A diferencia de lo que ocurre en el Estado español, países como Argentina y Finlandia ofrecen eduación superior gratuita además de ayudas a la emancipación
El modelo de becas-préstamo, imperante en países como EE.UU. o Reino Unido asoma la patita por debajo de la puerta en nuestro país. Aparecieron en 2007 en nuestro país y dejaron de concederse en 2012. Ahora amenazan con volver.
Este mes de junio escuchábamos a la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, expresar su deseo de abrir el debate sobre la financiación universitaria en una charla de la tribuna Fórum Europa. «No es cuestión de gratuito o no, sino de quién lo paga, cómo y cuándo», declaró Gomendio. La secretaria pretendía con estas palabras llamar la atención sobre la necesidad, a su juicio, de que las aportaciones privadas tengan un mayor peso sobre el presupuesto universitario y de abandonar el modelo de becas «a fondo perdido».
Desde el ministerio han aclarado que no están barajando esta posibilidad, pero la realidad es que desde 2007 las becas-préstamo ya no son novedad en nuestro país. En 2007 aparecen en el Estado Español dos modalidades de becas-préstamo de carácter público con cargo a una partida presupuestaria del ICO y gestionadas por el Banco Santander: las homónimas «becas-préstamo» y los «préstamo-renta». Las primeras, destinadas a financiar los estudios de Grado, oscilaban entre los 3.000 euros y 9.000 euros de préstamo y eran financiadas entre el MEC (70%) y una entidad bancaria (30%). Este importe se debía devolver durante los 4 años siguientes, siendo el primer ejercicio de carencia y los tres restantes de amortización del principal. Los intereses a pagar varían en función del EURIBOR. Los «préstamos-renta», dirigidos a costear el curso de máster oficiales, se presentaban en un formato mucho más jugoso que las llamadas becas-préstamo, tanto por su cuantía, como por las facilidades de devolución esgrimidas en la primera convocatoria. Esta ayuda comprendía dos cantidades: una dotación inicial para pagar los estudios y una asignación adicional, para aquellas solicitantes que deseasen una renta mensual personal. Algo así como una renta básica. En total, hablamos de préstamos de hasta 22.800 euros.
Términos del préstamo
Las condiciones de devolución de estos «préstamos-renta» en la primera convocatoria contemplaban dos años de carencia obligatoria prorrogables hasta el año siguiente a aquel en el que la alumna declarase una base imponible del IRPF superior a 22.000 euros. Una vez iniciado el periodo de amortización, la prestataria dispondría de 8 años para devolver el principal. En cualquier caso, la parte de la deuda no reembolsada transcurridos 15 años sería asumida por el Estado. Sin embargo, en las siguientes convocatorias las condiciones cambiaron radicalmente y en el curso 2010/2011 se eliminó la cláusula que condicionaba el pago de cuotas a la percepción de unos ingresos anuales de 22.000 euros, es decir, se desliga el pago de cuotas de la renta del individuo.
En un contexto de crisis como el actual con una tasa de paro juvenil en torno al 53%, hacer frente a estos pagos se convierte en un problema para muchas estudiantes. Sobre todo, cuando muchas denuncian haber recibido publicidad engañosa por parte de la entidad bancaria. Si la web hablaba de un interés del 0% para las convocatorias 2009-2010 y 2010-2011, en realidad, la primera comprendía un interés de demora del 10% y la segunda un interés del 3%. Tampoco los períodos de carencia y amortización efectivos se corresponden con los anunciados en la web del Santander.
La plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad exige al Ministerio y al Banco Santander que tomen cartas en el asunto entendiendo que la información ofrecida por el Banco Santander en su web oficial, en la que figuraban los logotipos del Ministerio de Educación y del ICO como aval, inducía a engaño y exige que se respeten las condiciones iniciales, la anulación del cobro de intereses y la reposición del umbral de ingresos.
Precariedad juvenil
Estas ayudas no es la única vía de la que disponen las entidades financieras para sacar rédito de las ayudas al estudio, pues es sabido que entidades privadas como el Banco Santander o Kutxabank llevan años ofreciendo el anticipo mes a mes de la beca general o la beca erasmus. Para disfrutar de dicho anticipo las solicitantes deben domiciliar la beca en la entidad bancaria y, en el caso del Santander, pagar unos intereses equivalentes al EURIBOR más el 4,5%, así como comisiones por apertura y cancelación.
Estas becas son un negocio que ya ha engañado a muchas estudiantes para asumir una deuda que solo enriquece a los bancos. La idea de «beca» significa ofrecer las mismas oportunidades a aquellas estudiantes que tienen menos recursos con el fin de poder realizar una titulación. ¿Qué ocurre cuando se endurecen los requisitos para acceder a una beca pública, cuando se otorga menos dinero a cada estudiante y cuando se reduce el número de ayudas? Ocurre que se menoscaba la igualdad de oportunidades, condenando a quienes tienen menos medios a subsistir precariamente, favoreciendo a quienes gozan de una condición económica elevada y ampliando la desigualdad existente entre explotadas y explotadoras.
Parece comprensible que si el Gobierno disminuye el número de becas públicas, éstas serán paulatinamente sustituidas por becas-préstamo como sucedió en EE.UU., Reino Unido o Chile, donde muchas estudiantes han adquirido deudas vitalicias. Esta sustitución viene siendo denunciada desde hace años por diversos colectivos en defensa de la educación pública que entienden que la eliminación de las becas a fondo perdido forma parte de la Estrategia Universidad 2015.
Tasas elevadas, bajas o nulas ayudas públicas
La generalización de las becas-préstamo nos llevaría a un escenario de elevadas tasas universitarias, bajas o nulas ayudas públicas, un 53,5% de paro juvenil (menores 25 años), y eternos becarios mal remunerados. Si a esto le sumamos la deuda de varios miles de euros que contraigan aquellas estudiantes que soliciten la beca-préstamo, nos encontraremos con un grupo de personas sobre-cualificadas, trabajando (o no) precariamente para pagar una deuda con elevados intereses a una empresa privada.