El accidente de Fukushima ha destapado que Tepco, la eléctrica que gestiona la central nuclear japonesa, falseó datos sobre su seguridad en unas 200 ocasiones durante 25 años, sin que el organismo regulador se percatara y creando un muro de ocultismo a su alrededor. Este «escándalo», como lo define ahora la propia empresa, ha levantado […]
El accidente de Fukushima ha destapado que Tepco, la eléctrica que gestiona la central nuclear japonesa, falseó datos sobre su seguridad en unas 200 ocasiones durante 25 años, sin que el organismo regulador se percatara y creando un muro de ocultismo a su alrededor. Este «escándalo», como lo define ahora la propia empresa, ha levantado la pregunta en todo el mundo de si estos tejemanejes turbios se repiten por doquier en la industria atómica internacional. Para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el policía del sector en nuestro país, la respuesta es clara: no en España. «El CSN tiene unos sólidos y solventes sistemas de supervisión y control para todas las centrales nucleares españolas, con una decidida política de transparencia», aseguran fuentes del organismo, independiente del Gobierno pero con dos consejeros propuestos por el PSOE, dos por el PP y uno por CiU.
Si hoy es así, no lo ha sido siempre. En España, como recuerda el físico nuclear Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, la industria nuclear ha viajado desde la opacidad hasta la transparencia «a golpe de sentencia judicial y de accidentes». En febrero de 1995, un acta de inspección del CSN en la central burgalesa de Garoña cayó en manos de la ONG. Según recuerda Castejón, sacaba a la luz deficiencias de seguridad en caso de incendio. Inmediatamente, comenzó una batalla judicial contra el CSN para hacer públicas todas sus actas de los reactores españoles. Hacerlo significaba desnudar a la industria atómica.
Las actas muestran cualquier cosa que los inspectores del CSN (hay por lo menos uno las 24 horas del día en cada central) consideran relevante para la seguridad, desde un andamio mal colocado hasta la falta de una ronda de vigilancia. Durante años, el CSN se negó a hacer públicas las actas, porque, según sus argumentos, eran documentos incompletos que se limitaban «a constatar una situación», pero podían «llevar a conclusiones erróneas». Finalmente, el Tribunal Supremo, en mayo de 2004, obligó al CSN a hacer públicas las actas. Hoy, los propios ecologistas reconocen que es la industria más regulada, a años luz de otras muy contaminantes. «La industria química ahora es más opaca que la nuclear, pero hay que tener en cuenta que se le exige menos seguridad», opina el abogado Luis Oviedo, que llevó las riendas del proceso judicial contra el CSN.
No fue el único latigazo al sector nuclear para reducir su opacidad. El 25 de agosto de 2004, con el reactor funcionando al 100%, se rompió una tubería que servía para refrigerar con agua del Mediterráneo las instalaciones de Vandellós II, en Tarragona. El suceso, sin consecuencias para la salud o el medio ambiente, sacó a la luz el desbarajuste que se vivía en la central. Los gestores de la planta, propiedad de Endesa e Iberdrola, conocían desde 1993 la corrosión de la tubería, pero la ocultaron al CSN, que tampoco se percató por su cuenta. El organismo quiso multar a la central, pero no había sanciones previstas para estos casos.
Revisión de sanciones
En un informe autocrítico exigido por el Congreso, el CSN se impuso «revisar el cuadro sancionador para incluir los supuestos de ocultación de información». Era el 18 de noviembre de 2005, unos 35 años después del comienzo de la era nuclear en España. El Congreso también aprovechó para instar al CSN «a mejorar su transparencia» y exigir la publicación de las actas de inspección «con carácter inmediato». Los detalles de la fuga se conocieron antes por los periódicos que por el Consejo, que admitió que «minusvaloró» el suceso. Las actas, finalmente, comenzaron a colgarse en la web del CSN a partir del 1 de agosto de 2006.
El informe también desveló que la entonces presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, había enviado al Congreso un informe maquillado, que eliminaba las críticas a los gestores de la central. Estevan Bolea, exdiputada del PP, había llegado al cargo en 2001, en la segunda legislatura de José María Aznar. En su primera entrevista, pidió la construcción de más nucleares y aseguró que esta energía «es la más limpia, la más barata y la más segura».
La actual presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, fue nombrada a propuesta del PSOE en 2006. A su llegada se encontró con un examen del Organismo Internacional de la Energía Atómica solicitado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El organismo de la ONU, tras dos años de inspecciones, calificó de «excelente» el sistema español de seguridad nuclear, pese a que en 2007, en la central de Ascó I, se repitió el embrollo y se ocultó al CSN una fuga radiactiva durante meses. Tres directivos y el propio inspector del CSN están imputados.
«Llevamos 15 años intentando mejorar la transparencia. Es injusto decir que ahora hay ocultismo», mantiene Piluca Núñez, directora de comunicación del Foro Nuclear, el lobby del sector en España. «La prueba es que la opinión pública sobre la nuclear ha mejorado, porque los ciudadanos tienen mucha más información», considera.
Fuente: http://www.publico.es/ciencias/368232/una-industria-desnuda-a-golpe-de-sentencia