Artículo 117 de la Constitución Española: 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Los escándalos de corrupción política y económica sazonan las portadas de los medios informativos día sí y […]
Artículo 117 de la Constitución Española:
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Los escándalos de corrupción política y económica sazonan las portadas de los medios informativos día sí y día también. Las nuevas revelaciones de Bárcenas y los documentos que ha aportado al juzgado demuestran la financiación irregular del partido del Gobierno durante dos décadas y la existencia de una trama de cohecho continuada en la que empresarios del ladrillo pagaban dinero negro al PP para conseguir concesiones de obras públicas, dinero que era luego enviado a Suiza o repartido en sobres entre los altos dirigentes populares. Esta trama, que no desmerece al «Tangentópoli» que hizo saltar por los aires el sistema de partidos en Italia a principios de los 90, tiene contra las cuerdas al PP, pero confían en salir de allí magullados pero enteros porque cuentan con uno de sus aliados más fieles: los jueces.
Someramente, veamos otros casos que afectan a poderes fácticos del Estado. El caso Urdangarín ha tenido una peligrosa deriva para la monarquía, ya que los correos filtrados por el socio del duque de Palma, Diego Torres, implican directamente a la infanta Cristina y cubren de sospechas al propio rey Juan Carlos. A pesar de la valiente instrucción del juez Castro, este cruzó la frontera de lo jurídicamente admisible para las fuerzas del régimen cuando imputó a la Infanta. La rápida anulación de este procesamiento por parte de la Audiencia de Palma y el olvido interesado sobre la responsabilidad del Rey en el enriquecimiento ilícito de su yerno demuestran que no todos somos iguales ante la ley. Y, para completar el mapa del oprobio, en los últimos días, el Tribunal Supremo ha decidido no juzgar al anterior vicesecretario general del PSOE y exministro de Fomento, José Blanco, por prevaricación, ha rebajado de 6 años a 9 meses la condena al expresidente de Baleares, Jaume Matas, con lo que evita su ingreso en prisión y ha archivado también las investigaciones contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas injustificadas de la Caja Navarra.
La intensa actividad judicial de este verano y estas decisiones parecen estar abonando la tesis que pregona Jesús Cacho, periodista conservador pero bien informado, sobre la existencia de una «Operación tijera»/1, que consistiría en un pacto entre PP, PSOE y la Casa Real, tres de los pilares fundamentales del régimen, para, con sus respectivas influencias en sede judicial, taparse las vergüenzas y dejar en nada los procesos que les acechan (Bárcenas, ERE y Urdangarin). No parece fácil, pero sin duda no sorprende en absoluto que este pacto inconfesable pueda tener lugar, ya que lo que aquí está en juego es la propia supervivencia del sistema bipartidista y de los «pactos de Estado» que desangran al país desde la Transición.
Pero el caso que más pruebas está dando del tremendo control político de la judicatura es el caso Bárcenas. Las revelaciones recogidas en el libro de Ernesto Ekaizer /2 ponen negro sobre blanco el manejo que tuvo el PP de la primera instrucción del caso Gürtel. Bajo la dirección del maquiavélico Trillo, los abogados del PP llegaron a personarse como acusación particular en un caso que juzgaba su financiación ilegal. El anterior juez instructor, Pedreira, cedió a las enormes presiones del equipo de Trillo y retiró la imputación a Bárcenas, al que solo el TS, ante las evidencias de su enriquecimiento, volvió a procesar. Las maniobras de Trillo también sirvieron para apartar del caso y hasta de la carrera judicial al juez Garzón, al que no defenderemos aquí por su connivencia con el cierre de periódicos y con las torturas a presos abertzales, pero que en este caso tuvo una actitud decidida; según informaciones recientes estaba preparando poco tiempo antes de ser apartado del caso un registro judicial en la sede de Génova que podría haber aportado documentación definitiva para el caso y para la suerte del propio PP.
El nuevo juez instructor del caso, Ruz, al que fuentes bien informadas sitúan en la órbita de los Legionarios de Cristo, descubre dos cuentas en Suiza de Bárcenas y , a partir de ahí, el caso se precipita y el PP pierde el control que había mantenido sobre él hasta entonces. Los papeles de Bárcenas publicados por El País en enero de este año y la subsiguiente querella de IU, ALA, Ecologistas en Acción y otros desataron el pánico en Génova, y las decisiones judiciales forzando la ley hasta el extremo se impusieron entonces. La querella de IU le tocó, por el sistema de reparto ordinario y legal, al juez Gómez Bermúdez, que es conservador pero tiene un enfrentamiento muy fuerte con el PP desde que le tocó juzgar el caso del 11-M. Este dictó rápidamente diligencias para tomar declaración al propio Bárcenas y a los empresarios que aparecían en sus papeles. De haber continuado esta instrucción, en el PP se temían que Bárcenas hubiera ido a prisión ya en marzo, que hubiera tirado de la manta antes y que Bermúdez hubiera hecho una instrucción agresiva, con registros y tomas de declaración de figuras públicas del PP. Por eso, la Sección 2º de la Audiencia Nacional, a la que pertenecía el juez más fiel del PP, Enrique López, anuló la declaración de Bárcenas ante Bermúdez en una decisión imposible jurídicamente, pero muy necesaria desde el punto de vista político. La instrucción posterior de Ruz ha sido muy cautelosa, siempre pegada al criterio de la Fiscalía y solo ha enviado a la cárcel a Bárcenas cuando era ya insostenible tenerlo en la calle por las mentiras a cuenta del origen de su fortuna.
Hay ya otra operación en marcha para declarar la nulidad del caso /3: Ruz es un juez interino y el titular de su juzgado, Miguel Carmona, debe reincorporarse en otoño y hacerse cargo del caso. El CGPJ acaba de decidir que mantiene a Ruz hasta otoño al frente del juzgado y que cuando se reincorpore Carmona, este decidirá que hace con Ruz. Pero por el camino, se le está buscando un puesto relevante en el extranjero a Carmona para que, si Ruz sigue incluso después del otoño, las defensas puedan alegar defecto de forma y forzar la nulidad /4. Las maniobras de todo tipo para que el caso Bárcenas, o el «caso PP» que es de lo que realmente se trata, se anule, van a continuar hasta el final y, lamentablemente, no podemos descartar que acaben triunfando.
La politización de la justicia, o el propio carácter reaccionario de una judicatura cuya matriz franquista nunca se depuró, son el último refugio de unas instituciones corrompidas de arriba abajo y su garantía de impunidad. La justicia, como dice el art. 117 de la CE, se administra en nombre del Rey, y ya sabemos que su majestad no es un modelo de virtudes, sino todo lo contrario. La Transición está dando sus últimos coletazos pero aún conserva su «caja negra»: una justicia a medida de los poderosos.
Notas
1/ http://www.vozpopuli.com/blogs/2835…
2/ http://www.eldiario.es/politica/des…
3/ http://www.eldiario.es/zonacritica/…
4/ http://www.eldiario.es/escolar/PP-p…
Raúl Camargo Fernández es militante de Izquierda Anticapitalista