La Casa Sefarad-Israel es un consorcio administrativo creado el 18 de diciembre de 2006 mediante acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Su financiación viene, en un 66%, de fondos de nuestro Ministerio de Asuntos […]
La Casa Sefarad-Israel es un consorcio administrativo creado el 18 de diciembre de 2006 mediante acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Su financiación viene, en un 66%, de fondos de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y su directora, Ana Salomón es Embajadora especial de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, funcionaria que, con el rango de Embajadora ocupa un puesto de confianza política para la mejora de las relaciones entre España e Israel a través de la pervivencia de la tradición sefardí española.
La primera pregunta a plantearse es ¿Cuál es la relación directa que existe entre cientos de miles de judíos que en su día fueron expulsados del territorio sobre el cual existe nuestro Estado actual y el Estado de Israel?
Dicho vínculo, evidentemente, existe. Se llama «sionismo» y es una ideología política que se basa en el concepto de que todos los judíos del mundo, sea cual sea su origen, nacionalidad o historia personal encuentran su «hogar nacional» en el actual estado de Israel. Se vincula, a través del concepto Sefarad-Israel una realidad histórico-diaspórica-cultural, la expulsión de los sefardíes, con una plasmación política concreta fuertemente cuestionada en la actualidad, el estado de Israel como estado sionista para el pueblo judío creado a partir de la expulsión de la población originaria que vivía en el territorio de la Palestina histórica. Y digo fuertemente cuestionada en la actualidad, porque el concepto de Israel como estado para los judíos, en tanto practicantes de una religión concreta, independientemente de su origen, y portadores de más derechos que otras personas que, habiendo nacido en el territorio, son portadoras de menos derechos comienza a ser abiertamente descrito por voces cada vez más cualificadas y extendidas como un planteamiento de Estado abiertamente racista.
Cuando el gobierno español decide vincular el concepto «Israel» al concepto «Sefarad» y si, con un mínimo vistazo, nos acercamos a las actividades organizadas bajo dicha etiqueta, por un lado, y la realidad política israelí actual, por otro, podemos leer la creación y el mantenimiento de la Casa Sefarad-Israel como una apuesta abiertamente favorable desde nuestro gobierno hacia el actual gobierno del Estado de Israel y por tanto, entender que resulte pertinente abrir el debate sobre su mantenimiento.
Comencemos por referirnos a dos de las leyes recientemente aprobadas en el Estado de Israel y que hacen referencia al recuerdo del modo en que fue creado en 1948 y a la situación en la que se quedan en dicho Estado quienes no pertenecen a ese grupo de personas que profesan la religión judía y que naciendo, por ejemplo, sefardíes en Tánger en la década de los 40, como Shlomo Ben Ami, son poseedores de más derechos que los ancianos nacidos en Yaffa en 1930 y que viven ahora en una aldea sin reconocer en el desierto de Beer Sheva.
La prohibición de actividades en recuerdo de la Nakba y la «Ley de lealtad al sionismo».
A través de una moción presentada por el diputado Alex Miller -que emigró desde Moscú a Israel en 1992, detalle de fino humor- y es miembro de Israel Nuestra Casa, el partido del actual Ministro de Asuntos Exteriores, el Comité Ministerial para la redacción de leyes aprobó el pasado 23 de mayo una ley que permite sentenciar hasta a tres años de cárcel a quienes se refieran a la creación del Estado de Israel como la «Nakba palestina». Es decir, la población palestina del Estado de Israel -que reconoce la fecha de 15 de mayo de 1948 como el punto de inflexión que vincula a través de la independencia de Israel, la culminación del proyecto sionista de recoger a la diáspora judía en un hogar nacional- ve prohibido recordar la tragedia que dicha independencia produjo sobre su pueblo. Otorgándole, además, a dicha crítica al proyecto sionista y a la propia historia carácter de delito penado con cárcel.
Esta situación podría equipararse con la prohibición en España de recordar la tragedia de la expulsión de los judíos y su castigo con penas de hasta tres años de cárcel en el marco de la defensa de ese mismo sionismo que reconoce la vinculación existente entre Sefarad e Israel que nuestro gobierno financia.
Pero el gobierno actual del Estado de Israel no se queda ahí a la hora de tratar de enterrar el recuerdo de la historia del territorio en el que han creado su Estado. Pretende también, que la pertenencia a la ciudadanía de dicho Estado adquiera características absolutamente totalitarias. En el mismo paquete legislativo con el que pretende encarcelar a quienes reivindiquen su lectura, legítima, de la memoria histórica, presenta también la necesidad de un «juramento de lealtad ciudadana al sionismo» en el cual sería necesario que cada ciudadano del Estado de Israel jurase fidelidad al principio de que el Estado de Israel es un «Estado judío, democrático y sionista» y además cumpla con el servicio militar o su servicio sustitutorio, so pena de ver revocado su derecho de ciudadanía. ¿En que situación se queda el 20% de población perteneciente a la minoría palestina cuando existe la posibilidad cercana y real de que se le retire el derecho de ciudadanía si no se proclaman a sí mismos leales sionistas, es decir, creyentes en esa misma ideología que se reconoce como legítima vinculando Sefarad e Israel a través de financiación pública?
El papel de la Casa Sefarad-Israel en este contexto a través de una de sus actividades.
Para terminar, y con aún mayor gravedad, ya que nos atañe directamente, analicemos la próxima actividad organizada por la Casa Sefarad-Israel para comprender sus vínculos evidentes con la política actual del Estado de Israel y la dudosa pertinencia de dichas actividades sean financiadas por nuestra administración.
Los próximos 16 y 17 de junio se celebra en Madrid el «I ENCUENTRO JURÍDICO CASA SEFARAD – ISRAEL» sobre «jurisdicción universal, crímenes contra la humanidad y derecho humanitario bélico». Se trata de un seminario, recordemos, organizado por un consorcio administrativo financiado en un 66% por nuestro gobierno y que versará específicamente sobre una cuestión, no sólo de absoluta y actual controversia, sino que también es estudio por parte de la justicia española, en medio de una fuerte polémica y con una modificación legislativa en marcha que paralizaría, entre otras, causas penales que, en virtud de la jurisdicción universal que nuestra justicia reconoce, investigan a militares y civiles israelíes por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad.
Mientras la justicia española actúa, bajo la amenaza de modificación de la ley que se lo permite (aprobada tanto por el PSOE como por el PP) y en respuestas a presiones públicas y directas de los líderes israelíes sobre el ejecutivo español, una institución española, con financiación pública y vínculos directos con el Estado de Israel, organiza una actividad que cuestiona una causa abierta. Pero no sólo eso, sino que anuncia la participación en dicho seminario de relevantes cargos públicos, entre otros, el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, Javier Gómez Bermudez, Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, Juez de la Audiencia Nacional, Pascual Sala, Magistrado del Tribunal Constitucional, Javier Zaragoza- Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes Peces-Presidente de la Audiencia Nacional.
¿Es la Casa Sefarad-Israel un lobby -poco encubierto- financiado por al administración pública española para servir a los intereses -tanto político como judiciales- de un Estado cada vez más cuestionado por todo tipo de instituciones de derechos humanos como lo es el Estado de Israel? ¿Seguirán a este seminario sobre jurisdicción universal, en defensa de las posiciones israelíes y pagado por nuestros impuestos, seminarios similares sobre la ley de lealtad y ciudadanía o la prohibición de conmemoración de la Nakba que tengan como objetivo defender a través de las intervenciones de cargos públicos españoles políticas cada vez menos justificables como las que desarrolla el Estado de Israel?