
El debate parlamentario, liderado por Clara Campoamor, sobre la participación de las mujeres como electoras en igualdad de condiciones con los hombres, hizo difícil el trámite. La oposición al voto femenino utilizó desde distintas posiciones políticas todo tipo de argumentos; desde el puro machismo, el miedo a la manipulación del voto femenino por parte de los sacerdotes católicos o la concepción de una España que todavía no estaba preparada para ese cambio.
Independientemente de aquel debate, de la victoria de la CEDA y de lo injustos que fueron ciertos sectores progresistas con Clara Campoamor; aquel 19 de noviembre se celebraron unas elecciones totalmente democráticas. Pero ¿por qué esa fecha no es conmemorada por las instituciones?
Con la muerte del dictador Francisco Franco se abrió la posibilidad de recuperar la democracia, algo por lo que habían luchado durante la dictadura muchos hombres y mujeres que no tienen fotografía en ningún libro de historia. Quienes pilotaron el proceso, o bien debían cambiar de chaqueta y de camisa, o bien, desde la oposición al franquismo y después de 40 años de dictadura, sólo tenían en mente conseguir la democracia. A costa de muchas renuncias o con objetivos de promoción personal borraron conscientemente el pasado democrático.
De ese modo construyeron en tiempo real el mito de la Transición; muy alto y muy frondoso para que cuando la sociedad mirase hacia atrás no pudiera ver que la Transición española a la democracia ocurrió en los años treinta. Así la paternidad y la maternidad de esas libertades políticas podía ser ocupada por representantes de luchadores antifranquistas y usurpada por antidemócratas disfrazados de constructores de libertades.
La ocultación de ese proceso, la negación de su existencia, ha tenido diversos efectos perversos, entre ellos el de convertir la dictadura franquista en «la transición a la Transición», con todo lo que tiene de edulcorante esconder el aplastamiento de aquella primera democracia. Borrando ese pasado, ocultando ese precedente, resultaba natural que no se depurasen los principales aparatos del Estado, porque eran ellos los que habían propiciado las condiciones que convirtieron el franquismo, de la noche a la mañana, en una democracia ejemplar.
Así tenemos hoy a eminentes franquistas formando parte de la vida pública, capitaneados por Manuel Fraga, capaz de afirmar hace unos años que el siglo XX había comenzado en España en 1936. El asesinato de miles de civiles y toda la represión generada por el franquismo era lo que había modernizado este país. ¿Qué ocurriría en Alemania si alguien sostuviera que en 1933, con el ascenso de Hitler al poder, llegó la modernidad? Los casos son numerosos y algunos igual de relevantes, como el de Rodolfo Martín Villa, que de la camisa azul y el brazo en alto pasó a ejercer tras la muerte del dictador una forma de guerra sucia y aún hoy mantiene el discurso de que en el franquismo todos fuimos víctimas.
La partida de nacimiento de nuestra democracia sufrió numerosos tachones en la segunda mitad de los setenta, con el objeto de asignar el honor de su origen a quienes no hicieron nada por favorecer el regreso de las libertades hasta asegurar su impunidad y la continuidad de sus privilegios.
Se trata de una ocultación que continúa. En 2008 mi hija estudiaba cuarto de primaria. En su libro de Conocimiento del Medio había un capítulo dedicado a las instituciones. En el apartado relativo al Congreso de los Diputados se decía que las primeras elecciones democráticas con voto masculino y femenino se habían celebrado hacía «más o menos 75 años». ¿Para averiguarlo era necesaria una prueba de carbono 14 o bastaba con ir a una hemeroteca o a algún libro de historia y localizar la fecha exacta? Entonces, ¿por qué esa imprecisión a la hora de enseñar esa fecha tan importante? ¿Por qué no decir que esos comicios se celebraron durante la Segunda República?
Según los franquistas iban creando las condiciones para su ingreso impune en la democracia, los paladines de las ciencias sociales dieron continuidad a los trabajos de Juan José Linz, que bautizó la dictadura del general Franco como «régimen autoritario»; es decir, casi democrático. Politólogos, sociólogos y periodistas comenzaron a construir una historia a la medida de los padres e hijos del franquismo y de una monarquía que debía inventar una imagen democrática después de que Juan Carlos de Borbón hubiera ido de la mano del dictador durante años.
En este contexto, el proceso de recuperación de la memoria iniciado hace unos años tiene entre sus objetivos reconocer que el origen de nuestra democracia está en el año 1933, momento en el que de verdad entró nuestro país en el siglo XX. Eso hace que al ver los crímenes del franquismo se exija justicia o, al conocer el abandono y el desprecio que han padecido por los padres y las madres de nuestro primer periodo democrático, se sienta que se ha llevado a cabo una usurpación de sus logros y sus luchas.
Sólo falta esperar a que las instituciones liberen la historia, dejen de utilizarla para el embellecimiento de dudosas biografías y conmemoren una fecha que fue un paso para la humanidad y un gran salto para nuestra sociedad.
Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación
Fuente: http://blogs.publico.es/