El Congreso vota la toma en consideración de una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Las referencias a la corrupción de la Casa Real y al papel del PSOE en el terrorismo de Estado han tensado el debate en la cámara.
Por cuarta vez en democracia se discute la modificación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma legal nacida junto con la Ley de Prensa. Dos leyes con las que el franquismo planeó su blindaje para cuando aconteciese la muerte física del dictador. La norma no se ha modificado en los últimos 52 años. Sus términos fundamentales convierten a España en una excepción dentro del contexto europeo: las materias clasificadas no prescriben y la potestad de distintos Ministerios y Agencias para establecer como secretas documentos o deliberaciones es amplísima.
El Partido Nacionalista Vasco ha emprendido desde hace tiempo la tarea política de modificar esta norma preconstitucional. La tarde de ayer, 23 de junio, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, presentó un texto que pretende atajar “la paranoia secretista”, que da a los sucesivos Gobiernos carta blanca para hacer lo que quieran porque, como dijo Esteban, “como no hay criterios, no hay obligaciones” bajo el amparo de la Ley 9/1968.
La toma en consideración, aprobada con los votos de la mayoría que hizo posible la investidura, junto con los votos de JxCat y las Candidaturas d’Unitat Popular, ha estado teñida por las críticas al papel de la Monarquía en el desarrollo democrático y al episodio más tétrico de la historia del PSOE: el terrorismo de Estado de los GAL.
Esteban, que abrió el debate eludió las cuestiones que deben conocerse a raíz de la apertura de la caja negra del Estado. Para el diputado jeltzale, es importante que historiadores, investigadores, periodistas y el conjunto de la ciudadanía tengan la capacidad de hablar con normalidad de temas que parecen tabú.
Y algunas intervenciones se dirigieron frontalmente hacia esos tabús. La diputada Mireia Vehí, de las CUP —la más insultada de quienes comparecieron— denunció el rechazo a la comparecencia de Felipe González en una comisión de investigación propuesta por EH Bildu a raíz de las informaciones de la CIA que sugieren los vínculos de su Gobierno con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Vehí planteó también la sospecha sobre el papel del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La diputada de las CUP citó las páginas de La Gran Desmemoria, libro en el que Pilar Urbano muestra las dudas de Adolfo Suárez sobre la implicación del rey en el levantamiento encabezado por el segundo jefe del Estado Mayor, Alfonso Armada.
Oskar Matute, diputado de EH Bildu, defendió la Ley porque “una manera de mentir es ocultar qué pasó con la guerra sucia, qué había detrás del plan Zen [zona especial norte] que se aplicó en la guerra sucia en Euskal Herria, que existía detrás de los GAL”. Matute criticó que casos como los del asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala solo se conocieron y juzgaron como consecuencia de una filtración de documentos.
La diputada Carolina Telechea, de Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, criticó que la Ley de Transparencia de 2013 no “obliga a los Borbones a dar cuenta de los negocios realizados con el dinero de los Presupuestos Generales del Estado”. Telechea avanzó el voto afirmativo de su partido a la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para evitar la opacidad en torno a las comisiones de la Casa Borbón en casos como Nóos, Kio o el Ave Medina-La Meca.
Pilar Garrido, de Unidas Podemos, pidió la desclasificación de los documentos sobre la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976. Íñigo Errejón, de Más País, defendió el cambio de la norma en cuanto no se trata de una revisión del pasado sino una “discusión sobre el presente”, acerca de si el pueblo español es lo suficientemente maduro para enfrentarse a su pasado.
Vox anunció que votaría no a la Ley de Secretos Oficiales. El capitán general del ejército Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, diputado del partido ultra, criticó las propuestas de enmienda del PNV porque dejará “los secretos de Estado expuestos a la vista pública y a disposición de los enemigos de España tanto en el interior como fuera de nuestras fronteras”. Este militar concluyó diciendo que “los intereses de España son eternos y perpetuos, nuestra obligación es velar por ellos”. El diputado Aitor Esteban contestó a Vox que con la Ley “no están buscando nada”, pero ha deslizó que “de sus antepasados políticos e incluso familiares saldrán más cosas que de otros”, en clara referencia a Iván Espinosa de los Monteros.
La proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968 salió adelante con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos, que centraron su intervención en la transparencia y la publicidad. Tras cuatro intentos de modificación, la salida del laberinto creado por Franco, Carrero Blanco y Manuel Fraga parece un poco más cerca.