La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó a Marruecos de «país enemigo» y pidió, en una querella en marzo de 2004, el control «de individuos de raza árabe», tal como figura en el sumario del 11-M. Éste es uno de los motivos alegados por la Asociación 11-M. Afectados de Terrorismo en su recurso al […]
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó a Marruecos de «país enemigo» y pidió, en una querella en marzo de 2004, el control «de individuos de raza árabe», tal como figura en el sumario del 11-M. Éste es uno de los motivos alegados por la Asociación 11-M. Afectados de Terrorismo en su recurso al auto del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, en el que el magistrado que instruye el caso de los atentados de Madrid indicaba que si la asociación de Pilar Manjón quería personarse como acusación popular debía hacerlo bajo la representación legal y dirección jurídica de la AVT.
En ese auto, dictado el 26 de julio, el magistrado aludía a «una convergencia de intereses de todas las asociaciones personadas». La asociación presidida por Pilar Manjón, en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que fue enviado el pasado viernes al juez, considera por el contrario que existe una «pública y notoria divergencia» en sus planteamientos respecto al proceso, que considera «inasumibles», y subraya una incompatibilidad «absoluta y radical» entre los intereses procesales y los puntos de vista de ambas asociaciones. Para justificar que «no existe ni la más mínima sintonía ni puntos de vista en común», los abogados de la Asociación 11-M hacen referencia en su escrito a «la única actuación procesal» de la asociación de Alcaraz en el caso de la que tienen constancia, y que está incluida en el sumario de los atentados de los trenes.
Se trata de una querella presentada el 12 de marzo de 2004, y rechazada por el juez del Olmo a finales de ese mismo mes, en la que la AVT pide la responsabilidad en los hechos de dirigentes de la organización terrorista ETA que se encontraban en prisión desde hace varios años, así como la responsabilidad «de quienes se amparan bajo las siglas de KAS y ETA con todo su entramado, asociaciones políticas, juveniles, sindicales, gestoras de familiares de presos ilegales y organizaciones afines».
La asociación de Manjón también se refiere a la ampliación de esta querella, el 23 de marzo de 2004. En ésta, la asociación de Alcaraz se refiere a «países de religión musulmana y enemigos del orbe cristiano» o «elementos marroquíes conceptuados siempre como enemigos de nuestra nación en todos los aspectos». Otras medidas que la AVT reclamaba son «la inmediata clausura de la mezquita de la M-30 , previa entrada y registro a cualquier hora del día y de la noche» y «la entrada y registro de todos aquellos locales que se denominen mezquitas o centros culturales islámicos».
Estricta vigilancia
Pero también se requería «el listado de todos aquellos individuos de raza árabe que legalmente hayan entrado en nuestro país, así como todos aquellos que hayan sido controlados como inmigrantes ilegales al acceder a nuestras costas desde un país enemigo como es Marruecos», y, por último, el control «de cualquier ciudadano marroquí en su entrada o salida, dando cuenta de ello a la Audiencia Nacional».
En su recurso, la Asociación 11-M considera estas posturas «radicalmente incompatibles» con sus ideas y advierte de los problemas que originarían estas posturas divergentes, de acudir de forma conjunta, a la hora de plantear recursos, valorar figuras como cómplices o encubridores, etc.
Manjón, que indicó ayer que acudirán a todas las instancias judiciales para que su recurso prospere, recalcó que la intención de sus asociados es conocer la verdad, saber qué pasó, quiénes son los culpables. «No queremos cerrar mezquitas ni que se siga intentado inculpar a ETA. El juez del Olmo no ha encontrado ni un solo vínculo de la banda con los atentados», agregó Manjón, que recordó también que muchos de sus asociados son musulmanes. Y zanjó: «No tenemos nada que ver con los planteamientos de la AVT. No vamos a jugar banderas partidarias, porque estamos hablando de que no tenemos con nosotros a 192 personas. Eso es lo que nos toca defender con una voz propia».
Los abogados de la Asociación 11-M también alegan que si en su día se constituyó una asociación específica y de carácter mayoritario «era porque ni los planteamientos éticos y jurídicos eran coincidentes con ninguna de las asociaciones existentes». La asociación de Manjón recuerda además que las posturas radicalmente diferentes mantenidas respecto a instituciones del Estado y «las posturas abiertamente enfrentadas» respecto a la Comisión del 11-M hacen imposible la personación bajo la representación legal de la AVT.
El recurso concluye que, de no atenderse su demanda, decenas o centenares de sus asociados «al no verse representados por la AVT, pueden acabar personándose de forma individual pudiendo provocar un auténtico y real colapso del procedimiento».
Preguntado por el recurso, Alcaraz indicó: «No voy a entrar a hacer valoraciones». En su opinión, es la Audiencia, «que siempre ha actuado así -agrupando las distintas peticiones de acusación popular en una-, quien debe decidir si es esto es posible en este proceso». Sin embargo, en declaraciones a Servimedia manifestó que «acusación popular sólo hay una» y que ésta corresponde a la AVT.