Ante el inicio de la Campaña de la Renta 2008, la asociación estatal considera que el contribuyente tanto si marca una casilla como la otra termina financiando a la Iglesia, ya que «aproximadamente la mitad de las organizaciones que reciben los fondos asignados para fines de interés social» están vinculadas a instituciones católicas. Los creadores […]
Ante el inicio de la Campaña de la Renta 2008, la asociación estatal considera que el contribuyente tanto si marca una casilla como la otra termina financiando a la Iglesia, ya que «aproximadamente la mitad de las organizaciones que reciben los fondos asignados para fines de interés social» están vinculadas a instituciones católicas.
Los creadores de la campaña defienden que, además de las tareas sociales que desarrollan, las instituciones católicas» son vehículos de proselitismo y propaganda confesional». Derecho canónico
Europa Laica explica que estas organizaciones católicas «se rigen por el derecho canónico y no por las leyes generales a las que sí están obligadas otras entidades, por lo que, por ejemplo, generalmente carecen de democracia interna, discriminan a las mujeres y conculcan otros principios constitucionales».
La asociación considera que «la asistencia social debe correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pues los fines sociales que puedan cubrir las ONG son de tal importancia que deben ser definidos por el Parlamento y, en definitiva, formar parte de la política de Estado».
«Su atención -añade el comunicado- debe ser labor prioritaria de los poderes públicos, financiándose por parte de las distintas administraciones públicas, en base a programas concretos y de acuerdo con el fin social que estén cumpliendo en cada caso».
«Quienes marcan cualquiera de estas casillas aportan un 0,7% menos al sostenimiento de los gastos públicos»
Europa Laica cree que la casilla destinada a «fines sociales sirve de coartada para el mantenimiento de la financiación pública de la Iglesia católica por medio del IRPF, un privilegio más de nuestro ordenamiento jurídico hacia esta organización religiosa».
Denuncia también «la evidente discriminación económica del actual sistema impositivo para ateos, agnósticos, indiferentes, creyentes de otras religiones y católicos que no deseen financiar a la Conferencia Episcopal, que no tienen posibilidad de decidir a qué organización concreta pueden dedicar el 0,7% de su contribución».
Además, afirma, «quienes marcan cualquiera de estas casillas aportan un 0,7% menos al sostenimiento de los gastos públicos como la sanidad, la educación, las infraestructuras, etc. Incluso, dada la posibilidad de que el contribuyente pueda marcar ambas casillas, este desfase puede alcanzar el 1,4%».