Facilitar el acceso de las multinacionales médicas al negocio potencial de la salud pública es un objetivo prioritario del Partido Popular. El atentado contra el Hospital Severo Ochoa (HSO) de Leganés, por parte de Esperanza Aguirre y su Consejero de Sanidad Manuel Lamela – sustituido por Juan José Güemes – persigue, a través del desprestigio […]
Facilitar el acceso de las multinacionales médicas al negocio potencial de la salud pública es un objetivo prioritario del Partido Popular. El atentado contra el Hospital Severo Ochoa (HSO) de Leganés, por parte de Esperanza Aguirre y su Consejero de Sanidad Manuel Lamela – sustituido por Juan José Güemes – persigue, a través del desprestigio de la Sanidad Pública, legitimar la implantación del sistema de concesiones privadas para la gestión de la sanidad madrileña1.
El equipo encabezado por Luis Montes ha sido el chivo expiatorio. Desde el año 2001 hasta su destitución, este grupo ha gestionado el servicio de urgencias superando la saturación, la burocracia y la escasez de medios. Motivado por una deontología profesional ejemplar, implantó protocolos para ictus, infartos, traumatología y cuidados paliativos, propiciando una optimización de recursos y un buen servicio a la salud.
Luis Montes y sus compañer@s han demostrado como, desde la ética profesional, se pueden administrar recursos escasos y proteger la salud de la gente. Su esfuerzo cotidiano pone en cuestión el modelo basado en rebajar costes y proteger la cuenta de resultados de fundaciones y empresas privadas. Por esta razón y por una trayectoria en defensa de una sanidad pública eficaz y del derecho al aborto de las mujeres, Luis Montes era y es, para los políticos neoliberales, un enemigo a abatir
En marzo de 2005, tras una gran campaña mediática del PP, el doctor Montes y su equipo fueron acusados, en base a denuncias anónimas, de 400 homicidios por eutanasia masiva y encubierta mediante sedaciones irregulares. Inmediatamente después, Manuel Lamela, destituyó a Montes como coordinador del servicio de urgencias. En mayo, la Consejería de Sanidad denunció al equipo de Montes en el juzgado, dió parte a la fiscalía y abrió una investigación.
Tras casi tres años de comisiones de investigación manipuladas, dispersión del mejor equipo de profesionales, represión laboral, caza de brujas y aumento de muertes por número de habitantes y estancia media en urgencias del HSO, la Audiencia Provincial de Madrid ha exculpado a los acusados de la única falta que el gobierno de Esperanza Aguirre pudo mantener en pie: mala praxis médica por sedaciones irregulares.
La movilización sostenida por l@s trabajador@s del H.S.O., arropados por el pueblo de Leganés y en condiciones muy duras, ha favorecido la toma de conciencia de la población, el apoyo (limitado y reticente) de la izquierda institucional y una sentencia justa.
Pero ahora, ¿cuándo se va a restituir en sus puestos de trabajo a los profesionales injustamente cesados? ¿quién va a resarcirlos del daño moral sufrido?. ¿Dónde pueden reclamar los familiares de los cientos de enfermos terminales privados de una muerte digna por el temor de los médicos a ser criminalizados si aplican cuidados paliativos?. ¿Quién responde del retroceso de la sanidad pública promovido, entre otros factores, por la represión de los mejores profesionales sanitarios?
Aunque algunos, por razones electorales, aparenten estar de nuestro lado, la privatización de la sanidad va viento en popa. Seis nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid y cuatro más comprometidos, todos ellos de gestión privada. Mil médicos cobrarán en función de lo que ahorren y una tómbola electoral de rebajas fiscales reducirá la capacidad de financiación de la sanidad pública.
La movilización, desde abajo y con fuerza propia, para castigar a los enemigos de la sanidad pública es más necesaria que nunca.