Los Programas Especiales de Armamento (PEA) para impulsar la industria militar estatal han ocasionado una importante deuda al Estado. Los compromisos de compra de las armas contempladas en los PEA, empezaron en 1998 con un valor de 12.767 millones de euros y, en 2016, lograban la colosal cifra de 36.539 millones de euros. El último […]
Los Programas Especiales de Armamento (PEA) para impulsar la industria militar estatal han ocasionado una importante deuda al Estado. Los compromisos de compra de las armas contempladas en los PEA, empezaron en 1998 con un valor de 12.767 millones de euros y, en 2016, lograban la colosal cifra de 36.539 millones de euros. El último informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, «La burbuja de las armas españolas. Los Programas Especiales de Armamento», analiza los PEA y aporta una radiografía actualizada de la industria militar española.
Los Programas Especiales de Armamento (PEA), se aprueban por primera vez en 1998, fruto de la voluntad del gobierno del Partido Popular de potenciar la industria militar española a través del gasto militar. Los compromisos de compra de armamento que recogen los PEA, incluyen la financiación del desarrollo de las armas por parte de las empresas militares, a través de créditos en concepto de I+D concedidos por el Ministerio de Industria a devolver en 20 años a cero interés. Un retorno de la deuda que en muchas ocasiones, según aducen las empresas, el Ministerio de Defensa les descontaba en concepto de compra de las armas. De este modo el retorno de los créditos a Industria pasa a manos de Defensa, que, a día de hoy, todavía debe alrededor de 15.000 millones de euros al Tesoro Público. Así se explica en el último informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz, «La burbuja de las armas españolas. Los Programas Especiales de Armamento» .
Los compromisos de compra derivados de estos programas alcanzaban en 2016 la cifra de 36.539 millones de euros, para un total de 25 programas con contratos firmados con diferentes empresas de la industria militar española a lo largo de los años. Un gasto militar que no se ve reflejado en el presupuesto del Ministerio de Defensa, puesto que los créditos a las empresas los concede el Ministerio de Industria. Tal como expone Pere Ortega, investigador y presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz, autor del informe, «esta fórmula permitía esconder el gasto real de Defensa a la opinión pública» y evitar su posible coste político.
Los PEA se desarrollaron para impulsar la industria militar española, que en 2015 facturó 7.248 millones de euros y que está regida por lo que el autor del Informe denomina el oligopolio de la producción militar en España. Este oligopolio está conformado por las cuatro industrias militares más importantes: el grupo Airbus, Indra, Navantia y General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas, a las que la publicación dedica un capítulo específico.
En este sentido, el informe concluye que se totalmente necesaria una revisión y auditoría de los Programas Especiales de Armamento, por la existencia de una carencia de transparencia y la revisión de la utilidad del armamento en la defensa del Estado.
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