A quienes no conozcan los hechos a los que se refiere esta columna de opinión o no los recuerden bien, les recomiendo la lectura del reportaje de Noticias de Gipuzkoa al que sirve de apoyo. La Comisión Ciudadana que formaron en 1978 la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales para investigar el […]
A quienes no conozcan los hechos a los que se refiere esta columna de opinión o no los recuerden bien, les recomiendo la lectura del reportaje de Noticias de Gipuzkoa al que sirve de apoyo.
La Comisión Ciudadana que formaron en 1978 la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales para investigar el asesinato de Joseba Barandiaran en la cuesta de Aldapeta llegó a una conclusión muy clara, respaldada por numerosas fotografías y testimonios directos: Joseba cayó abatido por un disparo efectuado por un gris (miembro de la Policía Armada). Lo que no pudo determinarse es si el policía disparó por propia iniciativa o si recibió órdenes y, en tal caso, quién las dio: si el mando de su compañía, si el comandante de la Policía Armada, Antón, si el gobernador civil de Gipuzkoa, Antonio Oyarzábal, o si alguien situado en un cargo superior.
En realidad, da lo mismo. Porque, si el policía disparó y mató, fue porque sabía, por numerosas y muy cercanas experiencias, que se podía disparar a matar contra los manifestantes y que eso no acarreaba ninguna responsabilidad. Nunca se abría ninguna investigación interna, las diligencias judiciales eran siempre papel mojado y las autoridades políticas, cuando aparecían en público, era para echar la culpa de lo sucedido a los propios revoltosos.
De modo que, fuera quien fuera el autor material del homicidio, hay que concluir que la culpa de éste y de tantos otros crímenes cometidos por las fuerzas policiales en aquellos años debe ser achacada a toda la cadena del poder del Estado, que actuaba sistemáticamente o bien como instigadora, o bien como colaboradora necesaria, o bien, en el más leve de los casos, como encubridora.
Algunos solemos insistir en que el ministro del Interior era a la sazón Rodolfo Martín Villa, actual presidente de Sogecable. Pero quizá no esté de más recordar que ni uno solo de los integrantes del Gobierno de entonces, presidido por Adolfo Suárez, levantó nunca la voz en contra de tan alevosos asesinatos. Eran ministros de aquel Gobierno Francisco Fernández-Ordóñez, Marcelino Oreja, Joaquín Garrigues Walker y algunos más «demócratas de toda la vida».
Hay quien justifica todo aquello apelando a «los momentos difíciles de la Transición». Pero no aciertan a explicar cómo pudo ser que la Revolución portuguesa, que cortó por lo sano con el régimen fascista anterior, se llevó a cabo sin ocasionar ninguna víctima mortal, en tanto que nuestra «ejemplar Transición» las provocó a puñados. La razón, sin embargo, es muy sencilla: en Portugal desalojaron a los fascistas del poder sin miramientos; en España, fueron los propios franquistas los encargados de montar el régimen parlamentario.