El 20 de noviembre del 2002, el Congreso de Diputados aprobó una declaración institucional condenando, sin mencionarlo expresamente, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Como dijo entonces un diputado «la casa no será totalmente habitable» mientras no se afronte la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica […]
El 20 de noviembre del 2002, el Congreso de Diputados aprobó una declaración institucional condenando, sin mencionarlo expresamente, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Como dijo entonces un diputado «la casa no será totalmente habitable» mientras no se afronte la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica de los «ex-presos, guerrilleros, represaliados, exiliados y los enterrados clandestinamente». La casa, nuestro sistema democrático, pese a los avances producidos, sigue sin ser totalmente habitable. Porque aún permanecen zonas de olvido como, entre otras, la conservación de validez de los procesos ante los tribunales militares y especiales subversivos que condenaron con terrible dureza a los republicanos y demócratas.
En la transición española se aprobó la ley de amnistía, como forma de superar el régimen franquista y generar un clima de concordia y de consenso constitucional. Así lo expresó entonces Marcelino Camacho: «Hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores». Era una forma de materializar la reconciliación y abrir una etapa de diálogo en la construcción de la democracia. Pero la amnistía no podía representar «un borrón y cuenta nueva» como si el pasado del franquismo y de la represión no hubiera existido. Y, ciertamente, la amnistía favoreció el olvido hasta fechas muy recientes de los atropellos de la dictadura.
Atropellos y barbarie, que es necesario tener presente este año de 2006, 70 aniversario del golpe militar y del comienzo de la guerra civil. Las elevadísimas cifras de de fusilados y encarcelados por las autoridades franquistas, además de torturados, depurados profesionalmente, exiliados, desposeídos de sus bienes y perseguidos personal y familiarmente, justifican que el Consejo de Europa haya planteado no sólo instituir el 18 de julio del 2006 como jornada de condena internacional del régimen del general Franco, sino que insta al Gobierno español, como ya lo había hecho Amnistía Internacional, a «la constitución de una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista». Pero el Gobierno continua aplazando injustificadamente la respuesta. Es más, el pasado martes rechazó, alineándose con el PP, las proposiciones de ley sobre la memoria histórica de Izquierda Verde y Esquerra Republicana.
PERO HAY una cuestión que por su gravedad y enorme dimensión humana exige una respuesta urgente. El Estado y las administraciones están obligados a afrontar definitivamente el problema de los desaparecidos como consecuencia de las actuaciones de las tropas y milicias franquistas. El Consejo de Europa los ha evaluado de forma aproximada en 30.000. Las desapariciones provocadas por el franquismo tienen origen, en su mayor parte, en la comisión masiva de delitos de detención ilegal sin que posteriormente se diera cuenta del paradero de la persona detenida, que era ejecutada extrajudicialmente, conducta delictiva en cualquier ordenamiento penal, tanto entonces como ahora. Conductas gravísimas que, desde hace muchos años, constituyen delitos de lesa humanidad, crímenes internacionales que atentan contra todos los derechos básicos de la persona.
Se trata de un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo entiende la onU: «Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos». Por su carácter de delito permanente, las detenciones ilegales, determinantes de desapariciones, no pudieron quedar comprendidas en la ley de amnistía, que sólo alcanzaba a los «actos» delictivos que relacionaba «realizados», es decir, consumados, antes del 15 de diciembre de 1976. Por tanto, en ningún caso podía incluir hechos delictivos que en esa fecha aún estaban produciéndose, dado que no era conocida la suerte de los desaparecidos. Por esta causa, tiene un riguroso fundamento requerir a la Administración de justicia que asuma un papel más activo en la «localización de fosas, exhumaciones,identificación de restos y restitución a sus familiares» (AI) porque, sin lugar a dudas, es a quien corresponde, de oficio o a denuncia de particulares, investigar y esclarecer hechos de naturaleza penal. Es la jurisdicción penal la que, por mandato del artículo 340 de la ley de enjuiciamiento criminal, debe, ante una posible «muerte violenta o sospechosa de criminalidad», proceder a la identificación y reconocimiento del cadáver o los restos humanos.
LO QUE NO podía continuar ocurriendo es que el Estado abdicase de tan relevante responsabilidad trasladándola, sin más, al esfuerzo personal y económico de los familiares de víctimas y asociaciones comprometidas en esa tarea. El Gobierno, a través de la orden de 16 de diciembre del 2005 de la vicepresidenta, ha corregido parcialmente su anterior pasividad y se ha comprometido a otorgar subvenciones públicas a aquellas iniciativas. Concretamente, podrán concederse a quienes pretendan «la investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Es una decisión acertada pero tardía e incompleta. Pero, en todo caso, la Fiscalía General del Estado, no necesita de una decisión ni del impulso del Gobierno para actuar frente a las «desapariciones violentas» producidas por la represión franquista. Está obligada a ello por la Constitución y la ley de enjuiciamiento criminal.
Mientras el Estado democrático no responda cumplidamente, entre otros, a este compromiso, el franquismo no estará definitivamente superado.
Carlos Jiménez Villarejo – Exfiscal anticorrupción