Una vez cesado Luis Montes como coordinador del servicio de urgencias, la CAM no puso a nadie en su lugar. Esto supuso que nadie se ocupaba de aliviar la saturación de enfermos trasladandolos a otros hospitales, vigilando y estimulando las altas en las plantas y modificando el orden de las operaciones quirúrgicas para atender las más urgentes. El Consejero Lamela realizó su calculada estrategia con la mayor frialdad prescindiendo de las repercusiones sobre los pacientes y el personal sanitario.

Estas injusticias motivaron el levantamiento de la plantilla del HSO. El 97% de los trabajadores y trabajadoras secundó la huelga del 1/IV/05 y esa misma tarde más de 10.000 vecinos y vecinas de Leganés acudieron a la manifestación contra los abusos del PP: «En defensa de nuestro hospital y de la Sanidad Pública»

La Consejería de Sanidad usó a los enfermos y a los pacientes como instrumento par chantajear a los huelguistas. Mantuvo todas las citas, provoco enormes colas de personas en «Atención al Paciente» quejándose con razón de haber perdido la mañana y solicitando otra cita. A pesar de que los servicios mínimos fueron del 30% en el hospital y del 100% en Urgencias, UCI, Maternidad y enfermos de cáncer, la huelga significó la suspensión de 1.400 consultas, 170 pruebas diagnósticas, 350 extracciones de sangre y 20 operaciones.

La honradez y la firmeza del conjunto de estamentos que trabajan en dicho hospital, arropados por el pueblo de Leganés, y por el pueblo de Madrid abrieron la posibilidad de poner algo por delante al golpismo privatizador del PP contra la salud de tod@s y contra los derechos y la dignidad laboral de l@s trabajador@s sanitarios.

LA SOLIDARIDAD INTERESTAMENTAL Y POPULAR.

Comunicado de los colectivos de limpiezas del hospital Ramon y Cajal, Clínico, La Paz y Puerta de Hierro en apoyo a la manifestación del 19/IV/05.

Con un puñado de denuncias anónimas sobre supuestas sedaciones inadecuadas a enfermos terminales del servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, destituyó al médico coordinador de dicho servicio, al gerente y al director médico del hospital. Justificó estas medidas extremas con la acusación de «mala praxis médica»y «abuso de poder sobre los enfermos» procedente de «cientos de denuncias». A través de los medios de comunicación afines al partido Popular, vinculó estos episodios con la práctica encubierta de una eutanasia masiva.

La investigación posterior puso de manifiesto la inexactitud de estas acusaciones. Redujo los cuatro centenares de denuncias a docena y media y mostró que ,en ausencia de un servicio de cuidados paliativos en el hospital, una vez más, la falta de medios se resuelve con la iniciativa de los profesionales que, mas allá de actitudes burocráticas y leguleyas, asumen la responsabilidad de paliar el sufrimiento de la persona que tienen delante.

Esta turbia maniobra del PP contra quienes trabajan en la sanidad pública y por extensión, contra el carácter público de la sanidad, está teniendo la respuesta que merece .Sin embargo, este tipo de agresiones contra la sanidad pública, los derechos y libertades de las personas que prestan sus servicios en ella y contra el derecho a la salud de las personas enfermas y de sus familiares, ocurren todos los días sin que las consecuencias vayan más allá de una protesta local o corporativa que discurre ante la indiferencia, cuando no el disgusto o la hostilidad, de los estamentos no implicados directamente y ,por supuesto, de los pacientes y sus acompañantes.

Esta vez, el extremismo ideológico y la fascinación del PP por el modelo sanitario de EEUU, ha llevado al consejero de sanidad Lamela a cometer un error de apreciación. El gobierno de Esperanza Aguirre pretendía una operación simultánea de propaganda integrista contra la eutanasia, legitimación de las concesiones privadas de hospitales y depuración de profesionales no adictos a su régimen político. Pero ha conseguido unificar a la mayoría de la población, sanitaria y no sanitaria, contra sus políticas neoliberales.

Desde el sector de la limpieza de los hospitales, hacemos nuestra esta movilización en defensa de la sanidad pública y por la dimisión del consejero de sanidad. Las plantillas de limpiezas, privatizadas hace muchos años, somos el laboratorio social del despojo de derechos que imponen las empresas privadas, hoy mayoritariamente multinacionales que, al operar en el sensible espacio hospitalario, se llevan también por delante los derechos humanos de las personas enfermas, las más vulnerables y necesitadas de la protección de toda la sociedad.

En manos de los políticos privatizadores y de las contratas o concesiones privadas, las personas enfermas se convierten en escudos humanos. Quien quiera luchar contra los disolventes efectos de que la defensa de la salud esté gestionada desde el beneficio empresarial, tendrá que hacerlo golpeando el frágil cuerpo de los enfermos y sus atribuladas familias. La connivencia política entre el gobierno del PP de la CAM y las contratas de limpieza como Ferrovial-Eurolimp y Klüh Linaer, entre otras, convierte las tropelías diarias de estas empresas en algo muy difícil de controlar.

La ejemplar movilización de los trabajadores y trabajadoras de todos los estamentos del hospital, con el estimulante apoyo del pueblo de Leganés, han abierto la posibilidad de poner coto a los desmanes del PP y de las empresas multinacionales contra la salud de la población, los derechos laborales y sindicales y la democracia.

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA. POR LA INTEGRACIÓN DE LA LIMPIEZA EN EL IMSALUD

DIMISIÓN DE LAMELA

ACUDE Y CONVOCA A LA MANIFESTACIÓN DE CIBELES A LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA CAM (Aduana,29)

MARTES 19 DE ABRIL DE 2005 A LAS 19 HORAS

Comunicado de los colectivos de limpiezas en apoyo a LAS AAVV DE LEGANES, ZARZAQUEMADA, SAN NICASIO, NUEVA FORTUNA, EL CARRASCAL que, agrupadas bajo la «Plataforma Vecinal en defensa de la Salud Pública» nos convocan en defensa de la Sanidad Pública el 18/X/06 en el Pabellón Deportivo Europa de Zarzaquemada.

La furia privatizadora de la Sanidad Pública por parte del gobierno del PP de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), está a la vanguardia de las políticas neoliberales sanitarias en el resto de España y en Europa. Ocho nuevos hospitales, todos ellos de iniciativa privada (Majadahonda, Vallecas, Coslada, SS. de los Reyes, Arganda, Aranjuez, Parla y Valdemoro), van a eliminar muchas camas en los hospitales públicos, a debilitar la red de atención primaria y a deteriorar la calidad del cuidado de la salud para las clases populares en la CAM.

Bajo el slogan publicitario MÁS Y MEJOR SANIDAD PUBLICA, la Consejería de Sanidad de la CAM, cuyo responsable es Manuel Lamela, ha puesto en marcha una campaña publicitaria con el horizonte de las elecciones autonómicas y municipales de Mayo de 2007. En dicha campaña se ofrece disminuir el volumen de usuarios adscritos a cada nueva Área Sanitaria, lo que supuestamente redundaría en una mejora de la atención y una administración sanitaria más simple y cercana los ciudadanos.

Sin embargo, lo que no dice la campaña de Lamela es que el Gobierno del PP se propone entregar la gestión de las nuevas zonas sanitarias a las grandes empresas privadas que se están apropiando de la sanidad pública. Si consentimos que este proyecto se haga realidad, las prioridades en la gestión de dichas áreas dependerán de la cuenta de resultados de estas empresas. El resultado de lo que la CAM llama MÁS SANIDAD PÚBLICA será todo lo contrario de lo que promete. Por un lado, fragmentación y privatización de la gestión de cada área sanitaria; por otro, opacidad y exclusión de cualquier forma de participación de los MMSS en la gestión de la salud de tod@s.

Los profesionales y trabajador@s sanitari@s que se oponen a esta dinámica privatizadora están siendo objeto de violentas campañas de calumnias y represión, como es el caso del Hospital Severo Ochoa y de colectivos de limpiezas de diversos hospitales en los que el fundamentalismo privatizador ha encontrado una firme resistencia.

LA GLOBALIZACION ECONOMICA Y LA PRIVATIZACION SANITARIA SON LA CAUSA DE LOS HOMICIDIOS EN SERIE.

Según un reciente informe del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), en el año 1999 se produjeron en España 1979 muertes por enfermedades producidas por la exposición a sustancias tóxicas en los puestos de trabajo. De ellas 1100 se debieron a procesos cancerigenos y 700 a patologías cardiovasculares. Ninguna de estas muertes se reflejan en las estadísticas oficiales.

Salvo accidentes, la exposición de las personas a las sustancias tóxicas en la jornada laboral es de baja intensidad, pero de larga duración. Los efectos aparecen a lo largo de los años en forma de enfermedades crónicas y degenerativas como la encefalopatía o el cáncer. Esas enfermedades no llevan escrito en la frente su origen. Quienes las sufren individualmente carecen de medios para investigar su incidencia epidemológica. La Sanidad Pública no las conoce oficialmente porque no las ha buscado.

La ocultación de estos casi 1800 muertos por enfermedades producidas por tóxicos en el trabajo, más la ocultación de las víctimas producidas por otras muchas causas de enfermedad profesional, permiten al estado español aparecer en las estadísticas europeas como uno de los cuatro países que declaran menos enfermedades profesionales.

La utilización de sustancias químicas como productos de limpiezas, pegamentos, pinturas, barnices y pesticidas va en aumento por exigencias de la productividad. Los sectores más expuestos a la toxicidad son: limpieza profesional, sanidad, industria, imprentas, droguerías, peluquerías y laboratorios. A pesar de ello, la ley que regula la Evaluación de los Riesgos Laborales (Ley 31/1995) solo se tiene en cuenta en la tercera parte de las empresas.

Son las condiciones laborales las que matan en una matanza silenciosa y oculta. Las condiciones de trabajo homicidas tienen como beneficiarios a quienes se lucran con ellas y como víctimas a quienes pierden lo único que tienen, su fuerza de trabajo que está fundida con su vida. Esta cadena ininterrumpida de homicidios en serie sí que debería ser investigada por las autoridades públicas.