El activista contra la corrupción argelino Mohamed Benhalima fue encerrado el 16 de marzo en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia.
Tras ser objeto de un procedimiento sancionador por “estancia irregular” en el estado español, el Ministerio del Interior ha dictaminado la expulsión a Argelia.
La Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia ha exigido a Interior que paralice -de manera inmediata- la deportación de Mohamed Benhalima y ordene su puesta en libertad. Por este motivo, el 17 de marzo se concentraron –frente al CIE valenciano- activistas de CIEs No, Amnistía Internacional (AI), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Podemos-Valencia, entre otras organizaciones. Además las ONG han lanzado en las redes sociales la iniciativa #MohamedBenhalimaSeQueda.
Alegan que, si la devolución se produce, Benhalima “corre el riesgo de ser detenido y torturado, tal como sucedió con otro activista argelino deportado en agosto del año pasado y han documentado diferentes organizaciones internacionales”.
El departamento de Grande-Marlaska rechazó la solicitud de protección internacional de Mohamed Benhalima, exfuncionario militar, quien huyó en 2019 al estado español con el fin de solicitar asilo, tras denunciar las prácticas corruptas del Gobierno de Argelia (el recluso en el CIE de Zapadores tampoco logró el asilo en Francia).
El 18 de marzo Amnistía Internacional había reunido 1.355 firmas digitales, dirigidas al ministro del Interior y al director general de la Policía, Francisco Parco Piqueras, pidiendo que se anule la expulsión, ya que –además de la posibilidad de prisión y torturas-, la vida del demandante de asilo podría correr peligro en su país de origen.
El escrito explica los motivos de la huida de Mohamed Benhalima a España, en septiembre de 2019: “Su nombre figuraba en una lista de militares buscados (…) por el ejército argelino”, que podían ser detenidos por su participación –de manera pacífica- en el movimiento de protestas Hirak (iniciadas en febrero de 2019, las movilizaciones pedían la renuncia del presidente Abdelaziz Buteflika a un nuevo mandato y la reforma del sistema político); asimismo Mohamed Benhalima había señalado “la complicidad de altos funcionarios militares en la corrupción”.
En la petición al Gobierno de España, AI detalla que el activista interno en Zapadores fue condenado in absentia a 10 años de cárcel por unos vídeos –difundidos en las redes sociales,- en los que denunciaba prácticas corruptas en altos mandos del ejército; y recuerda que, en los últimos tres años, han sido detenidos miles de activistas, manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos o periodistas que reivindicaban cambios políticos o criticaron a las autoridades argelinas en Internet.
En concreto, AI ha documentado los casos de al menos cuatro activistas que, por participar en el Hirak, han sido objeto en los últimos tres años de malos tratos y torturas por parte de las Fuerzas Armadas.
¿Qué implicaría el hecho de que el Estado español materializara la expulsión? La Campaña CIEs No-Valencia y AI coinciden en que supondría una transgresión del Derecho Internacional y el principio de no devolución (la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).
De este modo, los países de la UE están obligados a no trasladar a una persona, deportarla o extraditarla a un país donde corra el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos, como persecuciones, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El ejecutivo español “parece tener mucha prisa” en deportar al activista argelino, valora AI. La carta a Interior, que forma parte de la Campaña de denuncia, apunta el precedente de otro activista argelino y exmilitar, Mohamed Abdellah, amigo de Mohamed Benhalima.
Mohamed Abdellah “fue expulsado en un procedimiento ultra rápido desde España a Argelia”, y trasladado –directamente- al centro de alta seguridad “Antar” (Argel); además durante su detención –según declaró en el juicio- sufrió torturas y malos tratos.
La Campaña CIEs No y AI difundieron el 18 de marzo en las redes sociales un mensaje de Mohamed Benhalima al Gobierno y la opinión pública españolas; “estoy en España casi tres años, soy miembro del movimiento popular pacífico y opositor político a la corrupción; mi vida corre peligro si me devuelven a Argelia contra mi voluntad. (Argelia) es un país de militares y dictadores, que criminaliza a todo el que quiere un cambio democrático”, afirmó desde el CIE de Zapadores.
“Mi culpa –añade el mensaje– es si yo conozco al Mohamed Abdellah, opositor conocido a quien España deportó en agosto de 2021; ahora está en una cárcel militar, en aislamiento y bajo la tortura de la Inteligencia argelina; yo también tengo una condena militar”. Los dos aspiran a un cambio político: “Un Estado civil y no militar en Argelia”.
En una nota informativa, Amnistía Internacional concluye que actualmente hay en Argelia al menos 290 presos por razones políticas, en régimen de “prisión preventiva abusiva” o “condenados por su activismo pacífico”. Y añade que las autoridades han imputado –cada vez en mayor medida- el cargo de terrorismo contra los opositores, “especialmente después de cambiar la definición para incluir ‘la tentativa de obtener el poder o cambiar el sistema de gobierno por medios inconstitucionales’”.
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